Vivimos bajo un bombardeo constante de mensajes que señalan el sistema público de pensiones como el gran enemigo de la gente joven. Según este relato, hay que reformar las pensiones y recortar el poder adquisitivo de las jubiladas para aliviar a la juventud. Es un diagnóstico equivocado y, me atrevería a decir, tendencioso: aplicado hasta el final, amenaza con desmantelar el estado del bienestar y ensanchar las desigualdades sin beneficiar a nadie joven, sino hipotecándole el futuro. Mi propuesta es la contraria: aprovechar el poder colectivo que representan las pensiones y orientarlo hacia las necesidades reales de la población, en lugar de alimentar un conflicto intergeneracional.
Conviene recordar de dónde vienen las pensiones. Un sistema estatal puede perseguir tres objetivos: un enfoque asistencialista que solo busca esquivar la pobreza entre la gente mayor; un modelo de seguro basado en el ahorro individual o colectivo; y un sistema universal y redistributivo fundamentado en la participación laboral, con derechos adquiridos frente al Estado. Este último modelo es el que se impuso en buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, empujado por la fuerza del movimiento obrero. España, en cambio, tuvo que esperar a la muerte del dictador para tenerlo. Hoy, tras unos años mínimos de cotización, el Estado reconoce el derecho a una pensión, con un mínimo y un máximo pensados para limitar las desigualdades del mercado. La realidad es que aquí no tenemos un problema de pensionistas «ricas»: cerca de una cuarta parte de las jubiladas son pobres, y el sistema todavía protege mal a quien no ha tenido una carrera laboral continuada. Si bien es cierto que España garantiza una tasa de reposición del salario para rentas medias relativamente elevada en comparación con otros países, esto no tiene por qué ser negativo si el gasto que realizan las pensionistas va hacia el bien colectivo y no a alimentar desigualdades.
