A veces es útil fijar un principio en algunas historias para que puedan tener un final. Esta podría comenzar en Pont-sur-Sambre, un pequeño pueblo francés de 2.500 habitantes atravesado por un río y a pocos kilómetros de la frontera con Bélgica. Finales de los años ochenta. El neolítico de la lucha contra la violencia machista. Dino Scala, un vecino de 56 años, viola a unas cincuenta mujeres. Siempre con los mismos métodos, a la misma hora, en el mismo lugar. Dos décadas de horror. Falla todo el sistema. Faltan pruebas, testigos, interés. La policía y la justicia se hunden en negligencias. Las mujeres vuelven desesperadas a casa después de que sus denuncias no sirvieran para nada. Y Scala sigue violando de madrugada, con una cuerda. Sambre fue el símbolo del desastre. Pero no ocurrió nada entre 1988 y 2018. Hubo que esperar hasta 2022 para que fuera procesado por 19 violaciones. Hace un año se le juzgó por otros 13 casos.Unos 40 años después, las asociaciones contra la violencia a mujeres y niños creen que prácticamente nada ha cambiado. En la otra punta del país, en el pequeño pueblo de Fleurance, también a orillas de un río, el Gers, la pequeña Lyhanna, de 11 años, muere a manos de un agresor reincidente. Jérôme Barella, su presunto secuestrador y principal sospechoso, es el padre de una de sus amigas; presunto pederasta, previamente denunciado y señalado decenas de veces por otras víctimas. Nunca fue interrogado por la policía. Las causas son variadas: desidia, falta de medios y negación de la violencia infantil, denuncian los expertos. La policía recuperó el cuerpo sin vida de Lyhanna después de una semana de búsquedas. Y en ese momento Francia descubrió que el sufrimiento de miles de mujeres y niños había sido en vano en las últimas cuatro décadas. “Es un fiasco enorme del sistema”, admitió el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. “La institución judicial no ha sabido proteger a la niña (…) Hemos fallado en el seguimiento de las denuncias”, insistió. Acorralado, ante las voces que pedían ya su dimisión, Darmanin anuncia que se revisarán 70.000 expedientes de casos de abusos y violaciones a menores que habían sido archivados sin investigación. Un agujero negro que avergüenza a toda Francia, movilizada durante toda la semana ante la puerta de los grandes tribunales. ¿Punto final?Más de 40 años después del horror de Sambre, muchos de los problemas que encontraron las víctimas entonces siguen igual, sostienen los expertos consultados por este periódico. “No ha cambiado. La justicia ha decidido que la violencia sexual contra mujeres y niños no es una prioridad”, señala al teléfono Céline Piques, portavoz de la asociación Osez le féminisme.“El ministro de Justicia ha convertido la lucha contra el narcotráfico en su prioridad. Las instrucciones judiciales [sobre presuntas agresiones sexuales] se evaporan, el 90% de los casos se archiva. El caso de Lyhanna es un síntoma de esa podredumbre. La primera denuncia, de hace años, se archivó sin seguimiento ni un solo acto de investigación. El acusado ni siquiera fue convocado por la justicia. ¿Se lo imagina? Vas a la comisaría, denuncias, y ni siquiera citan a declarar al presunto autor de los hechos. Luego recibes un correo en el que te dicen que se ha archivado la denuncia porque no está suficientemente fundamentada”, lamenta Piques.Las víctimas de violación francesas esperan más de 10 meses hasta que se empieza a investigar su denuncia, según la Fundación de Mujeres, que asegura que, luego, el 94% se archiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia en abril de 2025 por no proteger a tres mujeres que denunciaron violaciones cuando tenían 13, 14 y 15 años y alegaron que las autoridades francesas no las habían protegido. Les dio la razón.El caso Lyhanna es todavía peor. El detenido, de 41 años y padre de dos hijos que van al mismo colegio que la víctima, había sido denunciado hasta en cinco ocasiones. La primera, en 2017. Le echaron de un instituto en el que trabajaba tras la denuncia por acoso sexual de una alumna. Pero las demandas se desestimaron. Las negligencias no son puntuales. Hace un año, el país entró en shock con el juicio al cirujano Joël Le Scouarnec, condenado a 20 años de cárcel por abusar o violar durante tres décadas a más de 300 jóvenes, la mayoría menores de edad, en consultas o quirófanos. Fue detenido en 2017, a pesar de que había sido condenado ya en 2005 por posesión de imágenes pedófilas. No se le prohibió ejercer, siguió tratando con niños y adolescentes. Pero ha habido más casos increíbles de abusos a mujeres y niños. Gisèle Pelicot. El cantante Patrick Bruel. Los últimos episodios han ocurrido en las actividades extraescolares de colegios París: una ola de denuncias de abusos sexuales en un centenar de escuelas a monitores; 78 de ellos están siendo investigados. Los motivos son variados, opina Piques. “Falta de medios flagrante, pero también de prioridad. El año pasado, [el ministro] Darmanin puso el foco en la lucha contra el narcotráfico, movilizó a todo el mundo en toda Francia. Cuando hacen eso, no hacen otra cosa. Claramente, la prioridad, aunque [el presidente] Macron prometiese que esta iba a ser la legislatura contra la violencia a las mujeres y los niños, nunca ha sido otra. La Gendarmería no hizo las investigaciones que le pidieron, se entierran las instrucciones. Hay 70.000 denuncias que esperan. Y eso son 70.000 niños en peligro y 70.000 hombres en situación de volver a violar. No estamos a favor de la represión por la represión, sino de una cultura de la protección. Lo que ha pasado con Lyhanna es que se dejan pudrir los expedientes”, denuncia.Las cifras son escandalosas en el caso de los menores. Unos 160.000 niños son violados cada año en Francia, según las estimaciones a través de proyecciones y sondeos de la Comisión Independiente sobre el Incesto y las Violencias Sexuales Cometidas contra los Niños. Cada tres minutos hay un menor víctima de agresión sexual, violación o incesto, según Ciivise, la asociación contra el incesto, que cita datos oficiales. Equivale a tres niños o niñas de cada clase escolar. Mié Kohiyama, superviviente de abusos cuando era menor y cofundadora de BeBraveFrancy del Brave Movement, cree que es un problema sistémico. “El 94% de las denuncias en casos contra menores se archiva. No hay juicios. Y solo 1% de los agresores son condenados. A veces un incesto puede tener una condena suspendida. Lo que es nuevo ahora en la muerte de Lyhanna es que los errores del sistema se han visto a plena luz del día”. Las denuncias no llegan a puerto. Se pierden. “Archivadas sin seguimiento”. Esa es la expresión maldita. Tampoco prosperó la de Rosa, una niña de 11 años, amiga de Lyhanna, que había sido supuestamente violada por el mismo hombre. La Gendarmería, en lugar de investigar el caso, la amenazó con denunciarla por acoso si seguía llamando. Si le hubieran hecho caso, Lyhanna seguramente seguiría viva. La familia de Rosa ha decidido ahora denunciar al Estado. “Hemos animado a la gente a denunciar, por supuesto. A hablar. Pero no se han puesto los elementos suficientes para tratar los dosieres que llegan. Hay un número de magistrados menor al necesario. Por debajo de la media europea”, denuncia la diputada Maud Petit (MoDem), autora de una propuesta de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos de abusos a menores y presidenta de la comisión de investigación parlamentaria sobre el tratamiento judicial de los casos de violencia sexual e incesto. “Faltan medios, magistrados, formación para policías y gendarmes. Y por eso el niño siempre es obligado a repetir muchas veces las cosas, con preguntas mal formuladas, que ponen en duda su palabra, y al final deja de hablar. Es dramático”, apunta.Casos como el del cirujano condenado el año pasado ponen de manifiesto esa suerte de omertà. O vergüenza. “Es más bien la negación. Existe desde hace décadas y generaciones sobre la violencia sexual infantil, porque crea un trastorno muy grande. Y muchas personas no lo pueden asumir. Pero termina afectando también al sistema judicial. Los jueces prefieren juzgar cosas más simples con pruebas. Si hay un ladrón que roba un banco, habrá ADN, personas que han visto el robo… Habrá resultados claros y fáciles de obtener. Con la violencia sexual infantil no tienes pruebas, porque la violación no tiene testimonios, no hay ADN, los niños no hablan…“, insiste Kohiyama.Francia sabe que tiene un problema con los abusos y su tramitación judicial. El ministro de Justicia viajó en abril a España junto con una delegación de altos magistrados y el fiscal del Tribunal Supremo francés para inspirarse en la ley española de protección integral contra la violencia de género de 2004, pionera en Europa y que Francia tiene como modelo. Las asociaciones de protección de menores y feministas se han unido en una coalición para impulsar dicha ley. “Hay 110 parlamentarios que apoyan este proyecto de ley que hemos preparado con 80 artículos. Entrará en septiembre en la asamblea. Se necesitarán varios días para discutirlo. Pero ahora hay que presionar. Hace nueve años que esperamos”, explica Piques. Termina la legislatura. Y octubre deberá consagrarse al debate presupuestario. Otra vez las prioridades. Pero Petit exige más. Que esos delitos no prescriban, tal y como no prescribe el sufrimiento. Y así lo redactó en una proposición de ley en noviembre de 2025. “Las víctimas llevarán el estigma de su agresión hasta el final de sus días. Así que muchos nos preguntamos por qué el agresor puede ser liberado del peso y la responsabilidad de sus actos”, dice. “Muchas víctimas hablan al cabo de 30 o 40 años, cuando la prescripción ha pasado. Y muchos crímenes quedan impunes. La justicia debe poder aplicarse cuando la víctima está preparada”.