El exministro de Transportes José Luis Ábalos tiene previsto pedir amparo al Tribunal Constitucional para que anule la condena de 24 años de cárcel dictada este lunes por el Tribunal Supremo, según confirman a 20minutos fuentes de su defensa. El órgano de garantías constitucionales que preside con el mandato caducado el magistrado Cándido Conde-Pumpido es la única vía que puede evitar a Ábalos el cumplimiento de su condena, más allá de un posible indulto que en este momento nadie en el Gobierno ha puesto sobre la mesa. La sentencia del caso mascarillas no pone fin a todo el caso Koldo, que se sigue investigando en la Audiencia Nacional, pero marca un hito histórico por varios motivos. José Luis Ábalos no es el primer exministro de España condenado por corrupción, pero nunca antes había sido condenado un exministro cuando el presidente que lo nombró permanece en el Palacio de La Moncloa. Además, es el que ha recibido una mayor condena de todo los exministros sentenciados por corrupción, entre los que están los socialistas José Luis Barrionuevo, condenado a 10 años por malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial, entre otros delitos, en el caso de los GAL, y José Antonio Griñán, exministro de Sanidad primero, y Trabajo después, condenado a seis años por el caso de los ERE. También fueron condenados los populares Jaume Matas —seis años para el exministro de Medio Ambiente por el caso Palma Arena—, Rodrigo Rato —exministro de Economía y exvicepresidente que fue sentenciado a cuatro años y medio por el caso Bankia— y Eduardo Zaplana —exministro de Trabajo condenado a diez años por el caso Erial—.Ábalos, siguiendo los pasos del ex fiscal general condenado Álvaro García Ortiz, buscará salvarse en el Tribunal Constitucional. La defensa del exministro, a cargo del abogado Marino Turiel, afrontó el juicio con la mirada ya puesta en la posibilidad de recurrir al tribunal de garantías, del mismo modo que la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz. Es más, la defensa del exasesor ministerial ya buscó que el órgano de garantías paralizara el juicio antes de que comenzaran las primeras sesiones, un intento que resultó baldío. Ambas defensas han centrado gran parte de sus esfuerzos antes y durante el juicio en señalar la vulneración de derechos fundamentales. Entre las reivindicaciones más recurrentes por parte de la defensa de Ábalos estuvo la denuncia de que el exministro fue objeto de investigaciones de la UCO cuando era diputado, antes de que el Congreso diera permiso al Tribunal Supremo para imputarle. Encuesta ENCUESTA | ¿Estás de acuerdo en anular las condenas a quien como Aldama colabore con la Justicia en casos de corrupción? Esta encuesta no es científica y sólo refleja la opinión de aquellos lectores que han elegido participar. Los resultados no representan necesariamente la opinión de los internautas en general o de los lectores al completo. La abogada de Koldo García, por su parte, ha denunciado en reiteradas ocasiones la imposibilidad de acceder íntegramente a los dispositivos telefónicos de su cliente, que han sido una de las fuentes de prueba más relevantes para sostener la condena. Es este tipo de alegación el que pueden plantear ahora ante el Tribunal Constitucional. Entre las funciones del órgano que preside Conde-Pumpido está la de salvaguardar los derechos y libertades fundamentales que se vieran violados por actos u omisiones de los tribunales. Sin embargo, para que una vulneración de derechos sea recurrible ante el Constitucional debe agotarse primero la vía judicial. Además, durante el procedimiento judicial debe haberse "denunciado formalmente, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional". Es por esto que las defensas de Ábalos y García pusieron tantos esfuerzos en denunciar este tipo de cuestiones durante todo el desarrollo de la causa. Recurso ante la sala de apelaciones del SupremoLa situación en la que se encuentra ahora el exministro de Transportes es similar a la que afrontó tras su condena el anterior fiscal general del Estado, si bien es cierto que Álvaro García Ortiz tan solo fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo que ocupaba. Tal y como hizo el ex fiscal general, Ábalos deberá recurrir ahora en primer lugar ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, la última instancia que le queda en la vía judicial. Este es un requisito imprescindible que García Ortiz también llevó a cabo antes de plantear ante el Constitucional un recurso que aún está pendiente de resolución. Una vez Ábalos plantee este recurso y la Sala de Apelaciones resuelva, probablemente desestimándolo, el ex número tres del PSOE podrá recurrir ya en amparo ante el Constitucional. La Sala de lo Penal ya previene esta posibilidad en la sentencia dictada este lunes. En ella, dedica un apartado a contestar a las alegaciones de las defensas de Ábalos y Koldo García. Como ya hizo a lo largo de la instrucción y durante el juicio, el Supremo niega que se haya impedido a los investigados acceder a "los datos obrantes en autos, particularmente, aquellos de naturaleza tecnológica, como conversaciones, mensajes o correos electrónicos". En la resolución condenatoria, la Sala descarta que se hayan vulnerado el derecho "a un juicio equitativo" o el principio de igualdad de armas, como denunció decenas de veces la abogada de Koldo García. El tribunal ya se pronunció en este sentido en un auto del 3 de marzo e indica ahora que su conclusión "no solo no ha resultado desvirtuada tras las sesiones del plenario, sino que se ha visto reforzada". "Ninguna de las pruebas practicadas en este juicio oral apoya mínimamente la tesis de que se haya cercenado en modo alguno el derecho de las partes a acceder a todo el material incriminatorio y/o defensivo", sentencia el alto tribunal. A su juicio, las sesiones del juicio han revelado "el conocimiento de las partes sobre el material probatorio [...] que ha sido objeto de un extenso y detallado análisis, con absoluto respeto al principio de contradicción". La Sala tampoco considera que se hayan producido "posibles infracciones de la cadena de custodia" de las pruebas. Lo mismo ocurre respecto de la alegación del abogado de Ábalos sobre la investigación a su representado sin permiso judicial. El tribunal subraya que "en ningún momento existió una investigación clandestina" y añade que "todas y cada una de las diligencias de investigación practicadas gozaban de un aval judicial".