Qué explica que un profesor universitario de Economía, exministro de Zapatero y consejero de una de las empresas más estratégicas de España se haga un harakiri de credibilidad en público hablando de los regalos que reciben los presidentes de gobierno? ¿Qué justifica que una directora de la Guardia Civil acceda a reunirse con una fontanera política de tres al cuarto?Quien mejor lo explica es Vito Corleone en la apertura de El padrino cuando da protección a Bonasera y le dice: “Algún día, y puede que ese día nunca llegue, te pediré que hagas algo por mí”. En España, los partidos políticos ni siquiera tienen que pedirlo, porque sus redes clientelares están tan bien engrasadas, que todo el mundo hace lo que tiene que hacer sin necesidad de orden explícita. Tribunal Supremo / EfeMientras en otros países los casos de clientelismo son puntuales, en España las redes clientelares de los partidos son inmensas, están infiltradas en todo y operan a la luz del día. La mayoría de los países democráticos de nuestro entorno acabaron con las redes ya en el siglo XX, pero nosotros seguimos con ellas en el segundo cuarto del siglo XXI.En un sistema político en el que el poder público está sobredimensionado –tanto a nivel estatal como autonómico– a los políticos les sobran los resortes para alimentar sus redes. Uno de los instrumentos son las ayudas: según datos recopilados por The Objective, en el 2024 el sector público repartió 38.300 millones de euros en ayudas a grandes beneficiarios. No ayudas sociales individuales a gente que lo necesita o pequeñas empresas, sino grandes organizaciones, beneficiarios de más de 100.000 euros, muchos de los cuales son fundaciones de objetivo público incierto. Esa cantidad es casi el doble de todo lo que se gasta el Estado en investigación y ciencia.Esas redes clientelares a las que los partidos políticos se han hecho adictos están sofocando al paísLas redes también se engrasan a través de puestos: una silla en el CGPJ, un cargo de libre designación en las múltiples administraciones del país, un nombramiento en un consejo o cualquier otro puesto de una de las 1.934 empresas públicas y participadas, un trabajo como “asesor” en un ministerio, comunidad autónoma, diputación o ayuntamiento, un puesto en los altos cargos de la policía, del ministerio fiscal, en los servicios de inteligencia, en las 846 fundaciones públicas, en los 520 observatorios públicos, una silla remunerada en las tertulias de los muchísimos medios de comunicación públicos, etcétera. Algunos consiguen los puestos sin tener cualificación; otros la tienen, pero se ahorran el mal trago de tener que competir abiertamente con los que tienen la misma cualificación que ellos. En un país en el que lo público crece desmesuradamente y en el que tanto de lo público es a dedo, ¡son tantas las oportunidades!El pago por la pertenencia a las redes es diverso: no decir nada cuando ves que se emplea a la querida del ministro en tu empresa, mirar para otro lado cuando le hacen la vida difícil a un compañero que está investigando la corrupción, dar el visto bueno a una ayuda que no debía ser aprobada, hacer la vista gorda cuando ves a un comisionista pasearse por tu ministerio, plegarte a investigar a la oposición sin que haya razón pública para hacerlo, etcétera. El aberrante uso habitual de los resortes del Estado por parte de los partidos políticos para tapar la corrupción –que se está juzgando ahora mismo en el caso del PP y que acaba de salir a la luz en el caso del PSOE– no sería posible sin la existencia de estas enormes redes.Esas redes clientelares a las que los partidos políticos se han hecho adictos están sofocando al país. Y se están cargando la reputación y el talento de lo público. Cortarlas es la misión más esencial de toda nueva opción política. Echando a todo el que no tiene mérito y capacidad, o no ha accedido por procedimientos abiertos, a la calle, literalmente, sin miramientos y de golpe, como el que quita una tirita de un brazo peludo. Y metiendo el bisturí en esa salvajada de ayudas, empresas públicas, fundaciones, observatorios, puestos de eventuales y puestos de libre designación que tenemos ahora. La elefantiasis de lo público –sin fin de interés público– que sufre España es la otra cara de la moneda del clientelismo.