La Estatua de la Justicia frente al Supremo Tribunal Federal durante la fase de veredicto y sentencia del juicio contra los acusados de participar en un presunto complot golpista para mantener al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el poder después de su derrota electoral de 2022, el 11 de septiembre de 2025, en Brasilia

(AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) completó este miércoles el ciclo regulatorio que redefinió la relación jurídica entre las grandes plataformas tecnológicas y el Estado. El tribunal aprobó las normas de implementación de su fallo de junio de 2025, que declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet y extendió la responsabilidad civil y penal de empresas como Meta, X y Google por daños derivados de publicaciones ilegales de sus usuarios. El pleno declaró concluido de forma definitiva el proceso, con lo que ya no caben nuevos recursos.La resolución más inmediata para las compañías es la obligación de establecer sede y un representante legal en Brasil con plenas facultades para responder ante autoridades administrativas y judiciales, suministrar información sobre sus servicios cuando les sea requerida y asumir eventuales sanciones y multas. Las plataformas disponen de 60 días para adaptar sus sistemas a las nuevas exigencias, que incluyen medidas preventivas destinadas a reducir la circulación masiva de contenidos ilícitos graves.PUBLICIDADEl listado de materiales sujetos a remoción inmediata —sin necesidad de orden judicial— abarca mensajes antidemocráticos, apología al terrorismo, inducción al suicidio o a la automutilación, contenidos racistas, delitos contra las mujeres, pornografía infantil y otros crímenes graves contra menores de edad. Sin embargo, los magistrados introdujeron un matiz relevante: la responsabilidad de las plataformas no se activa por la mera aparición de una publicación ilegal, sino que depende de la existencia de una falla sistémica en sus mecanismos de prevención o remoción.Una de las novedades más significativas fue la incorporación de una salvaguarda propuesta por el presidente del tribunal, el magistrado Edson Fachin: las empresas podrán eludir sanciones si acreditan que existía una duda razonable sobre la ilegalidad del contenido en cuestión. Esta cláusula busca equilibrar el rigor del nuevo régimen con la protección de la libertad de expresión, una de las principales objeciones de la minoría del tribunal —tres magistrados— que desde el inicio se opuso a ampliar la responsabilidad de las plataformas más allá de lo establecido por la ley.PUBLICIDADEn la imagen de archivo, un usuario sostiene un teléfono móvil con el logo 'X' frente a la página de Elon Musk en Los Ángeles, California, Estados Unidos