El futuro de Álvaro García Ortiz está ahora en manos de dos instancias diferentes: el Gobierno y el Tribunal Constitucional. El primero debe decidir si indulta parcialmente su condena de inhabilitación por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el criterio en contra del Tribunal Supremo y a favor de la Fiscalía. El segundo anunciará en las próximas semanas si admite o no a trámite su recurso de amparo contra la condena que le impuso la Sala de lo Penal. Ninguna de las dos gestiones, según fuentes del caso, quedará zanjada definitivamente a corto plazo y mientras tanto el ex fiscal general del Estado seguirá ejerciendo como representante del Ministerio Público ante la sala del Supremo que estudia cada año miles de pleitos laborales.
La petición de indulto, planteada por terceras personas y apoyada públicamente por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), llegó al Ministerio de Justicia a principios de este año, apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena. Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general además de una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador y a pagar 39.000 euros más al comisionista por lo que había tenido que gastarse en abogados durante el proceso.
