Lo que amenazaba con convertirse en una de las sesiones más ásperas de los últimos meses terminó derivando en una tregua táctica de último momento. El oficialismo decidió pausar la ofensiva que venía preparando contra el radical Marcos Carasso, una avanzada que, en términos políticos, también implicaba apuntar contra los principales referentes opositores, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.
El PJ modificó la estrategia y desistió de impulsar el tratamiento sobre tablas de una serie de iniciativas vinculadas a la situación judicial del dirigente radical y ahora exfuncionario del Tribunal de Cuentas que conduce el juecismo. De haberse habilitado esa discusión, el recinto habría quedado expuesto a un intercambio de alto voltaje en torno a un debate mucho más amplio sobre las implicancias institucionales y políticas del femicidio de Agostina Vega.
El peronismo resolvió no llevar al pleno, mediante una habilitación con mayoría agravada, los pedidos de informes impulsados por el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, y por la aliada Karina Bruno sobre la imputación de Carasso en una causa vinculada a una presunta estafa al PAMI y sobre el reciente allanamiento al Tribunal de Cuentas.
En cambio, optó por otra táctica: pasar al contragolpe y concentrar sus cuestionamientos en la oposición, acusando a radicales y juecistas de hacer un uso político del caso Agostina Vega y de incurrir en lo que definieron como un permanente "carancheo" político.
