La recuperación pública de la gestión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) fue uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza generó al anterior Gobierno del Botánico, por las trabas y la enorme cantidad de recursos judiciales que pusieron las empresas concesionarias para torpedear el proceso que impulsó el entonces conseller, Rafa Climent (Compromís), al finalizar los contratos otorgados 25 años atrás. La idea del Consell era que los beneficios que hasta ese momento habían obtenido las empresas revirtieran en las arcas públicas con el objetivo de rebajar las tarifas y mejorar el servicio ampliando el número de estaciones.
La externalización del servicio la impulsó el entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (PP). Un proceso por el que, junto con el Plan Eólico, fue condenado por la Audiencia de Valencia a 10 años y cinco meses de prisión como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil en el marco del 'caso Erial'. Además, se le impuso una multa de 25 millones de euros. El expresidente, en libertad provisional con medidas cautelares, recurrió el fallo al Supremo.
Para gestionar el nuevo servicio de las ITV, el ejecutivo dirigido por Ximo Puig creó el 26 de febrero de 2023 la Sociedad Valenciana de ITV SA (Sitval), empresa pública que asumió las diferentes estaciones y los empleados. Según las cuentas depositadas por la entidad en el registro mercantil, en 2023 obtuvo unos beneficios después de impuestos de 10,9 millones de euros, en 2024 de 7 millones y en 2025 de 5,8 millones de euros. En total, 23,7 millones que han entrado a las arcas públicas.
