Una manipulación del lenguaje consiste en presentar como afirmación lo que en el fondo constituye una negación. O lo que es igual: en mostrar como positivo lo negativo; o lo perjudicial como favorable. Así sucede con la locución “prioridad nacional”, que pesenta una visión amable (usted va a disfrutar de un trato preferente) omitiendo su consecuencia (otros sufrirán un trato discriminatorio).Esta expresión fue inventada por la ultraderecha y asumida por el Partido Popular, sin criticarla, en Extremadura, Aragón y Castilla y León para relegar a los inmigrantes en los servicios públicos. El concepto conduce a un sistema de castas, a un nosotros y un ellos; pero sin llamarlo con la claridad que se requiere: “discriminación del inmigrante”, “racismo institucional”, “segregación por origen”. Esa trampa del lenguaje habrá contribuido a que el 44,6% de los encuestados por el CIS en mayo y que han oído hablar del asunto se muestren favorables al despropósito. (Un 52,2% no se ha dejado engañar). Ciertas palabras que empiezan por pr y que refieren prioridad, prelación, primacía, preponderancia…, como por ejemplo un abono prime o un trato preferencial, deberían olernos a chamusquina porque en muchas ocasiones representan una oferta en la que el privilegio se obtiene o bien mediante un pago –con lo cual no se nos regala nada– o bien a costa de otros.Unos 700.000 ahorradores ya cayeron hace 14 años en las “participaciones preferentes”, adjetivo que evocaba una relación prioritaria cuando en realidad se colocaban productos financieros de alto riesgo como si se tratara de renta fija. No deberíamos haber olvidado aquella estafa promovida o consentida por unos banqueros que ni siquiera han sufrido el descrédito social que merecían.El espantoso criterio de la “prioridad nacional” conduce a que las personas no reciban ayudas o cuidados en función de sus necesidades sino de su “arraigo”, otro eufemismo. La idea cruza el apuro con el empadronamiento. En manos honradas, eso tendría algún sentido (se entiende que un recién llegado no reciba una vivienda social al día siguiente), pero aquí parece que lo manejarán personas xenófobas y por tanto crueles. Merced a la manipulación del “arraigo” se le suponen mejores derechos a quien lleve más años en España; y obviamente los españoles de nacimiento siempre tendrán más arraigo que los extranjeros residentes y que quienes obtuvieron la nacionalidad después.Ahora bien, la idea del arraigo no se extiende para discriminar en consecuencia entre españoles arraigados, grupo en el que reunirá más antigüedad una persona de 42 años que una de 35. Ni se descontará el tiempo que hayan pasado en el exterior. Con arreglo al eufemismo absurdo, un bebé carecería de derechos sociales, por su escaso arraigo, y la fecha en que nació le haría competir con otros bebés a la hora de obtener una subvención. La “prioridad nacional” justifica además la “prioridad regional” que favorece las ayudas para los residentes en una comunidad frente a los españoles que procedan de otros puntos y se instalen en ella, lo que penaliza la movilidad interior. Segregar o discriminar a los inmigrantes supone un acto de inhumanidad, incluso un pecado para los cristianos (“tuve hambre y me disteis de comer”). Y también es una estupidez. Los inmigrantes no traen los problemas, sino las soluciones. Acogerlos a ellos y a sus hijos, pagarles retribuciones justas (pues el abaratamiento de sus salarios abarata a su vez los del resto de los trabajadores), aprender de sus culturas, incorporarlos al cuerpo de contribuyentes y cotizantes..., todo esto sí encajaría en una genuina prioridad nacional.