El clima político en Córdoba entró en una fase de confrontación. Después de que la oposición impulsara pedidos de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez y reclamara la salida de Juan Pablo Quinteros del Ministerio de Seguridad por el caso Agostina Vega, el PJ provincial decidió pasar al ataque y mover el eje de la discusión hacia el Tribunal de Cuentas de la provincia.
La maniobra oficialista, que ya circula en los pasillos legislativos como el “efecto Carasso”, busca herir a la UCR y al juecismo a partir de la investigación judicial que involucra al dirigente radical Marcos Carasso, cuya vivienda y oficina en el Tribunal de Cuentas fueron allanadas en una causa vinculada al PAMI.
Fueron semanas complejas para el peronismo gobernante. El asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos aparecieron en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, generó un fuerte impacto político y mediático.
La oposición —principalmente la UCR y el juecismo— descargó críticas por las derivaciones institucionales del caso y por los vínculos políticos que rodean al principal sospechoso, Claudio Barrelier, extrabajador municipal relacionado con el exconcejal peronista Ricardo Moreno y con sectores de las barrasbravas en la capital cordobesa.
