La violencia sexual y el tratamiento de sus víctimas, especialmente cuando son menores, vuelve a centrar el debate público en Francia. Pese a que el caso de Gisèle Pelicot, que consiguió que se condenara a su exmarido por reclutar a más de 50 hombres para violarla, pareció un triunfo del sistema judicial francés, una serie de escándalos desvelados en los últimos meses han supuesto un terremoto social. Primero una ola de más de 100 denuncias de abusos sexuales en colegios y escuelas infantiles y ahora el asesinato de una niña de 11 años han mostrado que, en realidad, ese sistema hace aguas. La muerte de la pequeña Lyhanna a manos de un hombre de 41 con denuncias previas por violación y abusos a menores no investigadas ha sido la gota que ha colmado el vaso. Más de 160 manifestaciones fueron convocadas ante tribunales de todo el país cuando el cuerpo fue hallado. El Gobierno ha tenido que salir a pedir disculpas y dar explicaciones, pero también ha puesto en el centro del debate la actuación de fiscales y jueces, obligándoles a revisar más de 70.000 expedientes de casos de abusos sexuales a menores antes del 14 de julio. Un ultimátum que no ha sentado nada bien en el poder judicial, que denuncia una acuciante falta de medios. Lyhanna fue vista por última vez con vida el pasado 29 de mayo tras salir del colegio al que asistía en Fleurance, una pequeña localidad del departamento de Gers, en el sur del país. El detenido fue grabado por cámaras de vigilancia con ella la misma tarde que desapareció. Su cadáver no fue localizado hasta siete días después en unos terrenos de cultivo a 15 kilómetros y se confirmó su identidad mediante análisis de ADN. Tras el arresto del sospechoso, salió a la luz que una mujer le había denunciado el pasado agosto, acusándolo de haber violado en repetidas ocasiones a su hija. La investigación preliminar con informes médicos y psicológicos que confirmaban lesiones compatibles con abuso sexual fue enviada por la Policía a la Fiscalía para proceder a su interrogatorio. Sin embargo, ese interrogatorio nunca se produjo. El hombre también contaba con denuncias previas de abusos sexuales y violación de menores presentadas en 2017, 2018, 2021 y 2022. Ninguna llegó a juicio. Ante este escenario, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, aseguró estar "furioso" con la situación y, aunque dijo que asumía "toda la responsabilidad", puso el foco sobre los jueces y fiscales franceses. "No me iré de vacaciones" y "ningún magistrado superior se irá de vacaciones" hasta que se haya reunido "individualmente" con todos para evaluar la situación, añadió Darmanin, tras confirmar que hay hasta tres millones de denuncias policiales no investigadas, de las que 70.000 son de violaciones y agresiones sexuales. "Es evidente que ha habido disfunciones manifiestas. Hay que analizar ahora lo que responde a responsabilidades individuales y a las disfunciones sistémicas en el conjunto de los servicios públicos implicados", insistió este miércoles en la misma línea, Emmanuel Macron. Mientras su primer ministro, Sébastien Lecornu, sí que reconoció ante el Senado que hay un problema de financiación, pero rechazó la idea de que afecte al caso de Lyhanna, volviendo a la idea de que ha habido negligencias dentro del sistema judicial. La falta de medios del sistema En medio de las tensiones entre Ejecutivo y judicatura, hay una clara realidad: "El sistema judicial francés está desbordado de denuncias de violencia sexual", explica Océane Perona, socióloga francesa y profesora titular en la Aix-Marseille Université. "La violencia sexual es una materia importante para el sistema criminal francés, pero la cuestión es que no tiene suficientes jueces, policías e investigadores para abordar todos estos casos", diagnostica la experta. Perona explica que, para gestionar tal volumen de casos "de la manera más eficiente posible", se tiende a dar prioridad a aquellos que sean más fáciles de probar. Por ello, suelen atender más a las denuncias que han sido presentadas justo después de que hayan ocurrido los hechos porque "es más fácil encontrar pruebas, indicios médicos, testigos y los recuerdos son mejores", pese a que el tiempo de prescripción de estos delitos es muy largo en Francia, recuerda. Esta práctica choca con la realidad de los abusos a menores, puesto que las víctimas tardan más en expresar lo que les ha ocurrido. El tratamiento de estos delitos en España está siendo usado como ejemplo de "modelo de referencia" en el debate que ha explotado en la opinión pública francesa tras el caso de Lyhanne, cuenta la experta a El Confidencial. Aquí se han creado tribunales, fiscales y unidades policiales especializadas en violencia de género y se forma en esta materia al personal de toda la cadena de la investigación criminal. Sin embargo, Perona cree que esto no es aplicable en Francia, porque el problema yace en la falta de medios. "Por ejemplo, en el tribunal de Auch, donde se investiga el caso de Lyhanna hay tres fiscales para 10.000 denuncias al año", destaca. Por eso, cree que "no tiene sentido" crear tribunales y unidades especializadas como en España si no se pone también el dinero y el personal suficiente para que funcionen. Las cifras respaldan este diagnóstico. El país cuenta con 3,2 fiscales por cada 100.000 habitantes frente a la mediana europea de 11,2, según el último informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, y dedica 77 euros per cápita a su sistema judicial, mientras que la vecina Alemania invierte casi el doble. "Una tarea imposible" "La tarea es inmensa", protesta Nicolas Bergeman, juez de familia, en una tribuna en el diario Le Monde. "En 2025, según el Ministerio del Interior, los servicios registraron 132.300 víctimas de violencia sexual, entre ellas 76.200 menores, cifra que se ha duplicado desde 2016. Solicitar a los magistrados que absorban este flujo de casos garantizando agilidad y seguridad en cada uno es una tarea imposible", insiste. Bergeman también se pregunta "quién tomará nota de la denuncia presentada mañana, quién escuchará al niño o niña que acaba de ser agredido", mientras se revisan las 70.000 denuncias pendientes que ha ordenado el ministro. "¿Será necesario, para resolver los casos antiguos, hacer la vista gorda ante los nuevos y arriesgarse a que futuros infanticidios y feminicidios queden sin denunciar?". Cabe preguntarse entonces por qué Gisèle Pelicot consiguió que se condenara a su marido por los abusos y violaciones a los que la sometió dentro de ese mismo sistema judicial cuyo mal funcionamiento es lo único que parece poner de acuerdo a toda Francia. La socióloga Océane Perona recuerda que fue, por casualidad, que un guardia de seguridad le pilló grabando en un supermercado debajo de las faldas de varias clientas y la Policía requisó sus dispositivos electrónicos, donde encontró pruebas inequívocas de todos sus crímenes. Es decir, este es el claro ejemplo de que jueces y fiscales priorizan casos "que conducirán más fácilmente a una condena", explica Perona.