Tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero era de esperar que la instrucción del caso Plus Ultra fuera cogiendo cierta velocidad. Es obvio que el juez José Luis Calama ha estado midiendo los tiempos para tratar de asegurar el avance de la investigación y a la vez el mayor respeto a los derechos de los implicados en el caso. Ya en su primer auto, el que dirigió graves acusaciones hacia el exjefe del Gobierno, recogió los indicios que pesan sobre las dos hijas de Zapatero, y sobre su secretaria, Gertrudis Alcázar. Pero no las citó. Antes quiso escuchar las manifestaciones que quisiera hacer el supuesto responsable principal de la trama perseguida por la Fiscalía Anticorrupción. Calama no es de los instructores que van con una mano por el suelo y otra por el cielo.Lo que ha determinado que el magistrado haya citado como investigadas a Laura y Alba Rodríguez Espinosa sigue siendo el contenido de dicha inicial resolución judicial, una vez constatado que las explicaciones del expresidente no alcanzan a desvirtuar las tesis de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sobre el entramado que se intenta desentrañar. Ambas son administradoras de la sociedad Whathefav, cuya operativa “aparece vinculada indiciariamente” a la trama objeto de la investigación. La policía ha atribuido a dicha sociedad un papel clave en “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes, mediante actuaciones fraudulentas, como la confección y maquetación de informes insustanciales.La tesis de la Fiscalía es que el papel de Whathefav era la recepción de fondos obtenidos ilegalmente por la trama y destinados al expresidente. Se habría tratado de una función instrumental, para “ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos”, en el contexto del proceso de rescate de la aerolínea Plus Ultra, por valor de 53 millones de euros. Sobre estos extremos se interrogará a las hijas de Zapatero, que son citadas como imputadas por la posibilidad de que en el futuro puedan ser llevadas a juicio por graves delitos económicos.El instructor plantea esta imputación como una garantía, de la que no dispondrían si las convoca como testigos. Como imputadas no tienen obligación de decir verdad, ni siquiera de contestar a las preguntas que se les formulen. El juez cierra el primer círculo de la investigación en torno a Zapatero, tratando de asegurar el perímetro de la actuación judicial, sin limitarse al control del calendario. A partir de los informes policiales, Calama quiere decidir qué se hace y cuándo se actúa. Por eso frente a una petición de imputaciones más amplia por parte de la Fiscalía, establece prioridades. Entre ellas, la de imputar también a la secretaria del expresidente, Gertru, por considerarla –siempre indiciariamente- una “pieza esencial dentro de la red organizada”. También es clave que el instructor rechace ampliar por ahora su solicitud de información sobre las grabaciones relativas a Zapatero. Lo hará, si lo cree preciso, cuando reciba respuesta a la primera petición de datos que ya ha dirigido a las autoridades norteamericanas.