El femicidio de Agostina Vega sigue generando consecuencias políticas e institucionales en Córdoba. Esta vez, el foco se trasladó al Concejo Deliberante, donde comenzó el debate de cinco proyectos que buscan reforzar los controles sobre empleados municipales luego de que se conociera que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente, trabajaba en la Municipalidad pese a registrar antecedentes penales recientes.
La discusión se abrió en la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, que puso bajo análisis distintas iniciativas orientadas a detectar situaciones que hoy podrían pasar inadvertidas dentro de la estructura municipal.
Schiaretti sobre Adorni: "El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más"
Uno de los proyectos centrales es el impulsado por el intendente Daniel Passerini. La propuesta plantea incorporar al Estatuto del Personal Municipal la obligación de presentar periódicamente documentación oficial que permita acreditar la situación judicial y administrativa de cada trabajador.
Entre los requisitos figuran certificados nacionales y provinciales de antecedentes penales, constancias de no inscripción en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual y certificados que acrediten no integrar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
