En España se presentaron el año pasado un total de 144 396 nuevas solicitudes de protección internacional, se gestionaron por agilización del trámite 160.663 expedientes, un 67% más que en 2024, pero solamente se concedieron una de cada nueve solicitudes de asilo (11,2%), situando a España a la cola de Europa en protección internacional, según ha revelado este lunes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en la presentación de su 24 informe anual sobre España y Europa.En la presentación, CEAR ha denunciado un incremento de "políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos" que está detrás del primer descenso en una década de las personas desplazadas a nivel mundial: 117,5 millones, un 5% menos que el año anterior. Sin embargo, la entidad señala que este descenso no viene acompañado de menos necesidades de protección internacional, sino que se siguieron intensificando los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en el mundo. Entre esas "políticas hostiles", CEAR ha destacado el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el viernes y que plantea importantes desafíos para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización ha llamado la atención especialmente sobre la lista común de países considerados seguros, ya que entre ellos se incluyen "algunos con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez", y ha pedido al Gobierno utilizar su potestad para establecer su propia lista de países seguros.Además, ha alertado sobre el futuro reglamento de retorno porque dicen que supone graves riesgos para los derechos humanos al prever la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país. Una medida que sigue el modelo Italia-Albania, paralizado por la Justicia italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)."España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, ha dicho Mónica López, directora de CEAR.Cada vez menos protección, pero más necesidades Sobre 2025 CEAR recuerda que Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, la región del Sahel, la República Democrática del Congo, Somalia y Palestina representaron las principales crisis de desplazamiento forzado. La mayoría de las personas desplazadas lo fueron dentro de su propio país y quienes tuvieron que traspasar fronteras han sido acogidas sobre todo por países vecinos.También han destacado que las situaciones se han ido cronificando y agravando, y a las que se han sumado en este principio de año los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano, que amenazan aún más si cabe la paz y la justicia global. En este contexto y debido a la extensión de políticas hostiles contra la migración, CEAR alerta de que millones de personas se ven condenadas a sobrevivir en lugares donde sus derechos y sus vidas corren serio peligro. De 2005, destaca la organización "los desplazamientos forzosos en la Franja de gaza y Cisjordania por el atroz genocidio israelí", en palaras de la directora general, Mónica López.Sobre España, el informe recoge una reducción significativa solicitudes de asilo (13,7%), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Esto se debe, según CEAR, a la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios, sobre todo en la ruta canaria, y al efecto disuasorio del nuevo Reglamento de Extranjería (Reloex), el cual agiliza los plazos, pero no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo. Aun así es el tercer país de la UE con más solicitudes, solo después de Alemania y Francia.Venezuela se mantiene la primera nacionalidad de solicitudes con un total de 85 413 (el 59,1 %), lo que supone un incremento del 29,1%, seguida de Malí, con 16.004 solicitudes y un aumento del 50%. Las solicitudes de personas de Colombia, Perú o Senegal cayeron estrepitosamente.El informe recoge que en 2025 se resolvieron en España 160.663 expedientes, un 67% más que en 2024, por lo que las solicitudes pendientes se redujeron a 218.731, un 9,6% menos. La tasa de reconocimiento descendió del 18,5% al 11,2%. Así, se dictaron 7.838 resoluciones de estatuto de refugiado (4,9%), 6,3% de protección subsidiaria, 57.333 resoluciones de razones humanitarias (35,6 %) y 68.329 resoluciones desfavorables (42,5 %). Los archivos ascendieron a 16.991, el 10,5% del total.Así, tasa de reconocimiento sitúa a España en el antepenúltimo lugar de la UE en cuanto a resoluciones favorables, solo por delante de Croacia y Chipre y, una vez más, muy alejada de la media europea del 35%. Según CEAR, este bajo porcentaje de asilo se explica por "una práctica restrictiva del Ministerio del Interior", en "automatismos como los de 'país seguro de origen' y a solicitantes de estos países no se les da protección", y en que, como en España está abierta la vía de extranjería, "se haya interpretado de forma muy restrictiva el asilo", han explicado.Disminución de llegadasSobre la llegada de migrantes, según CEAR las políticas de externalización de fronteras provocaron una reducción "considerable" de las llegadas a costas canarias, un 62% menos que el año anterior, sobre todo por refuerzo del control migratorio en Mauritania. En dos años ha descendido un 84% las llegadas en esa ruta, han destacado. No obstante, aumentaron a Baleares un 24,5%, consolidándose la nueva ruta que parte desde Somalia. En este contexto, CEAR ha vuelto a reclamar a España que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdida de vidas en las rutas migratorias.Además, la organización ha subrayado que el 15% de las llegadas a costas fueron niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares. Desde CEAR aseguran que cada vez llegan a España en una situación médica más delicada por la travesía.Cifra sin precedentes de delitos de odio CEAR denuncia en su informe anual que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que también persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas.Obstáculos en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna y al empadronamiento. Además, la escalada del racismo y la xenofobia continúan constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión, han denunciado. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que agrieta las sociedades. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, ha reclamado Mauricio Valiente, director de CEAR.