Existe una pregunta que la política pública argentina elude con llamativa sistematicidad: ¿quién trabaja en el Estado y en virtud de qué criterios llegó ahí? La respuesta, en demasiados casos, remite no a la idoneidad sino a redes de lealtad a funcionarios de turno.
El caso de Claudio Barrelier —quien ingresó a la Municipalidad de Córdoba como becario, sin rendir concurso, sin verificación exhaustiva de antecedentes y con antecedente penales previas, avanzando luego en la estructura administrativa— no constituye una excepción ni un error administrativo aislado. Es la expresión más visible de una práctica instalada: el ingreso discrecional—a dedo—en la municipalidad de Córdoba.
La administración pública no es un recurso disponible para la arbitrariedad de gobernantes de turno. Es la estructura a través de la cual el Estado presta servicios, ejecuta presupuestos y donde debe garantiza condiciones de vida urbana para todos sus habitantes.
Cuando esa estructura es colonizada por becarios y monotributistas sin concurso ni formación específica —desplazando en sus funciones a la planta permanente—, el costo no recae únicamente sobre la eficiencia estatal: lo absorbe el ciudadano que espera en una ventanilla sin respuesta ágil, el contribuyente que financia personal sin idoneidad, y el agente de carrera que ve cómo su trayectoria profesional es devaluada por designaciones que prescinden de todo criterio objetivo.
