El costado político del caso Barrelier no terminó con la salida de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante. Por el contrario, abrió un debate sobre cómo ingresan los empleados al Estado, qué controles existen sobre sus antecedentes y qué cambios deben implementarse para evitar situaciones como la que quedó expuesta tras el femicidio de Agostina Vega.
La revelación de que Claudio Barrelier —acusado por el crimen y vinculado políticamente al exconcejal peronista— se desempeñaba en la Municipalidad, actuó como catalizador de una discusión sobre los mecanismos de ingreso al Estado. Un dilema que ya existía pero que se agravó por la falla en los controles de antecedentes del personal.
La crisis política más urgente para el PJ quedó parcialmente desactivada con la renuncia de Moreno. Sin embargo, aflora la discusión legislativa: quién controla los antecedentes de quienes ingresan a la administración pública, qué responsabilidad tienen los funcionarios que promueven esas incorporaciones y hasta qué punto el sistema actual resulta suficiente para prevenir situaciones de riesgo.
En ese punto, el intendente Daniel Passerini admitió falencias. "El sistema de controles falló y la Municipalidad falló", reconoció al explicar que la normativa vigente sólo obliga a los empleados municipales a actualizar sus antecedentes penales cada cuatro años y que, en muchos casos, el municipio depende de notificaciones judiciales que no siempre llegan.
