La Generalitat Valenciana conocía a las 12.15 horas de la mañana del 29 de octubre de 2024 el riesgo en el barranco del Poyo, la rambla que seis horas y media después provocó la mayoría de los 230 muertos que dejó la dana. La autonómica Agencia de Seguridad y Emergencias dejó constancia en un informe a esa hora del peligro en este barranco. Al desbordarse, la infraestructura sepultó municipios como Paiporta (27.875 habitantes) o Catarroja (30.612), donde la tragedia se cobró 55 y 25 vidas, respectivamente. Pese a este flujo informativo, el entonces president, Carlos Mazón, no canceló su agenda. Y asistió dos horas después a un almuerzo de casi cuatro horas en el céntrico restaurante de Valencia El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana. El Ejecutivo autonómico apuntaba en su informe la emisión a las 12.15 horas de la mañana de un “aviso especial por alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo”. El documento recogía también que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había decretado la alerta roja, la máxima en la escala. La investigación judicial ha acreditado que la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ocultó la alerta hidrológica en el Poyo la misma mañana de la dana. La omisión afloró porque Pradas escribió este dato en un documento durante una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana (Valencia). Las imágenes quedaron inmortalizadas por un cámara de una productora contratada por el Consell. El metraje fue ocultado durante meses a la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra. Dos horas y 45 minutos de que el president iniciara su comida, la Generalitat emite otro informe sobre la dana, al que también ha tenido acceso EL PAÍS. Es el tercero de la jornada. Además de recoger rescates, movilización de helicópteros, ciudadanos anónimos en tejados y coches varados en mitad del fango, el departamento de emergencias avisa de incidencias en 40 carreteras. Se deja constancia también del efecto destructor de la riada en las infraestructuras. “A las 16.00 horas, se registra el derrumbe de un puente en Requena (20.895 habitantes)”, señala el informe, de 18 páginas y titulado “Episodio Meteo dana Comunidad Valenciana”. “Desde las 13.00 horas, se han cuantificado más de 85 avisos de incomunicados, rescates y acumulaciones de agua en las zonas de Requena y Utiel”, añade el reporte. Pese al aluvión de datos, Mazón prosigue con su comida; su número dos, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero —que en ausencia del president es la segunda en el organigrama jerárquico—, se prepara para conectarse telemáticamente al Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis. Y, tras 38 minutos de reunión, abandona el dispositivo de emergencias para ir a un acto de entrega de premios de la patronal con el entonces conseller responsable de Carreteras, Vicente Martínez Mus. El informe de las 16.45 horas alerta también del cierre de los puertos de Valencia y Sagunto y de que el 112, la centralita telefónica de emergencias, suma a esa hora 772 llamadas, que se dispararán a casi 20.000 al final de la jornada. Cuando el efecto de la dana es irreversible, ya entrada la noche, la Generalitat continúa emitiendo informes. Publica un cuarto reporte a las 21.30 horas. El texto recoge que una hora antes se ha pedido a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que intervenga en la comarca valenciana de la Hoya de Buñol. Y que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el mecanismo que controla los caudales desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), indica que el caudal de la presa de Forata puede llegar a los 1.000 metros cúbicos por segundo. Y, por ello, “se ha avisado telefónicamente a los alcaldes” de la zona del eventual riesgo en este embalse en Yátova (Valencia), cuya rotura pudo causar 4.000 muertos, según informes de la Generalitat. Mazón tuvo acceso al primero de estos informes de la Agencia de Seguridad y Emergencias tras recibirlo en su móvil a las 10.40 horas del día de la dana a través de un chat de WhatsApp de altos cargos, según los mensajes que la vicepresidenta Camarero ha aportado a la magistrada de Catarroja. La revelación de que la Generalitat manejaba información sobre el riesgo del Poyo desde la mañana del día de la desgracia desmonta la teoría del apagón informativo Una tesis que han defendido durante 19 meses el Consell y los dos principales investigados en la causa, Pradas y quien fuera su número dos, Emilio Argüeso. La idea sostenía que, si el Ejecutivo autonómico no reaccionó a tiempo ante el temporal, fue porque organismos del Gobierno, como la AEMET o la CHJ, no le reportaron la magnitud de la catástrofe.