Con el verano comienza la yincana para conseguir una atractiva concesión municipal. Los chiringuitos de las playas de Cambrils (Tarragona), por ejemplo, supondrán a los adjudicatarios un canon de entre 19.000 y 58.000 euros anuales. La temporada estival concentra las licitaciones para explotar servicios como chiringuitos, terrazas, hamacas, escuelas de deportes náuticos, campamentos, instalaciones recreativas, piscinas y un largo etcétera. Pero el laberinto legal de estas contratas provoca, en ocasiones, disputas entre candidatos y roces por el cumplimiento de los pliegos tras la adjudicación. Además, suelen surgir imponderables durante el periodo de concesión, como defectos ocultos, accidentes y otros problemas sobrevenidos que pueden desembocar en la revocación de la propia contrata e, incluso, el desistimiento del concesionario. Una concesión puede acabar siendo una verdadera ruina.Lucía Roxana Pall logró en 2020 la adjudicación por 15 años del Parque Ecológico La Dehesa, una zona recreativa compuesta por un robledal centenario de seis hectáreas, piscina natural y un gran chiringuito en el término de Cerezo de Abajo (Segovia). “El pliego de condiciones incluía dos grandes retos: la impermeabilización de la piscina y el cerramiento del restaurante”, recuerda. Pero su ilusión inicial por trabajar en plena naturaleza se fue diluyendo con el paso del tiempo: pronto comprobó que la memoria y el pliego no decían la verdad. Las deficiencias de la piscina, que “perdía 50.000 litros diarios de agua”, obligaron a levantarla por entero. También repuso la depuradora y las tuberías, además del techado de los vestuarios. Y en la zona de restauración, “la cocina consistía en una habitación vacía con un grifo, sin ni siquiera un lavabo, y la puerta del bar era un palé”, rememora.Lucía y su pareja, Iván, llevan seis años salvando obstáculos. La lucha legal por preservar las instalaciones los llevó a contratar asesoramiento jurídico. Ahora son conscientes de la necesidad de inventariar, negociar con las Administraciones para compensar los excesos de los presupuestos, solicitar ayudas y lidiar con contingencias de toda índole. Al menos, el preceptivo fondo de mejora de la concesión ha servido para instalar algunas mesas y ejecutar una reforestación. La moraleja es clara: una concesión mal planificada conduce al fracaso. Consuelo Doncel, secretaria general del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), señala que “los incumplimientos y la exigencia de responsabilidad son los aspectos más críticos a la hora de configurar los expedientes administrativos de estas licitaciones”. Dejar a los vecinos sin veraneo es un daño colateral que pueden utilizar los titulares para presionar al consistorio: “Resolver concesiones a mitad de temporada significa dejar una piscina municipal sin servicio, suspender actividades o incluso cerrar instalaciones”, subraya. Para evitar estas adversidades, los poderes públicos deben intensificar sus esfuerzos. Doncel defiende que “la Administración siempre va a tratar de velar por garantizar la continuidad del servicio”, salvo que el incumplimiento sea palmario y obligue a resolver el contrato. Por ello, propone “una regulación exhaustiva de causas de incumplimiento en los pliegos”, adaptada a cada tipo de concesión, y “dejar muy claro el régimen sancionador aplicable”.Marco normativoA la multitud de imprevistos de estas licitaciones se une un enrevesado marco normativo que puede cambiar, ya que las concesiones pueden otorgarse por largos periodos e incluso alcanzar los 50 años. Juan Jiménez, socio de Atland Abogados y Economistas, subraya que las actuaciones administrativas durante este periodo deben respetar la legalidad vigente en cada momento. “La validez de una concesión otorgada décadas atrás no puede valorarse exclusivamente con arreglo al marco normativo vigente en la fecha de su adjudicación”, explica, y sus efectos deben “mantenerse compatibles con el ordenamiento aplicable en cada momento”. El letrado va más allá y deja abierta la posibilidad de que otros competidores aspiren a compartir los espacios públicos cuando el uso “se revele compatible con la concesión preexistente y responda a una finalidad de interés público”. “El concesionario no ostenta un derecho incondicionado de exclusividad”, sostiene Jiménez. El abogado cita un caso resuelto por el Tribunal Supremo en 2024, que involucraba a los autobuses turísticos de Madrid: los magistrados evitaron calificar la actividad como “servicio público”, allanando el camino a la entrada de nuevos operadores.José María Monedero y María Vázquez, letrados del área de derecho público y regulatorio de Dikei Abogados, confirman que una concesión prolongada es más propensa a complicaciones “por cambios normativos, exigencias ambientales, avances tecnológicos....”. No obstante, estas circunstancias sobrevenidas no pueden exonerar al incumplidor: “Las condiciones de las autorizaciones y concesiones de estos servicios de temporada vinculan al titular”, subrayan.Todos estos contratiempos pueden llevar al concesionario a no asumir su carga. Monedero y Vázquez plantean soluciones: “La ley permite la transmisión o cesión del título a un tercero solvente, bajo conformidad del órgano concedente”. También cabe la opción de “extinguir la concesión demanial de mutuo acuerdo”, lo cual “puede ser más favorable para las pequeñas empresas”, razonan. Por último, es posible no renovar una concesión ya expirada a pesar de las presiones e intereses económicos. Como ejemplo, Parques Nacionales adujo razones de impacto ambiental para lograr el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada, con la oposición de dos gobiernos autonómicos.La Administración, por su parte, puede adelantarse al descalabro mediante “el rescate de la concesión, que se extingue anticipadamente y de forma unilateral”, señalan los abogados de Dikei. En estos casos, “se abona al concesionario una indemnización por el perjuicio material causado”. Pero, si el titular incumplió gravemente sus obligaciones, no será compensado. Concursos desiertosCada año, numerosos ayuntamientos declaran desiertos los concursos. Así sucedió el pasado verano con las piscinas de Cáceres, por falta de licitadores, y de Aranda de Duero (Burgos), porque las escasas propuestas no cumplían los requisitos mínimos. “La dimensión social de estos servicios municipales es considerable”, apunta Consuelo Doncel, secretaria general del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla). La funcionaria pone como ejemplo los bares del Hogar del Pensionista en pequeñas localidades, muchas veces “único espacio de socialización del pueblo”. Estos servicios, fundamentales para los vecinos, sufren la falta de candidatos por no resultar económicamente atractivos. Doncel advierte de la necesidad de cuidar estos concursos, que “deben ser rentables para los concesionarios, pero, sobre todo, para los ciudadanos”.