Son las 10.47. Carabanchel, distrito del sur de Madrid. Un equipo de cinco operarios del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) acaba de aparcar su camión en el arcén que queda debajo de un puente del paseo de Santa María de la Cabeza. Bajo él vive una persona que no tiene más techo que el que le ofrece ese viaducto, pero que no está presente en ese momento en el lugar. Los cuatro operarios que llevan a cabo la tarea van vestidos con equipos de protección individual que traen a la memoria los peores momentos de la pandemia. También empuñan un rastrillo con el que barren todo aquello que alcanzan. Dos policías municipales y dos trabajadores de Samur Social contemplan la escena en silencio. Sin previo aviso, los operarios de limpieza comienzan a retirar los objetos más voluminosos aprovechando la ausencia de su propietario: colchones, sofás improvisados y tablas de madera que el dueño utilizaba para tener algo de intimidad a la hora de dormir. Después llega el turno de todo lo demás. Se rompen jarrones, se arrastran mantas húmedas por el suelo y se tiran mochilas de niño, ropa y juguetes. En apenas una hora, no queda ningún rastro de que alguien hubiera dormido allí. “No sabemos quién vivía aquí ni dónde está”, confirma uno de los empleados, que prefiere no revelar su nombre por miedo a represalias. Ese mismo procedimiento se llevó a cabo el martes en otros 11 puntos distintos de la capital.La escena, de la que EL PAÍS ha sido testigo, contradice las declaraciones que hizo el lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. “Todo este tipo de actuaciones y todos estos protocolos, por ser las personas que son y por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, se hacen con el máximo respeto posible, preservando siempre sus pertenencias personales, poniéndolas a su disposición, haciendo un seguimiento desde el punto de vista de la intervención social y ofreciéndoles alojamiento”, insistió el regidor madrileño.En Madrid, los recursos municipales para dar alojamiento a las personas sin hogar están al 100% de su capacidad. Las listas de espera se eternizan durante varios años.Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid mantiene este nuevo procedimiento impulsado por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Consistorio. Hasta marzo de este año, los Equipos de Calle, cuando se enteraban de que se iba a iniciar una de estas limpiezas, se acercaban previamente a las personas a las que les afectaban y les avisaban. De este modo, tenían tiempo de recoger lo que consideraban y poner a buen recaudo las cosas más importantes, como su medicación o sus documentos personales. Desde marzo, estos mismos trabajadores tienen la orden explícita de no dar ese aviso, tal y como ha podido comprobar este diario.La medida ha generado malestar entre parte de los trabajadores municipales, que consideran que va en contra de su código deontológico como trabajadores y educadores sociales. Así queda reflejado en un correo electrónico que remitieron preocupados al Colegio Profesional de Educadores Sociales de Madrid y al que este diario ha podido acceder.Después de que EL PAÍS revelara el pasado sábado esta información, el Ayuntamiento de Madrid ha intensificado la frecuencia con la que lleva a cabo este tipo de operaciones. El 22 de mayo se realizaron tres protocolos de este tipo. El 25 de ese mismo mes, cinco. El nueve de junio, siete. El pasado martes, 12. La operación se replicó el mismo día en otros puntos de Carabanchel, como en la travesía de Iván Vargas, y también en otros distritos, como en Puente de Vallecas.Al lado de la calle del Bosco, en la autopista A3 en el sentido que sale de Madrid en dirección Valencia, otro dispositivo de limpieza se encargó de retirar las pertenencias de varias personas sin hogar, aunque en este caso lo hicieron desde una grúa estacionada en la propia carretera.Una portavoz del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Consistorio afirma que “los protocolos no se realizan para retirar pertenencias como tal, sino exclusivamente cuando el espacio se encuentra muy degradado o puede generar un grave problema de salud pública que afecte tanto a las personas sin hogar como a los vecinos”. Sobre si se tiran los objetos personales de los afectados, la portavoz zanja: “Ninguno”. Sin embargo, este periódico ha asistido a dos de las intervenciones y en ellas se ha podido comprobar que SELUR se encarga de retirar todos los objetos personales de los afectados.La orden de no avisar a las personas sin hogar ha sentado un precedente en la línea de las políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid. Muchos de los trabajadores sociales del Consistorio confiesan, bajo condición de anonimato, el descontento con esta decisión. Según una fuente que pide no identificarse de los propios Equipos de Calle, algunos trabajadores están desobedeciendo la directriz y, a título más personal que profesional, siguen dando estos avisos, cuando pueden, por su cuenta.Sin embargo, están en plenas negociaciones con la empresa que gestiona a estos equipos, una subcontrata del Ayuntamiento llamada Grupo 5. Por eso ninguno de ellos quiere hablar dando su nombre y su apellido.La oposición, desde el momento de conocer esta nueva directriz, ha criticado con firmeza la forma del gobierno municipal de hacerse cargo de las personas sin hogar de Madrid. La portavoz de Más Madrid en el Palacio de Cibeles, Rita Maestre, respondió un día después a las declaraciones de Almeida con una publicación en X en la que critica la “cara oculta” de la agenda del regidor. “Almeida tiene programadas hoy 12 intervenciones para arrasar pertenencias y medicamentos de personas sin hogar sin previo aviso. Es la cara oculta de su agenda de toros, misas y photocalls: cebarse cruelmente con quienes menos tienen. Debe retirar de inmediato este protocolo”, condenó.Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha tachado la decisión de “inhumana”. “Vamos a pedir no solo explicaciones, sino que hemos solicitado un número de peticiones de información para conocer qué directrices se han dado y sobre todo las órdenes de servicio”, ha señalado. “Claramente puede tener algún tipo de trascendencia judicial”, ha opinado.