A ninguno de los actores del sector inmobiliario se nos deber�a escapar que para generar m�s vivienda debe establecerse un marco innegociable de seguridad jur�dica que pasa, indefectiblemente, por limitar la vor�gine legislativa y posibilitar una justicia m�s eficiente.Se podr�an categorizar las distintas normas emanadas desde el poder legislativo a partir de la pandemia en adelante, pero no merece la pena porque s�lo contribuir�a a mosquear m�s al personal, si s eme permite la expresi�n. No hay que mirar atr�s, sino hacia el futuro. Muchas de esas normas de marcado tinte social, eran absolutamente necesarias, si bien se ha puesto demasiado �nfasis en proteger a unos pocos, pero no a todos, obviamente. Y, sobre todo, se ha trasladado a la propiedad privada la misi�n/obligaci�n p�blica de procurar que el derecho -que no fundamental pero s� principio rector econ�mico social- a la vivienda para todos sea efectivo.Bajo mi punto de vista, la b�squeda de esa anhelada seguridad jur�dica debe estar exenta de cualquier pelaje ideol�gico y populista y las medidas para conseguirla deben centrarse en algunos esenciales aspectos que ir� desarrollando a continuaci�n.Siendo casi ut�pico porque las potestades sobre vivienda est�n delegadas en las distintas comunidades aut�nomas, tengo muy claro que hay que buscar la uniformidad legislativa para evitar la confusi�n constante. La vivienda hoy en d�a est� enjaulada en una Torre de Babel y as� se hace muy dif�cil converger en soluciones comunes. Y si no cabe la uniformidad, al menos s� la estabilidad normativa, evitando cambios constantes en la legislaci�n urban�stica y de vivienda que no logran m�s que provocar incertidumbre que ahuyenta la inversi�n.Desligarse del principio intervencionista. Intervenir el mercado es corromper la ley de la oferta y la demanda y eso nunca funciona. Nuestros pol�ticos deben asimilarlo y asumir que la oferta de vivienda ha bajado por el efecto perverso de los controles de los precios del alquiler que ha provocado la retirada del mercado de un gran n�mero de viviendas.Algo que s� cabe aplicar a nivel nacional es una r�pida modificaci�n de la regulaci�n de los desahucios en la Ley de Enjuiciamiento Civil y volver al desahucio expr�s, tan eficaz en su momento. No tiene sentido aplicar los MASC a los desahucios por finalizaci�n de la vigencia del contrato y por impago de rentas.No es de recibo que los llamados inquiokupas se eternicen en la posesi�n de viviendas cuyas rentas ni siquiera pagan o no les corresponde seguir usando porque el contrato ha vencido. Un lanzamiento debe durar menos de seis meses desde que se presenta la demanda judicial. De otra forma, los pisos en alquiler seguir�n volatiz�ndose del mercado, los filtros para los inquilinos ser�n cada vez m�s restrictivos y exigentes y las familias de clase baja y media no podr�n acceder al mercado del alquiler.En este sentido, se deber�a realizar una reforma de la Ley de Suelo para modificar la normativa urban�stica en aras de agilizar la obtenci�n de suelo finalista y facilitar la promoci�n de nuevas viviendas, reduciendo los tiempos de tramitaci�n y eliminando bloqueos administrativos innecesarios. Tanto el Gobierno como las comunidades aut�nomas deber�an de echar un ojo con la m�xima atenci�n a la futura Ley L�der de la Comunidad de Madrid y a su concepto de Plan Estrat�gico Municipal. Esto merecer�a un art�culo aparte, por lo cual lo dejo ah�, para quien quiera entender desnudo de prejuicios.Por otra parte, se debe intervenir en la ciudad ya existente, que es lo que te asegura resultados a m�s corto plazo en las grandes urbes m�s necesitadas de viviendas con inmediatez, por el fuerte ingreso de migrantes tanto patrios como extranjeros. En este sentido, destacar�a el fomento del derecho de vuelo en las comunidades de propietarios de edificaciones de pocas alturas. Los cambios de uso a residencial, tanto de suelo como de edificios. La reconversi�n de edificios p�blicos en desuso. El aumento de la densidad en los proyectos ya aprobados...Adem�s, resulta clave reducir la carga fiscal que actualmente supone un 25% del precio de la vivienda, lo que pasa por reducir el tipo impositivo de los diversos impuestos que gravan la vivienda (IVA, ITP, ICIO) as� como los honorarios de agentes inmobiliarios, notarios y registradores, cuyo IVA debe reducirse tambi�n.Dar seguridad y garant�as a los consumidores en sus relaciones con los agentes inmobiliarios es fundamental. No puede ser que haya registros obligatorios de agentes en unas Comunidades y en otras no, convirtiendo en ciudadanos de segunda a aquellos vendedores, compradores, arrendadores y arrendatarios, que son atendidos por intermediarios a los que no se les exige absolutamente nada. Ni experiencia, ni formaci�n, ni garant�as como seguros de responsabilidad civil y cauci�n. Siendo la inversi�n de una vida, esto es inconcebible y debe exigirse el registro obligatorio de agentes inmobiliarios en todo el territorio nacional.Se podr�an proponer muchas m�s medidas, en definitiva, la vivienda merece un Pacto de Estado, pero la tozudez pol�tica y el sectarismo de unos y otros no apunta a que pueda alcanzarse ese paso vital para lograr los objetivos marcados.---* Jes�s Manuel Mart�nez Caja, secretario general y asesor jur�dico de Amadei, la patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid.