Por primera vez en una década, el número de personas desplazadas forzosamente en el mundo descendió hasta los 117,5 millones en 2025, un 5% menos que el año anterior. Sin embargo, esta reducción no responde a una mejora de la situación internacional, sino al endurecimiento de las políticas migratorias, la externalización de fronteras y al aumento de los retornos forzosos, según ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) este lunes durante la presentación de su Informe Anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa.PublicidadEn este contexto, CEAR denuncia que las políticas restrictivas impulsadas por numerosos gobiernos están cerrando vías de acceso al asilo y condenando a millones de personas a permanecer en lugares donde sus vidas y sus derechos corren peligro.España no escapa de esta tendencia. Durante 2025, las solicitudes de protección internacional descendieron un 13,7%, rompiendo la dinámica de crecimiento sostenido de los últimos años. Aún así, es el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibe, solo por detrás de Alemania y Francia. CEAR atribuye la caída, por un lado, a la disminución de llegadas derivada de los acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y, por otro, al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX).La entidad explica que la RELOEX impide que el tiempo de espera durante la tramitación de una solicitud de asilo pueda computarse a posteriori para otras modalidades de arraigo. Como consecuencia, las peticiones de asilo de ciudadanos de Colombia, Perú y Senegal se desplomaron, mientras que Venezuela se mantuvo como la principal nacionalidad entre quienes solicitaron protección internacional en España.A esta situación se suma el descenso de la tasa de reconocimiento de protección internacional. España concedió asilo o alguna forma de protección en solo el 11% de las resoluciones emitidas, más de siete puntos menos que el año anterior. Se trata de una de las cifras más bajas de la UE, muy alejada de la media comunitaria, que se sitúa en el 34%.PublicidadLlegadas a EspañaLas llegadas irregulares al continente descendieron un 24% respecto al año anterior, consolidando la tendencia a la baja iniciada en 2024 y rompiendo con el ciclo ascendente registrado entre 2020 y 2023. No obstante, las muertes y desapariciones en las rutas migratorias se mantuvieron en niveles muy elevados, con 3.400 casos registrados, lo que para la ONG refleja que las rutas siguen siendo extremadamente peligrosas, y la capacidad de búsqueda y rescate, "insuficiente".En España, este cambio se ha traducido en una caída del 62% en las llegadas a las costas canarias en 2025 respecto al año anterior, un descenso que el estudio atribuye a las políticas de externalización y a los acuerdos con terceros países destinados a frenar las salidas hacia el archipiélago.Aunque la bajada de llegadas a Canarias no supone una disminución del fenómeno migratorio hacia el país, sino un desplazamiento de las rutas. En paralelo, Balears ha registrado un aumento del 24,5% en las llegadas, consolidándose como una vía emergente en el Mediterráneo occidental, vinculada a nuevas trayectorias que parten desde zonas como Somalia.PublicidadMientras que las llegadas de personas migrantes a Ceuta y Melilla aumentaron en 2025 por vía terrestre respecto al año anterior. En Ceuta, las entradas por tierra crecieron un 39,2%, hasta las 3.523 personas, aunque las llegadas marítimas descendieron un 85,7%, con solo cuatro personas a bordo de dos embarcaciones. En Melilla, las llegadas aumentaron tanto por vía marítima, con un incremento del 19% hasta las 25 personas, como por vía terrestre -incluidas las entradas a nado-, que se dispararon un 181,9%, hasta las 327 personas. CEAR insiste en que, pese a estos cambios en las rutas, las razones que empujan a las personas a huir siguen intactas: conflictos armados, persecuciones, violencia y situaciones de extrema vulnerabilidad. La falta de vías legales y seguras para solicitar protección internacional, advierte la organización, está obligando a muchas personas a emprender trayectos cada vez más largos, inciertos y peligrosos. Por ello, reclama al Gobierno español la creación de mecanismos que garanticen el acceso al asilo sin tener que arriesgar la vida en el mar.El informe también alerta de la llegada de personas migrantes con graves problemas de salud desarrollados tanto en sus países de origen como durante el trayecto. Entre los casos detectados figuran afecciones renales, estados de coma tras las travesías en patera o cayuco, secuelas provocadas por la ingesta de agua salada y la exposición al frío, así como enfermedades asociadas al viaje, como el conocido "pie de patera".Además, se han identificado numerosos casos de trastornos de salud mental, como estrés postraumático, patología dual y profundos sentimientos de desesperanza.Pacto Europeo de MigraciónEste escenario se enmarca además en un contexto europeo de creciente endurecimiento de las políticas migratorias, marcado por la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo desde el pasado viernes, que según CEAR abre importantes desafíos para la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.Uno de los aspectos que más inquietud genera es la elaboración de una lista común de países considerados seguros para el retorno de solicitantes de asilo. CEAR considera especialmente problemático que en dicha lista figuren países como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez, donde persisten importantes déficits en materia de derechos humanos."Colombia es un país que vive con un conflicto armado interno muy fuerte. A pesar de los intentos de alcanzar un acuerdo de paz, los grupos armados han ido creciendo y han aprovechado el abandono institucional en muchas zonas durante años. Desde enero a mayo ha habido 34 asesinatos de activistas. Por todo esto y muchas más razones, considero que el país no garantiza la seguridad de las personas", explica Luis Carlos Agudello, migrante colombiano.Asimismo, la organización ha alertado sobre el futuro Reglamento de Retorno de la Unión Europea, que contempla la posibilidad de prolongar detenciones o trasladar a personas migrantes a centros de deportación ubicados en terceros países, incluso cuando no exista ningún vínculo entre el migrante y el Estado al que sería enviado.Publicidad"España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes", sostiene Mónica López, directora de CEAR.CEAR también reclama que España no elabore su propia lista de países de origen seguros, ya que no es obligatorio, y a juicio de la organización, podría limitar el acceso efectivo al derecho de asilo. Asimismo, pide dotar de recursos suficientes al mecanismo independiente de supervisión del control fronterizo previsto en el PEMA y ampliar sus competencias para investigar posibles vulneraciones de derechos fundamentales en las fronteras y proponer sanciones cuando corresponda.La deriva restrictiva de la UE contrasta con la regularización de España. Una medida que la ONG valora positivamente, aunque insiste en que se trata de una norma extraordinaria, mientras que consideran que debería crearse una vía estructural y estable para que las personas migrantes puedan acceder a permisos de residencia y trabajo.PublicidadHasta la fecha se han presentado alrededor de un millón de solicitudes, de las cuales unas 300.000 siguen en trámite, según señalan. Unos retrasos que la ONG atribuye a las dificultades para conseguir cita y a la falta de recursos, factores que han ralentizado el proceso más de lo esperado. "Los retrasos generan una gran angustia entre las personas en situación irregular, porque obtener un permiso de trabajo resulta una necesidad urgente", sostiene Mónica López.El genocidio en PalestinaEl informe identifica a Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, Somalia, la República Democrática del Congo, Palestina y la región del Sahel como algunos de los principales focos de desplazamiento forzado durante 2025. Además, señala que la mayoría de las personas desplazadas de manera forzosa lo eran dentro de su propio país y quienes tuvieron que traspasar fronteras fueron acogidas sobre todo por países vecinos de renta media y baja.Asimismo, denuncian que debido a "la campaña genocida de Israel contra la población palestina" las personas afrontan dificultades para completar los trámites de reagrupación familiar debido al bloqueo que sufre Gaza, atrapando a miles de personas entre las bombas.Racismo y xenofobiaMás allá del acceso al sistema de asilo, CEAR advierte de que las dificultades se extienden también a la vida cotidiana de las personas migrantes y refugiadas en España. La organización denuncia obstáculos en el acceso a derechos básicos como el Ingreso Mínimo Vital, la vivienda o el empadronamiento, "lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas", apuntan.PublicidadAdemás, según el informe, los incidentes relacionados con el racismo y la xenofobia aumentaron un 23,6% en 2025, alcanzando la cifra más alta desde que existen registros del Ministerio del Interior.“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que agrieta las sociedades. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Mauricio Valiente, director de CEAR.