La presunta trama corrupta orquestada en el seno de la Guardia Civil por un teniente coronel perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención se aprovechó, mediante una red de empresarios afines, de las debilidades internas de la burocracia del Instituto Armado para desviar al bolsillo del uniformado fondos públicos de obras en cuarteles, con fuertes sobrecostes, contratos fraccionados sistemáticamente y facturas hinchadas artificialmente. El teniente coronel adquirió posteriormente viviendas ruinosas para reformarlas con las mismas mercantiles contratistas y venderlas posteriormente. La presunta red fue desarticulada gracias a las sospechas iniciales de un sargento primero de la Guardia Civil, que detectó una llamativa divergencia entre los trabajos facturados y el estado de las obras ejecutadas, y la confesión posterior del albañil que subcontrataba el principal empresario investigado, que confirmó la amistad de más de tres décadas entre el adjudicatario y el teniente coronel Miguel Ángel E. T.
El Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la comandancia de la Guardia Civil de València halló “indicios sólidos de corrupción interna” y transfirió las diligencias a Asuntos Internos, el servicio que se encargó de seguir con las pesquisas sobre la presunta red codo con codo con la Fiscalía Anticorrupción.
