Los escándalos que hostigan al PSOE fueron el elefante en la habitación en la última ejecutiva del PSOE. Ningún miembro de la dirección federal, que se reunió este lunes con numerosas ausencias, pidió la palabra para plantear un debate interno sobre la posición del partido en el caso Leire Díez o ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Nadie defendió que el PSOE se querelle contra Leire Díez, como reclaman en privado algunos dirigentes federales y responsables territoriales ni nadie expresó su opinión sobre José Luis Rodríguez Zapatero en una semana especialmente tormentosa para los socialistas porque, además de la declaración del expresidente ante el juez, está prevista la sentencia a José Luis Ábalos por el caso mascarillas. Pedro Sánchez, que en esta reunión de la ejecutiva no hizo referencia al funcionamiento de la justicia, reiteró su propósito de agotar la legislatura. Las elecciones generales, insistió, serán el año que viene, como tarde a finales de julio de 2027.Según varios de los presentes en la reunión consultados por EL PAÍS, ningún dirigente de la cúpula planteó que el PSOE empiece a marcar distancia con el expresidente, a pesar del malestar que Zapatero ha provocado en las filas socialistas tras dar un valor muy inferior a la colección de joyas incautadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La tasación, de 1,3 millones de euros, supera con creces el valor de entre 30.000 y 50.000 euros que avanzó y por la que ha pedido disculpas Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid que ha ejercido de portavoz oficioso de Zapatero. La tensión que el PSOE sufre por el silencio de Zapatero desde que fue imputado hace un mes por tráfico de influencias se vio agravada tras su solicitud ayer de aplazar su declaración sobre el origen del ajuar. La petición va en contra de los plazos que el partido había asumido en deferencia al exmandatario y se conoció mientras se celebraba la reunión de la ejecutiva. El giro de guion, al igual que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los viajes de Leire Díez ordenados por Santos Cerdán al partido, acrecentó la incomodidad de los dirigentes socialistas, aunque no se evidenció en la reunión de la ejecutiva a puerta cerrada. En ella Cristina Narbona, presidenta del PSOE, apeló al patriotismo de partido y al “orgullo” de pertenecer a un partido “limpio” y con 147 años de historia. El juez Santiago Pedraz la ha citado a declarar como testigo el 10 de julio para que explique si conocía que Leire Díez operaba a las órdenes de Santos Cerdán para torpedear causas judiciales contra el partido y el entorno de Pedro Sánchez. Narbona lo niega.En esta tesitura, el PSOE mantuvo formalmente su apoyo a Zapatero, hasta hace un mes uno de los pocos activos electorales del socialismo y consagrado además los últimos años como un “referente moral”. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, se mostró en rueda de prensa confiada en que el referente progresista dé las explicaciones oportunas al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Si no hay cambios en el calendario lo hará este miércoles y jueves. “Creemos en la presunción de inocencia del expresidente. Hay que respetarle a él y a los tiempos de la justicia aunque nos gustaría que diera explicaciones de todos los aspectos de la causa principal y la separada a la justicia”, afirmó la número tres socialista.Torró declinó “entrar a valorar nada” ante los medios de las informaciones que se han ido conociendo las últimas semanas de Zapatero, con un enorme impacto en la figura pública del expresidente por las consideraciones éticas y estéticas de las joyas incautadas y los contratos por importes de cientos de miles de euros de sus hijas con empresas con actividades bajo la sospecha de la justicia. La responsable de Organización abundó que el PSOE “se reserva cualquier acción legal” como querellarse incluso contra Cerdán, pero se escudó en que para eso su partido necesita “hechos probados” en vez de “indicios contundentes”.La reunión quincenal de la cúpula del PSOE se centró en su primera parte en la batería de medidas sobre transparencia adoptadas durante el primer año de mandato de Torró. Por ejemplo, a diferencia de la etapa de Ábalos y Cerdán, cualquier decisión orgánica o económica tiene que contar con el visto bueno de, al menos, dos de los miembros del área de organización, que funciona como una dirección colegiada con tres adjuntos además de Torró. Esa fórmula se aprobó hace un año, en el comité federal del 5 de julio, para de ese modo establecer controles e impedir que el encargado de la secretaría de Organización pudiera actuar por su cuenta sin responder ante nadie.La rendición de cuentas de Torró ante la ejecutiva incluyó novedades que se incluirán en el reglamento interno que se prevé aprobar en el comité federal del 27 de junio. El PSOE ya aprobó en el anterior, celebrado el 5 de julio del año pasado, la expulsión de quienes consuman prostitución. La secretaria de Organización del PSOE adelantó que se va a modificar la normativa sobre declaración de bienes: los miembros de las ejecutivas federal, autonómicas y provinciales y también los cargos públicos electos y los que trabajen en empresas públicas deberán hacer una declaración de bienes al inicio y al final de su mandato. En el caso de los integrantes de la dirección estatal, esta declaración obligatoria deberá ser renovada anualmente, ratificando lo declarado o presentado una nueva con las variaciones de patrimonio que se hayan producido.El comité federal, en el que Ferraz confía en no tener una contestación relevante más allá de las críticas que ya hacen en público Emiliano García-Page y otros dirigentes territoriales, aprobará el calendario de primarias para elegir las candidaturas municipales y autonómicas para los comicios del próximo mes de mayo. Según fuentes de la dirección federal, habrá flexibilidad con un proceso a varias velocidades con una primera fase este mismo verano.