Un jefe de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha admitido este martes ante la jueza que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que la administración autonómica conoció el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia, a las 18.45 horas del 29 de octubre, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.
Pese a este flujo de información, la Generalitat no envió la alerta masiva a móviles hasta las 20.11 horas, cuando ya había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Un hecho que se ha revelado en la piedra angular de las pesquisas. La magistrada conecta en sus autos esta tardanza con las muertes.
En su declaración judicial como testigo, J. R. Cuevas ha explicado que tenían listo el sistema Es Alert de mensajes masivos desde las 17.00 horas y que él se encargó de transmitir la notificación que le dictó la exconsellera de Justicia e Interior durante la riada, la imputada Salomé Pradas. Junto al retraso en el envío, la notificación no pedía a la población subir a las primeras plantas.
“La consellera llega sobre las 19.45 horas con la redacción del mensaje con un contenido genérico para toda la provincia [de Valencia]”, ha afirmado Cuevas, que trabaja como jefe de Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo del Cecopi, el órgano de emergencias de la Generalitat que gestionó la crisis. Y ha declarado como testigo. Una condición que le obliga a decir la verdad y a contestar a todas las partes: jueces, fiscales, defensas y acusaciones particulares y populares.
