El Consell de Juan Francisco Pérez Llorca (PP) avanzó hace escasamente un mes por streaming, a toda la audiencia que quiso escucharlo, y en plena huelga de profesores de la enseñanza pública, una inversión millonaria —más de 1.410 millones de euros hasta 2029— para mejorar los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Pero no habían pasado ni unas semanas y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desautorizó su decisión de hace tres años, nada más acceder al poder, de impugnar la delegación del anterior Gobierno autonómico a varios ayuntamientos valencianos para que mejorasen el estado de sus colegios e institutos. El Gobierno del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, lanzó en el año 2017 el Plan Edificant para agilizar la mejora y construcción de centros educativos públicos en toda la comunidad autónoma. La Generalitat no tenía suficiente capacidad para actuar simultáneamente en una red pública de más de 1.400 colegios e institutos, algunos de ellos antiguos, con barracones y sin planes de climatización, y por ello delegó en los municipios. Los ayuntamientos ponían el trabajo de sus técnicos y preparaban las licitaciones y la Generalitat libraba los fondos cuando todo estaba correcto. La colaboración de la Consejería de Educación, que dirigía Vicent Marzà (Compromís), con los ayuntamientos se saldó con 835 delegaciones, y la mayoría, 820, se tramitaron a lo largo de las dos legislaturas. Otras 15 se concedieron estando ya el segundo Gobierno del Botànic en funciones. Pero un PP ya al frente de la Generalitat las paró por “lesividad”. “Eran delegaciones pedidas tres o cuatro meses antes de las elecciones de 2023”, asegura el entonces secretario autonómico de Educacion, el socialista Miguel Soler, que las defiende. “Ya habíamos hecho 820 delegaciones, entonces ¿cómo argumentan que son extraordinarias? Era una continuidad ordinaria de lo que habíamos hecho ya“, añade.Más de 60 millones de euros de inversión en centros educativos quedaron entonces en el aire, congelados, tras el cambio de color político del Ejecutivo autonómico en 2023. “Hemos perdido toda una legislatura”, apunta pasados tres años el socialista Rafa Garcia, alcalde de Burjassot, uno de los ayuntamientos damnificados, que recurrieron ante la justicia la anulación y al que el alto tribunal le acaba de dar la razon.No recurrieron todos los ayuntamientos afectados por esos 15 proyectos educativos paralizados pero los que sí lo hicieron seguro fueron los municipios de Mislata (47.000 habitantes), Burjassot (39.700 hab.), Albalat dels Sorells (4.300 hay.), Senyera (1.114 hab.), o Casinos (3.153 hab). Y a todos ellos, el tribunal les ha ido dando la razón mientras continua el goteo de resoluciones judiciales. El Consell del PP estudia ahora si recurre este puñado de sentencias, aunque, en opinión de Soler, actual secretario de Educacion en la Ejecutiva del PSPV-PSOE, “no tienen mucho a lo que acogerse”. El argumento del TSJCV es que la regulación que hay de la ley de Gobierno de la Generalitat Valenciana no establece con claridad limitaciones de lo que puede hacer el Consell cuando está en funciones. Más allá de que no se hagan cosas extraordinarias. Algo parecido le pasó también al Botànic con la orden de plantillas de Educación. La aprobó también en funciones pero antes de hacerlo se aseguraron con una consulta a la Abogacía autonómica de que era posible. Soler asegura que el PP ya lo había hecho antes: en 2015, el mismo día que el socialista Puig tomaba posesión del cargo de president de la Generalitat, la consejera de Educación en funciones, María José Catalá, del PP, publicó la orden que regulaba la plantilla de Secundaria, que permaneció en vigor años. El nuevo Consell del PP anuló la orden de plantillas también pero dos sindicatos lo recurrieron y el TSJCV suspendió cautelarmente la instrucción del Ejecutivo autonómico. “La pregunta que debiera haberse hecho Rovira, que recuerdo se estrenó en el cargo en 2023 con esa famosa frase de ‘me llegan voces de que hay centros que no saben qué hacer con tanto profesor’, es si hacían falta o no esas 15 delegaciones porque eran obras imprescindibles para mejorar los centros educativos”, subraya Soler, que lamenta que el PP haya hecho perder “un tiempo precioso por pura decisión política”. El secretario de Educación en la Ejecutiva que lidera Diana Morant añade que la inmensa mayoría de obras recogidas en los 1.400 millones de euros anunciados semanas atrás por Educación para su plan de infraestructuras no son obras nuevas sino trabajos en marcha del Plan Edificant. “Es una lista inmensa de obras pero son para cumplir con lo que ya está delegado”, asegura Soler. En Mislata, municipio gobernado por el socialista Carlos Fernández Bielsa, la sentencia desbloquea una inversión de 3,3 millones de euros, correspondientes a actuaciones educativas comprometidas por el Consell que nunca llegaron a completarse. La sentencia permitirá realizar las actuaciones previstas en el CEIP Almassil, con 822.000 euros; el CEIP Gregorio Mayans, con 702.699; el IES Molí del Sol, con 1,2 millones de euros; y el Centro Público de Formación de Personas Adultas (CPFPA Mislata), con 536.377 euros. El socialista Rafa García, alcalde de Burjassot, lamenta que la Generalitat, entonces presidida por Carlos Mazón, dejara sin efecto todo el trabajo realizado por el Ayuntamiento desde 2020 para renovar el colegio de educación infantil y Primaria Fernando de los Ríos, para el que se consignaron 2,3 millones de euros. “Solicitamos a la Generalitat que no dilate más los procesos y se puedan retomar ya de una vez por todas las reformas en este colegio, porque a quien realmente afecta es a nuestras y nuestros niños”, ha manifestado. En el caso del municipio de Casinos, el Ayuntamiento se quedó, tras el recurso del Consell, sin más de 200.000 euros para renovar la carpintería exterior y la instalación de marquesinas en el colegio La Pau. Y en el municipio de Albalat dels Sorells estaba pendiente la reforma integral del colegio El Castell, con un presupuesto de 1,1 millones de euros. Solo los ayuntamientos mencionados suman 7 millones de euros en reformas pendientes. La Consejería de Educación no ha respondido, a preguntas de este diario, si estas obras pendientes están incluidas o no en el plan anunciado en junio. La Administración autonómica dispone de 30 días para recurrir en casación las sentencias del TSJCV y mientras se decide, las inversiones continuarán bloqueadas. En medio de esta marejadilla judicial, el presidente de la Generalitat avanzó el pasado 9 de julio que, a partir de la segunda quincena de este mes, “el Consell empezará a transferir a todos los centros educativos una dotación económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros para climatización.