El juez del denominado "caso Plus Ultra", José Luis Calama, ha acordado citar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, tras considerar que existen indicios sólidos de su participación en la presunta trama de tráfico de influencias. El magistrado toma esta decisión tras la declaración de Zapatero de este miércoles y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente socialista en calidad de investigadas, según fuentes del tribunal. En relación con las hijas, Calama recuerda que ya ordenó el registro de la agencia de publicidad Whathefav SL, de las que ambas son administradoras solidarias. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) también les intervinieron sus teléfonos móviles. Las diligencias las sitúan en el epicentro de una red de movimiento de fondos relacionados con las presuntas comisiones ilegales que cobraba su padre. “La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad”, explica el juez Calama en su auto. En cuanto a la secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Alcázar, el magistrado recuerda los indicios de su participación directa en los hechos, tal y como fueron expuestos en el auto de registro del pasado 18 de mayo. Se han encontrado correos electrónicos que demuestran que Alcázar y la propia oficina del expresidente en la calle Ferraz tenían un papel fundamental en la presunta organización criminal. En el caso de la secretaria, destacan varias comunicaciones con el supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, en el que Alcázar pide instrucciones para la confección de facturas falsas que habrían servido para que el antiguo secretario general del PSOE pudiera camuflar el cobro de los presuntos sobornos. El magistrado recuerda que la citación en calidad de investigado no exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito, sino únicamente la concurrencia de indicios racionales de participación, incluso meramente indiciaria o por posición, cuando la persona ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos. En el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso de las hijas de Zapatero, apunta Calama, “la conexión deriva de la propia estructura societaria: quien ostenta la representación formal es, ex lege, el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa”. Declaración como investigadas Para el juez, desde esta perspectiva, la citación en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez Espinosa constituye la única vía compatible con las garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española. “Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables”. En su auto, el juez también rechaza la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Rodríguez Zapatero, sin perjuicio de que según avance la investigación pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad. En concreto, el expresidente había solicitado que se ampliara la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para incluir determinada información y documentación. El juez argumenta que, mientras no se reciba contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta que se encuentra pendiente. Calama rechaza igualmente las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la de Pedro Saura como testigo. También se rechaza la medida cautelar solicitada por esta acusación en la que pedía la imposición de una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra. El instructor también señala que procede rechazar la solicitud de medidas cautelares reales formulada por las acusaciones populares, tanto por carecer de legitimación para promover actuaciones dirigidas a asegurar responsabilidades civiles, como por no ajustarse al objeto procesal de la presente pieza separada ni a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad que rigen la adopción de medidas cautelares de carácter patrimonial. El juez del denominado "caso Plus Ultra", José Luis Calama, ha acordado citar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, tras considerar que existen indicios sólidos de su participación en la presunta trama de tráfico de influencias.