La Fiscalía Anticorrupción considera que Laura Rodríguez Zapatero y Alba Rodríguez Zapatero tenían un papel “palmario” en las dinámicas del entramado empresarial opaco que vincula a su padre, el expresidente del Gobierno. La fiscal Elena Lorente pidió este martes, un día antes de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra, la imputación de ambas y de la secretaria del que fuera líder socialista, pero el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no resolvió hasta escuchar lo que él tenía que decir. El magistrado no solo cree que Zapatero no desvirtuó los “indicios racionales de criminalidad” contra él, sino que ha avalado la petición de la fiscal y ha frenado la primera estrategia desplegada por su defensa, que consistía en solicitar a Estados Unidos todas las garantías sobre el clonado de un teléfono móvil que integra el sumario. El informe de Anticorrupción está fechado el 16 de junio, en vísperas de que el expresidente se sentara por primera vez en la Audiencia Nacional. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que registró hace justo un mes las oficinas de Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, todavía se encuentra elaborando los informes sobre lo encontrado en los registros, según fuentes de la investigación. Pero en este escrito la fiscal ya se aventuraba a solicitar la imputación. “La posición procesal de las referidas Laura Rodríguez Zapatero y Alba Rodríguez Zapatero no puede ser sino la de investigadas en este procedimiento”, indica. En realidad, el juez tenía en su mesa un escrito del PP desde el pasado 3 de junio en el que ya se solicitaba la imputación de las Rodríguez Espinosa. Fuentes jurídicas que forman parte de la causa explican que, inicialmente, Calama tenía dudas sobre la responsabilidad penal de las hijas de Zapatero y contemplaba la posibilidad de que fueran partícipes a título lucrativo, que es una figura contemplada en el Código Penal con la que una persona se beneficia de los efectos de un delito sin haber participado en el mismo o sin ser consciente de su origen ilícito. El instructor aguardó hasta escuchar al expresidente, que había pedido más tiempo para prepararse el interrogatorio. La conclusión tras escucharlo la dejó escrita en un auto el mismo día: “No ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad”. Y, un día más tarde, ha decidido aceptar la imputación de las hijas del expresidente. Los investigadores sospechan de los pagos que Whathefav recibió de varias empresas en el foco. Una, la consultora Análisis Relevante (239.755 euros) para la que trabajaba su padre. Zapatero explicó que las labores de consultoría fueron reales y que sus hijas maquetaban los informes que él elaboraba o hacían labores de comunicación. Pero, además, la duda se extiende sobre los pagos de Inteligencia Prospectiva (561.440 euros), una mercantil que se constituyó un mes antes de Análisis Relevante, y que administraban dos hermanos venezolanos amigos de Zapatero. “Distribuye dinero, por servicios de momento desconocidos, a todo el entorno de la familia Zapatero”, indica la fiscal. El expresidente explicó que también con esta empresa se realizaron consultorías, pero para el magistrado las explicaciones fueron vagas, sin que se pudiera cuantificar exactamente de qué trabajos se trataron, según fuentes presentes en el interrogatorio. Anticorrupción cree que los pagos se hacían por “vía indirecta” al expresidente y para ello la mercantil de las hijas era un instrumento. Además, destaca la fiscal los “holgados ingresos” de Laura y Alba Rodríguez Zapatero que tienen “poca correlación” con lo que percibían de su propia sociedad, según la Agencia Tributaria. A pesar de que el ministerio público pide que ambas acudan a declarar por los dos mismos delitos que Zapatero (tráfico de influencias y blanqueo de capitales) y añade el delito de organización criminal, el juez no aclara exactamente por qué delitos las investiga. En la resolución de este jueves, Calama también ha puesto coto a la estrategia desplegada por el letrado de Zapatero, el catedrático de Derecho Procesal, Víctor Moreno Catena, que pretendía disparar a un flanco de la investigación para tratar de lograr una nulidad. El motivo de la disputa judicial se cierne sobre un teléfono móvil, el del venezolano Rodolfo Reyes, que era dueño de Plus Ultra en 2021, cuando el Gobierno concedió el rescate de 53 millones de euros por el que se acusa a Zapatero de haber intercedido. Este teléfono contiene mensajes de Reyes con otros directivos de la aerolínea que apuntan a la supuesta intervención del expresidente, como uno que dice “nuestro pana Zapatero está detrás”, en referencia a las gestiones de la ayuda pública. El contenido nutre informes de la UDEF a partir de marzo y el auto de imputación de Zapatero, si bien no es el único indicio que consta en la causa contra el expresidente. Por ejemplo, todo lo relativo, precisamente, a las labores de consultoría con Análisis Relevante o a la empresa de sus hijas consta en el sumario desde fechas anteriores. En cualquier caso, en marzo de 2026, la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés), con sede en la embajada del país en Madrid entregó a la Policía este volcado. Calama ha emitido una petición de colaboración judicial a Washington para que el país entregue el clonado de este móvil por los cauces judiciales y blindar esta prueba de cara al juicio, de manera que no se quede en la vía policial únicamente. Pero, el letrado de Zapatero quiere revestir de garantías todo lo que tenga que ver con este teléfono que, según fuentes del entorno de Reyes, fue clonado en el aeropuerto de Miami en 2021 y sin autorización judicial. La defensa quería saber, por tanto, si hubo autorización judicial, quién la concedió, cómo se guardó este teléfono todos estos años y por qué se entregó a España en esas fechas. Así, le pidió al instructor que no solo reclamara a Washington luz verde para incorporar el volcado, sino que también indagara sobre todos estos aspectos. Este y otro escrito solicitando también acceso a otro disco duro de la causa que permanece bajo secreto han sido las líneas de defensa que, de momento, ha mostrado el expresidente. Sin embargo, no será sencillo porque el juez ha rechazado esta petición de momento. Dice Calama que es necesario, primero, que EE UU conteste de forma afirmativa a obtener el volcado del teléfono y, una vez este trámite esté solventado, entonces el juez analizará si es pertinente la petición del expresidente. Esto condena al que fuera líder del PSOE a pausar, al menos de momento, esta estrategia que iba encaminada a la nulidad de esta prueba. Fuentes jurídicas explican que las comisiones rogatorias (peticiones de información) tardan tiempo, varias semanas e, incluso y en función de la petición, a veces incluso meses.