Ante las derivaciones políticas generadas por la contratación de Claudio Barrelier en la Municipalidad de Córdoba, que saltó ante el femicidio de Agostina Vega, el eje de la discusión pública se trasladó hacia el endurecimiento de los controles sobre los agentes municipales. En ese marco, el foco está puesto en reforzar los requisitos de ingreso, ampliar las incompatibilidades y endurecer los controles sobre antecedentes penales y narcotest para el personal de planta permanente y transitoria.
Además del proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante, existe una iniciativa del concejal radical Sergio Piguillem que apunta en el mismo sentido: fortalecer los mecanismos de control del Estado sobre sus propios agentes. Sin embargo, difiere en la lógica propuesta para resolver la falla estructural que, según entiende la oposición, exhibió el sistema de monitoreo estatal.
Estas son las seis claves del proyecto impulsado por la bancada de la UCR. La última introduce un cambio conceptual de fondo en cuanto al mecanismo para conseguir los antecedentes. Para evitar trámites individuales que pueden derivar en procesos engorrosos y burocráticos, el nuevo esquema pone el foco en la capacidad del propio Estado para acceder y actualizar la información de manera permanente.
