El asesinato de Lyhanna Rameau, la niña de 11 años que desapareció hace una semana en el sur de Francia y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado jueves, sigue sacudiendo al país. Jérôme Barella, su presunto secuestrador y principal sospechoso de su muerte, había sido denunciado varias veces por violación. Hubo fallos y errores judiciales en cadena y el lunes, además, fue detenido su hermano, tío de la menor. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, acorralado por los fallos que permitieron que Barella reincidiera, el lunes por la mañana que se revisarán 70.000 expedientes de casos de abusos y violaciones a menores.Darmanin, a quien muchos exigen ya su dimisión por este caso, pidió una “movilización general” de los magistrados tras los errores “extremadamente graves” reveladas en el caso Lyhanna, pidiendo se diga “la verdad de las cifras a los franceses, sobre lo que no salió bien en el caso”. En una conferencia de prensa en el ministerio, tras una reunión con todos los fiscales generales de Francia, Darmanin detalló el “trabajo extremadamente importante” que se les pide realizar “en los próximos días y en las próximas semanas”.Los fiscales generales deberán inventariar, antes del 14 de julio, “la totalidad de las denuncias que están en su conocimiento en las fiscalías en las que se haya abierto una investigación que no haya dado lugar a una instrucción judicial o a una clasificación y en las que no se hayan realizado manifiestamente actos de investigación”.El ministro, que deberá dar cuentas este martes en el Senado junto al titular de Interior, Laurent Nuñez, pidió a los magistrados que prioricen esta revisión en un tiempo récord y que se concentren en aquellas “que están en su conocimiento” y en los delitos o crímenes en los que los menores que han presentado la denuncia “siguen siendo menores”, precisó. Recordaba, además, que hay tres millones de denuncias a la espera de ser examinadas, de las cuales 70.000 son por violación o agresiones sexuales.La tarea es titánica. Y el ex primer ministro Bernard Cazeneuve hizo en las redes sociales un “llamamiento a los magistrados jubilados voluntarios”, ante la “movilización general” de los magistrados deseada por el ministro de Justicia Gérald Darmanin. También propuso redistribuir “a aquellos que no están en los tribunales y cuyos trabajos pueden posponerse”. El “objetivo”, añadió, es “depurar sin demora los expedientes pendientes e iniciar los procedimientos que protegen a nuestros niños. La urgencia dicta medidas inmediatas y de gran alcance”, subraya en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).La muerte de Lyhanna ha provocado una inmensa conmoción en el país porque, según los datos revelados hasta la fecha, se podría haber evitado. El detenido, de 41 años y padre de dos hijos que van al mismo colegio que la víctima, había sido denunciado hasta en cinco ocasiones. La primera vez, en 2017, le llegaron a echar de un instituto en el que trabajaba tras la denuncia por acoso sexual de una alumna. Sin embargo, las demandas se desestimaron. En cuanto a la última, presentada el pasado agosto por presunta violación a una menor de 11 años, el implicado ni siquiera fue interrogado.Las negligencias en el caso Barella no son algo aislado, sino una tendencia que las asociaciones feministas y de defensa de la infancia llevan años tratando de visibilizar: no se escucha a las víctimas y las denuncias caen en saco roto o se desestiman. El caso más sangrante y reciente es el del cirujano Joël Le Scouarnec, condenado a 20 años de cárcel por haber abusado o violado durante tres décadas a más de 300 personas, la mayoría menores de edad, mientras ejercía su profesión. Fue detenido en 2017, a pesar de que había sido condenado ya en 2005 por tenencia de imágenes pedófilas. No se le prohibió ejercer y siguió tratando con niños y adolescentes.En el asesinato de Lyhanna, además, llueve sobre mojado. Y la realidad volvió a confirmarlo el lunes, solo una semana después de la imputación de Barella: su hermano ha sido también detenido por “violación de una menor de más de 15 años”, “violación conyugal”, “secuestro” y “amenazas de muerte reiteradas contra su pareja”, informó la fiscal de la República de Auch a BFMTV, quien precisó que los hechos habrían sido cometidos entre 2007 y 2017.