Era el 29 de mayo del año pasado, tres días después de que saliera a la luz un vídeo en el que la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaban convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les facilitara información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, el mando de la Unidad Central Operativa (UCO) encargado de las principales operaciones contra la corrupción que afectan al Gobierno. Ese día, la directora general del instituto armado, Mercedes González, se reunía con él en su amplio despacho oficial de la calle Guzmán el Bueno, en Madrid. No estaban solos. Al encuentro, también acudieron el entonces superior jerárquico de Balas en la unidad, el en aquel momento coronel Rafael Yuste; el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, y el máximo responsable de los grupos de Policía Judicial de la Guardia Civil, el general Alfonso López Malo, que anteriormente había sido el jefe de UCO. En el encuentro, que duró algo menos de media hora, la directora general animó a Balas y Yuste a seguir trabajando como lo habían hecho hasta entonces. Los dos mandos agradecieron las palabras y recalcaron que la amenaza que se desprendía de las palabras de Díez –“si Balas está muerto, mejor”– no iba a afectar a su actividad investigadora. El encuentro, aparentemente cordial, en realidad estuvo cargado de tensión, según reconocen fuentes conocedoras del desarrollo del mismo. Y es que para entonces la propia UCO y el Servicio de Información de la Guardia Civil (la unidad responsable de la lucha contra el terrorismo) ya habían alertado sobre la supuesta relación de Mercedes González con Leire Díaz. Todo ello lo habían plasmado en sendas “notas de despacho” ―un documento interno de la Guardia Civil en el que los agentes comunican a sus superiores hechos que consideren relevantes― fechadas el 29 de abril y el 6 de mayo de aquel año. Del contenido “muy similar” de ambas fue informada la propia directora semanas antes del encuentro.Por eso, cuando el pasado 27 de mayo, agentes de la UCO, con el teniente coronel Balas a la cabeza, acudían a la sede principal del instituto armado, llovía sobre un suelo ya empapado. Era un hecho insólito: agentes de la Guardia Civil requiriendo documentación a la Guardia Civil y tomando declaración a altos mandos de la Guardia Civil en una investigación en la que se extendía la sombra de la sospecha sobre la propia directora de la Guardia Civil. En pocas palabras, la Guardia Civil mirándose por dentro. La escena tenía además un detalle llamativo: los cinco participantes del encuentro en el despacho de González un año antes volvían a ser protagonistas destacados, aunque sus papeles eran bien distintos a los de entonces. Balas se había puesto al frente de una comitiva en la que se iba a interrogar como testigos a los generales Yuste y López Malo —que habían sido sus jefes directos cuando estos comandaron la UCO—, además de a un tercer miembro del generalato, Antonio Cortés, actual jefe de Armamento y Explosivos. Por su parte, la directora y su número dos, que inicialmente parecían estar fuera del foco, en realidad se situaban en el epicentro de las sospechas. Para entonces, los investigadores habían constatado que González se había reunido en, al menos, tres ocasiones con la denominada fontanera del PSOE. Al general Llamas –que también había pasado por la UCO, aunque en su caso no como jefe de la unidad, sino en su etapa de teniente coronel– se le atribuía haber intentado presionar a los investigadores para que se pusieran “de perfil” en aquellas investigaciones que afectaban al Gobierno. Los testimonios de Yuste y López Malo ―con un gran prestigio en el seno de la Guardia Civil―, y en menor medida el de Cortés, no hicieron sino agrandar las sospechas sobre la directora y su número dos. Los tres generales detallaron a los agentes cómo se fraguó la apertura de tres informaciones reservadas (investigaciones internas, que pueden derivar en la apertura de expedientes disciplinarios) sobre la UCO con las que presuntamente se intentaba condicionar las investigaciones de la unidad. Las tres tenían el mismo objetivo: investigar supuestas filtraciones a la prensa. La primera, de noviembre de 2024, estaba relacionada con la causa del hermano del presidente del Gobierno; otra en mayo de 2025, sobre la filtración de unos mensajes de WhatsApp de las causas en las que están implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García; y la última, en septiembre de ese mismo año, tras una noticia publicada en El Mundo sobre supuestas tensiones en la UCO “por la constante intromisión del peón de Marlaska” en referencia a Llamas. Nada más y nada menos que tres informaciones reservadas en apenas nueve meses, un dato sobre el que se pronunció el general Cortés a preguntas de los agentes. En sus “44 años de servicio”, dijo, había conocido la apertura de informaciones reservadas, pero siempre en un número “ínfimo”, añadió. Cuando la UCO requirió el pasado 27 de mayo los expedientes de estas investigaciones internas, se encontraron una nueva sorpresa: las mismas se encontraban depositadas en el despacho del teniente general Llamas, donde acudieron a intervenirlas.Sobre la investigación abierta para indagar si se filtraron desde dentro datos del sumario de Ábalos y Koldo García, el general Yuste afirmó que el DAO estaba recibiendo “presiones políticas” por esas informaciones reservadas. Así lo explicó el exjefe de la UCO al contar que aconsejó al instructor de la investigación interna que informara de la apertura de esas pesquisas al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde se instruían las causas contra el exministro y su antiguo asesor. “Ante esta propuesta efectuada por el testigo, el instructor le comenta que ya se había puesto en contacto con los mismos, ya que el DAO estaba recibiendo muchas presiones políticas”, recoge el acta levantada por los agentes de su declaración. Sin embargo, no fue esta la única mención de este general al director adjunto operativo. Yuste volvió a señalar expresamente al teniente general Llamas al dejar constancia de una reunión con el DAO el 16 de julio de 2024 a la que asistieron él, López Malo y Balas. Según el acta de su declaración, Llamas les dijo que “en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo [...] bajo la indicación de ‘que nos pusiéramos de perfil’, debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”. Yuste volvió a pedir declarar ante los que habían sido sus subordinados dos días después para añadir que el DAO “era conocedor” de que la supuesta filtración de los WhatsApp de Ábalos con Pedro Sánchez era “imposible” que fuera obra de la UCO porque correspondía a unos mensajes de fecha posterior a los más recientes que había intervenido esa unidad. Pese a ello, se investigó.La relación entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil fue también mencionada por dos de los tres altos mandos que declararon el 27 de mayo como testigos ante la UCO. Los agentes mencionaron la “nota de despacho” del 6 de mayo de 2025 redactada por el propio teniente coronel Antonio Balas, en la que se informaba de que Díez presumía de que “tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa”. Preguntado por “la verosimilitud” que le dio a esa nota, el general Yuste aseguró que le dio “total veracidad” y llegó a encargar “contravigilancias con equipos operativos y medios técnicos por parte de personal de la Unidad Central Operativa sobre los dos investigadores principales que habían sido referidos en la nota”.El general añadió que el teniente coronel Balas recomendaba en la nota que, además de informar sobre sus sospechas a los máximos responsables de la Guardia Civil y “habida cuenta de la gravedad de los hechos y que pudieran afectar a la Unidad y a sus investigadores”, se recabase toda la información que tuvieran otras unidades sobre estos hechos y se informara de todo ello al juzgado o la Fiscalía “para la apertura de la consiguiente investigación si estas así lo estimasen”. Los agentes le preguntaron entonces a Yuste si tenía constancia de que esa información se hubiese dado traslado finalmente a la justicia. Su respuesta fue no.En la otra nota interna, esta del Servicio de Información y con el encabezamiento “Posible estrategia de defensa ante investigaciones de la UCO”, se hacía referencia de manera bastante detallada ―y coincidente con lo que posteriormente ha destapado la investigación― a la supuesta trama diseñada para torpedear la actividad de esa unidad. Ya entonces, hace más de un año, Díez aparecía como la cara visible de una red que presumía de contactos, invocaba a Ferraz y trataba de instalar en la sociedad a través de los medios la idea de que existe una “UCO patriótica” (que recuerda al grupo de policías que durante el Gobierno de Mariano Rajoy espió a los rivales del PP y cuyos miembros se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional estos días) para poner en entredicho la credibilidad de los agentes y sus pesquisas. También se citaba al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que en ese momento no estaba aún imputado por ninguna de las causas judiciales que ahora protagoniza. Este grupo de personas encabezado por Leire Díez, advertía la nota, “estaba orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO”. Según la nota, Leire “haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría” Santos Cerdán con conocimiento de la directora general de la Guardia Civil.Las alusiones a González y su relación con la llamada fontanera del PSOE en los informes conocidos en los últimos días han provocado un terremoto en la política y, sobre todo, en el seno de la Guardia Civil, que está lejos de amainar. De hecho, los últimos pasos dados por la directora para minimizar las consecuencias de sus encuentros con Díez no han hecho sino incrementar el malestar entre los guardias civiles. Primero, negando a través de personas de su entorno la celebración de reuniones “dentro” de la dirección general, pero obviando las al menos tres que se produjeron en cafeterías cercanas a la sede central de la Guardia Civil y que habían sido descubiertas por la UCO. Y después con una nota difundida a las 22.00 del pasado miércoles en la que, si bien admitía ya los encuentros, desvinculaba el contenido de los mismos de cualquier intento de torpedear investigaciones en marcha.El mismo contenido de esa nota de prensa ―que se ha interpretado en la Guardia Civil como un intento de minusvalorar la investigación de la UCO― y, sobre todo, el formato ―con membrete oficial, dando la apariencia de que recoge la versión de la institución y no de la propia González― ha echado más leña al fuego. “Esa nota debería haber incluido su dimisión”, señala un oficial indignado que pide anonimato. Otro mando insiste en que lo ocurrido no ha provocado una guerra interna en la Guardia Civil, “como se empeñan en difundir desde el entorno de la directora”, sino una grieta entre la cúpula y el resto de la institución. Este mismo agente señala también al teniente general Llamas como responsable de la situación. “Deberían dimitir todos”, concluye. El papel del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco ha dejado indiferentes a los guardias civiles. Su defensa de la directora general ―a la que se ha sumado el propio Pedro Sánchez―, pese a los indicios recabados y la falta inicial de explicaciones de esta, no ha hecho más que agrandar la grieta que ya existía entre él y la Guardia Civil casi desde que asumió la cartera en 2018.