El impacto político del femicidio de Agostina Vega hace rato que excede el expediente administrativo y la investigación judicial. Mientras la causa avanza en tribunales y se multiplican los cuestionamientos sobre los controles municipales en habilitaciones de controles nocturnos, en el Concejo Deliberante comenzó a consolidarse una estrategia común entre distintos sectores opositores para profundizar las investigaciones sobre el sistema de habilitaciones comerciales de la ciudad.
Las diferencias que venían marcando la dinámica interna de los bloques opositores comenzaron a quedar en segundo plano a partir de la conmoción generada por el caso. En ese sentido, sostienen que el tema logró “limar asperezas” y favorecer una coordinación que no se observaba desde el primer año de gestión municipal.
La estrategia opositora se concentra actualmente en dos iniciativas. Por un lado, un proyecto para impulsar una auditoría externa e independiente sobre el funcionamiento del Ente Municipal de Fiscalización y Control. Y por otro, la creación de una comisión investigadora del Concejo Deliberante destinada a revisar los expedientes vinculados a habilitaciones y controles de locales nocturnos.
El objetivo declarado es determinar si las inconsistencias detectadas en el “expediente Wachitas” forman parte de un episodio aislado o si responden a problemas estructurales dentro del organismo encargado de controlar la actividad comercial y los espectáculos públicos en la ciudad. “Lo que está claro es que ha sido un cúmulo de irregularidades. Wachitas no es un caso aislado”, afirma un concejal en off, donde además menciona otros establecimientos que habrían quedado bajo observación pública en las últimas semanas.
