La epidemia ultra siempre parece llegar de sorpresa. Como si se hubiera gestado en cuestión de semanas, días incluso. Como si los factores que facilitan su contagio fuesen repentinos e inesperados. Lo llamativo del primer puesto de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia no es que haya ocurrido. Es que todavía haya quien se sorprenda. La llegada de la derecha radical populista a los gobiernos latinoamericanos es tendencia. El primero fue Jair Bolsonaro, montado sobre los casos de corrupción gubernamentales y una polarización extrema en Brasil. Le siguió Nayib Bukele en el Salvador, quien en pocos años convirtió a su país en un laboratorio del autoritarismo funcional. Después vinieron Rodrigo Chaves en Costa Rica, Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile. Todos capitalizando el descontento social y prometiendo un cambio profundo. Autodeclarándose voceros de un pueblo desoído, cuyo hartazgo era legítimo tras décadas de esperar justicia, seguridad y un Estado que funcione. Un pueblo que siente que la política tradicional lo ha traicionado. Comparten un ADN. Para cada uno de ellos el Estado es el problema y debe reducirse. Pero detrás de ese discurso envuelto en supuesta eficiencia aparece una lógica individualista, jerárquica y elitista. Los problemas de la desigualdad quedan a un lado y el peso del ajuste cae siempre sobre los mismos. La metáfora de la motosierra del libertario argentino es contundente: hay que cortarlo todo, sin criterio. Son los neopatriotas, según los definen los politólogos Sanahuja y López Burian. Alineados contra lo que llaman globalismo y parapetados detrás de valores ultraconservadores que desembocan en el nacionalismo exacerbado, la idea de familia tradicional y la fe como bandera electoral. Una constelación que recuerda al famoso lema: Dios, patria y familia. De allí se deriva una ideología que desprecia minorías y se sostiene en el antagonismo más simple: conmigo o contra mí. Trumpismo de manual. El modelo Bukele Pero el elemento más difundido entre estos perfiles es su visión sobre la seguridad. En ella articulan gran parte de su oferta política. La mano dura como panacea, una solución mágica para problemas que son profundamente sociales. Las megacárceles, la baja de la edad de imputabilidad, la sospecha permanente que recae siempre sobre los mismos sectores: los más pobres, los más jóvenes, los más vulnerables. Los últimos triunfos ultraderechistas en la región tienen un referente común: Bukele. Kast y Laura Fernández, sucesora de Chaves en Costa Rica, prometieron importar su modelo sin matices. De la Espriella se subió a ese tren sin dudarlo. El virus tiene huésped nuevo. Lo que ninguno de ellos explica es que el modelo real lleva en El Salvador más de 40 prórrogas del estado de excepción. Ni que el propio Bukele admitió públicamente, durante una visita a Costa Rica en 2024, que 8.000 personas inocentes fueron encarceladas por error, mientras organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000 detenciones arbitrarias. Más allá de la innegable reducción de la criminalidad pandillera, ninguno de estos líderes se detiene a explicar cómo implementaría el modelo. Ignoran que El Salvador es un caso irrepetible: territorio pequeño y controlable, Estado capturado, división de poderes eliminada, margen judicial extraordinario. ¿Cómo aplicar esa lógica en la inmensidad de Colombia, con su geografía fragmentada, sus grupos armados activos y décadas de conflicto territorial? La respuesta corta es que no se puede. Lo que están copiando es la estética. El chaleco antibalas, las megacárceles filmadas para redes sociales, la venia militar, el tono épico de quien se sabe en guerra. Un kakiwashing (el uso del uniforme y la parafernalia militar como construcción de imagen) que ofrece una puesta en escena imponente sin los costos políticos de explicar los detalles. La autoridad como espectáculo. Y el espectáculo, como siempre, oculta más de lo que muestra. La epidemia crece, la democracia se debilita Y mientras la epidemia ultra crece, la democracia se debilita. El Salvador es apenas una muestra de lo que puede trasladarse al resto de la región. No en términos de seguridad, sino de erosión institucional. Ese es el primer paso, y siempre sigue el mismo patrón: la rendición de cuentas se reemplaza por el plebiscito electoral permanente. La prensa crítica se convierte en enemiga a neutralizar. Las redes sociales se transforman en el canal directo entre el líder y su pueblo, sin intermediarios, sin verificación, sin contrapeso. La institucionalidad no se derrumba de golpe. Se vacía despacio. Pero luego llega el segundo paso, el más peligroso: la erosión de la cultura democrática. Las sociedades que han llegado a ese punto ya han sido convencidas de que un líder autoritario está justificado si es capaz de resolver lo que la democracia no resolvió. El problema es que, aun cuando lo logra, cosa discutible, genera otros más profundos y duraderos. Nos deja a merced de un Estado policial, silencia las voces disidentes y convierte los recursos públicos en patrimonio del poder. La democracia deja de ser un valor. Se convierte en un instrumento. Y los instrumentos se descartan cuando dejan de ser útiles. La ultraderecha prospera porque su diagnóstico, aunque no sus soluciones, es correcto. Hay sociedades latinoamericanas justificadamente hartas de esperar una vida más justa. Hartas de la corrupción, de la inseguridad, de promesas que no llegan. La epidemia ultra no se expande en el vacío: se expande en el fracaso acumulado de las democracias que no supieron o no quisieron responder. El problema es lo que viene después. Cuando la democracia deja de ser un valor compartido y se convierte en un mecanismo prescindible, la pregunta ya no es si funciona. La pregunta es qué la reemplaza. Y a esa pregunta, ni la ultraderecha latinoamericana tiene respuesta. Solo tiene un hombre.