El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, ha sido el elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para suceder a su colega Pablo Lucas, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, como el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI, de cara a la próxima jubilación de este último. La decisión no es para nada revolucionaria porque Martínez Arrieta ya venía ejerciendo de sustituto de Lucas en estas funciones. Ahora, su número dos para las mismas será el magistrado Eduardo Calvo, miembro de la misma sala que Lucas.Según informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces a EL PAÍS, la propuesta ha partido de la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló, y ha contado con el apoyo de la mayoría del Pleno, con 18 votos a favor, uno en contra y otro en blanco. La necesidad del cambio se debe a que Lucas alcanzará la edad forzosa de jubilación el próximo 13 de julio, lo que dejará varias vacantes: la de presidente de la Sala Tercera, la de magistrado de la misma y la de juez supervisor del CNI. Mediante el acuerdo alcanzado este jueves, el CGPJ ha resuelto únicamente la última cuestión. Por delante, quedan meses de negociaciones para poder cubrir dichas vacantes y las de la Sala de lo Penal, de acuerdo con las fuentes consultadas. El recorrido de Martínez Arrieta en este nuevo puesto titular será limitado porque también alcanzará la edad forzosa de jubilación en poco menos de un año (13 de abril de 2027). Fue elegido presidente de la Sala Segunda, en reemplazo de Manuel Marchena, hace un año, tras una dura pugna entre los sectores progresista y conservador del CGPJ, en la que acabaron imponiéndose los vocales conservadores, que auparon a este magistrado y a Lucas frente a Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente, las cuales acabaron retirando su candidatura, respaldada por el ala progresista. Desde entonces, Martínez Arrieta ha estado en el foco público porque, en ejercicio de dicho cargo, presidió también los juicios al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dimitió tras ser condenado a dos años de inhabilitación por revelar información confidencial de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; y al exministro de Transportes José Luis Ábalos por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicar contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia, un juicio que aguarda sentencia estos días. Cabe recordar que el Supremo se limita a hacer un control previo de legalidad sobre el CNI. El servicio de inteligencia debe pedir permiso al magistrado competente para “la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones”, que se autorizarán en base a la “necesidad” de las mismas.En este mismo Pleno, el Consejo ha acordado, por unanimidad, confirmar a la progresista Susana Polo como magistrada titular de la Sala de lo Penal, una formalidad que ella había solicitado en el marco de los nuevos puestos surgidos en esta sala y que se le ha concedido. Las fuentes precisan que la plaza que se le ha otorgado es una de las 500 anunciadas por la “macroconvocatoria” de jueces y magistrados. En consecuencia, la confirmación de Polo no afecta a las vacantes surgidas en la Sala Segunda ―la de Miguel Colmenero, pendiente de cubrir desde el 19 de enero de 2023, y la de Andrés Palomo, generada el pasado miércoles―. A ellas se sumarán próximamente las de Ángel Hurtado (22 de junio) y Juan Ramón Berdugo (5 de septiembre).