Durante los �ltimos d�as e incluso semanas hay unas palabras que se repiten de manera recurrente en los pasillos y salas de la Comisi�n Europea. "Normas", "control","transmitir seguridad" e, incluso, "evitar incidentes". Y todas ellas, por supuesto, vinculadas a la inmigraci�n y al proceso de endurecimiento que Bruselas ha comenzado en las pol�ticas que aplica en este �mbito. El primer paso ha sido el Pacto de Migraci�n y Asilo, que entr� en vigor el viernes y que, entre otros aspectos, conllevar� un mayor control de fronteras y m�s rapidez en la expulsi�n.El siguiente ser�n los centros de retorno, que beben directamente de los que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, puso en marcha. Esto es, lo que comenz� siendo una soluci�n extremista se va a convertir en una norma por petici�n de los propios pa�ses. No hay mejor ejemplo para visualizar el notable giro que se ha producido en las pol�ticas comunitarias, y en el que las formaciones radicales han tenido un papel muy relevante. Y, de alguna manera, con todo este proceso la UE va a elevar la prioridad nacional que Vox defiende en Espa�a a una suerte de prioridad europea.O incluso sin el "de alguna manera", porque en el Ejecutivo europeo y en la inmensa mayor�a de capitales comunitarias es lo que buena parte de los ciudadanos europeos han pedido con su voto: que se les priorice, que haya m�s seguridad en las calles ante lo que consideran que es una amenaza en forma de inmigrantes, y que no se les prive de derechos o se les obligue a hacer esfuerzos en favor de los que vienen de fuera, que en muchos casos, adem�s, no quieren integrarse. Y tambi�n, por supuesto, que se preserven unos valores, una forma de vida y una forma de relacionarse dentro de la propia sociedad.Esta situaci�n, y m�s all� de lo que defiende Vox, es en realidad mucho m�s palpable en casi cualquier otro pa�s europeo que en Espa�a. Porque la inmigraci�n que recibe el pa�s es, en muchos casos, de Latinoam�rica, por lo que las conexiones ling��sticas, culturales y religiosas son evidentes. La voluntad de integraci�n es mucho mayor."La situaci�n es diferente en Espa�a porque el 80% de esas personas proceden en realidad de Am�rica Latina", certificaba el comisario de Asuntos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en el encuentro con diferentes medios, incluido EL MUNDO, que llev� a cabo el pasado jueves. Pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, en algunos lugares de Francia muy vinculados a la inmigraci�n isl�mica."En B�lgica se han afianzado estructuras mafiosas"En Pa�ses Bajos la Mocro Maffia, compuesta principalmente por ciudadanos de origen marroqu�, supone una grave amenaza para la seguridad del pa�s y ha llegado a atentar contra pol�ticos, y en Bruselas tambi�n existe un problema de inseguridad y de falta de integraci�n. Molenbeek ya no es el mismo barrio que en 2016, cuando daba cobijo a terroristas isl�micos que atentaron en la Sala Bataclan de Par�s y en la propia ciudad, pero en el centro de la ciudad todav�a se producen episodios espor�dicos de tiroteos o incluso hay individuos que se pasean con fusiles kalashnikov. A tan s�lo unos kil�metros de las instituciones europeas y con un grado de impunidad dif�cil de creer. Y por encima de todo ello est� el riesgo de que el pa�s se convierta en un narcoestado, que es algo de lo que han alertado varios jueces."En B�lgica se han afianzado amplias estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desaf�a no s�lo a la Polic�a, sino tambi�n al poder judicial", avis� una magistrada de Amberes ya el pasado oto�o. "Afrontamos una amenaza organizada que mina nuestras instituciones", a�adi�. Las similitudes con Pa�ses Bajos son evidentes y, tambi�n, el papel de la inmigraci�n es vital.Alemania, por su parte, constituye uno de los ejemplos m�s reveladores de c�mo la inmigraci�n ha dejado de ser una cuesti�n exclusivamente humanitaria para convertirse en una cuesti�n de gobernabilidad. Durante la guerra de Ucrania, Berl�n concedi� a los refugiados ucranianos un acceso excepcional al B�rgergeld, el principal sistema de protecci�n social alem�n. La medida respond�a a una l�gica pol�tica y humanitaria evidente. Alemania ha acogido a m�s de 1,2 millones de ucranianos desde el inicio de la invasi�n rusa. El pa�s alberga adem�s a m�s de tres millones de personas bajo distintas formas de protecci�n internacional, entre ellas alrededor de un mill�n de sirios y m�s de un mill�n de ucranianos, lo que ha convertido la inmigraci�n en una cuesti�n estructural.Aquella decisi�n acab� convirti�ndose en uno de los asuntos m�s sensibles del debate migratorio. La controversia no se limitaba a los 563 euros mensuales que recibe un adulto solo beneficiario del B�rgergeld o a los 506 euros por miembro de una pareja. La prestaci�n incluye adem�s vivienda, calefacci�n, seguro m�dico, escolarizaci�n e integraci�n. En la pr�ctica, una madre con dos hijos pod�a recibir m�s de 1.300 euros mensuales en prestaciones directas, adem�s del alquiler. Una pareja con dos hijos pod�a superar los 1.800 euros sin contar la vivienda.La protecci�n social de los refugiados ucranianosFue esa imagen del paquete completo de ayudas la que aliment� el debate pol�tico. Muchos ciudadanos no entend�an por qu� personas reci�n llegadas pod�an acceder de forma inmediata al mismo sistema de protecci�n social que un desempleado alem�n o que un trabajador que hab�a pasado a�os contribuyendo al pa�s antes de necesitar apoyo p�blico.La anomal�a era doble. Los ucranianos no solo acced�an al mismo sistema que los beneficiarios alemanes del B�rgergeld. Tambi�n recib�an un trato m�s favorable que otros refugiados. Mientras un sirio, un afgano o un iraqu� quedaban sujetos al r�gimen ordinario de solicitantes de asilo, los ucranianos pod�an incorporarse directamente al n�cleo del Estado de bienestar gracias al mecanismo europeo de protecci�n temporal. La consecuencia fue una jerarqu�a dif�cil de justificar pol�ticamente: refugiados distintos recib�an tratamientos distintos.La decisi�n del Gobierno alem�n de retirar ese acceso directo a los nuevos refugiados ucranianos llegados desde abril de 2025 busca cerrar esa doble excepci�n. No responde �nicamente a razones presupuestarias. Tambi�n pretende recuperar una percepci�n de control sobre el acceso al Estado social.La entrada en vigor del nuevo pacto migratorio europeo refuerza adem�s esa tendencia. M�s que limitar la capacidad de actuaci�n de los Estados, crea un marco com�n dentro del cual pol�ticas nacionales m�s restrictivas resultan pol�ticamente m�s defendibles. Bruselas lo presenta como una respuesta europea a un desaf�o compartido. Pero para gobiernos como el alem�n tambi�n supone una forma de recuperar margen de actuaci�n y demostrar a sus ciudadanos que la inmigraci�n vuelve a estar bajo control.Austria ofrece quiz� el ejemplo m�s expl�cito. El Gobierno suspendi� temporalmente la reunificaci�n familiar para refugiados alegando haber alcanzado los l�mites de su capacidad de integraci�n. La justificaci�n oficial fue la presi�n sobre escuelas, vivienda y servicios p�blicos. El canciller Christian Stocker habl� abiertamente de evitar una "sobrecarga" del sistema.Dinamarca vincula desde hace a�os determinadas prestaciones a la residencia efectiva, el empleo y la integraci�n. Los Pa�ses Bajos endurecen las condiciones de acogida y reducen excepciones. Ninguno habla oficialmente de preferencia nacional. Pero todos avanzan hacia una misma idea: el acceso al n�cleo m�s generoso del Estado de bienestar debe depender cada vez m�s del arraigo, la integraci�n y la contribuci�n al pa�s, y cada vez menos de la mera condici�n de reci�n llegado.Capacidad de absorci�nLa cuesti�n de fondo no es �nicamente econ�mica. Existe tambi�n un problema real de capacidad de absorci�n. Vivienda, escuelas, transporte, sanidad y ayudas sociales son recursos limitados. Cuanto mayor es la presi�n migratoria, mayor es la dificultad para integrarla sin tensiones sociales ni deterioro de los servicios p�blicos.Ese debate aparece este domingo en Suiza bajo una forma a�n m�s expl�cita. Los ciudadanos votan un refer�ndum promovido por el Partido Popular Suizo (SVP) para impedir que la poblaci�n supere los 10 millones de habitantes antes de 2050. Si alcanza los 9,5 millones, el Gobierno estar�a obligado a adoptar medidas, especialmente en asilo y reunificaci�n familiar. Si llegara a los 10 millones, Suiza podr�a verse obligada incluso a cuestionar la libre circulaci�n de personas con la Uni�n Europea.Actualmente Suiza cuenta con unos 9,1 millones de habitantes y cerca del 27% de su poblaci�n es extranjera, una de las proporciones m�s elevadas de Europa occidental. Los promotores del refer�ndum denuncian la presi�n sobre la vivienda, los alquileres, las infraestructuras y los servicios p�blicos. Sus detractores denuncian un proyecto impulsado por la derecha nacional-conservadora que amenaza la prosperidad econ�mica del pa�s y sus relaciones con la Uni�n Europea. Pero, m�s all� de la batalla pol�tica, la pregunta es la misma que en Berl�n o Viena: cu�nta inmigraci�n puede absorber una sociedad sin alterar su equilibrio econ�mico y social.