La conmoción provocada por el femicidio de Agostina Vega continúa generando réplicas políticas en distintos niveles del Estado. Mientras el oficialismo provincial y municipal intenta contener el impacto institucional del caso, la oposición redobla su ofensiva tanto en el Concejo Deliberante de Córdoba como en la Legislatura provincial, donde radicales y juecistas apuntan contra funcionarios, fiscales y decisiones adoptadas por el peronismo en los últimos meses.
En ese contexto, el intendente Daniel Passerini movió una pieza clave del tablero político municipal al disponer que Raúl La Cava reasuma este jueves su banca en el Concejo Deliberante y, en paralelo, anunciar la ampliación de los controles de antecedentes penales y narcotest para todo el personal municipal.
La decisión fue interpretada en ámbitos políticos como una estrategia para desactivar la presión que comenzaba a acumularse sobre el concejal peronista Ricardo Moreno, cuya permanencia en el cuerpo legislativo había quedado en el centro de los cuestionamientos opositores tras conocerse su vínculo político con Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina.
Con el regreso de La Cava en la sesión de este jueves —uno de los dirigentes de confianza de Passerini y del gobernador Martín Llaryora— el peronismo desactivó la avanzada opositora para expulsar a Moreno del cuerpo deliberativo. En las últimas horas, incluso algunas voces del oficialismo dejaron trascender que no estaban dispuestas a bancarlo en ese escenario. Así, la situación de Moreno amenazaba con monopolizar el debate político.
