La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha multiplicado sus sospechas en el caso Leire Díez sobre Mercedes González, directora general del propio instituto armado; y sobre el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO). En un nuevo informe enviado a la Audiencia Nacional, los agentes ahondan en que ambos activaron los expedientes internos abiertos en la institución para indagar en posibles filtraciones de información. Según los investigadores, la supuesta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez —urdida para boicotear causas judiciales que salpican al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, según el magistrado Santiago Pedraz— buscaba alentar precisamente la apertura de esos expedientes para dificultar así la labor de los agentes.En este nuevo análisis policial, los investigadores insisten en que la “presunta organización criminal” colocó en la diana a la UCO y a algunos de sus “integrantes”, como parte de la estrategia para tratar de boicotear las causas judiciales en las que esta unidad participa y que afectan “directa o indirectamente” al PSOE y “a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente”. Ese plan tenía una doble vertiente. Por un lado, según este reciente informe, contactar con personas que pudieran facilitar información comprometedora para “erosionar” la “credibilidad” de los funcionarios; y, por otro, “propiciar” la apertura de “investigaciones internas” en la Guardia Civil. Es en esta segunda pata donde se destaca el nombre de Mercedes González, que no se encuentra imputada. La UCO subraya que, al “marcarse” ese segundo “objetivo”, Leire Díez echó mano de la “relación” previa que mantenía con la directora de la Guardia Civil —que está citada este martes en una comisión de investigación del Senado para dar explicaciones—. La exmilitante del PSOE repetía a sus interlocutores que “tenía muy buena relación personal con ella” y que “despachaba con la misma”, según este último informe remitido a la Audiencia Nacional, donde se repite que se han detectado al menos tres reuniones entre ambas. Aunque no establecen expresamente una relación causa-efecto, los agentes sí muestran sus recelos de que justo se abrieran tres “informaciones reservadas” (investigaciones internas) en apenas unos meses cuando la trama estaba maniobrando: en diciembre de 2024, en mayo de 2025 y en septiembre de 2025. Según el informe policial, las dos primeras fueron activadas por el DAO; y la última, por la directora general. Los agentes destacan que resulta “excepcional” que se abran tantas en un periodo tan corto.La información reservada de diciembre de 2024 está relacionada en un informe elaborado en la causa que ha enviado al banquillo al hermano de Pedro Sánchez, donde se incluyó “una cuenta de correo electrónico usada por la mujer del presidente del Gobierno”, que acabó filtrada. Este expediente se cerró sin sanción disciplinaria, pero los investigadores mencionan que se pidió al jefe de la UCO que “amonestase verbalmente al analista que, en su calidad de miembro de la Policía Judicial, había realizado el análisis de los correos electrónicos por orden de la autoridad judicial”.La segunda información reservada (de mayo de 2025) se puso en marcha por la filtración de unos mensajes de WhatsApp que se habían cruzado el jefe del Ejecutivo y el exministro José Luis Ábalos, encausado en el Tribunal Supremo. Sobre esta se centra especialmente este último informe remitido a la Audiencia Nacional. Los agentes reproducen una cronología de acontecimientos, que arranca el 2 de abril, cuando afirman que se produjo una reunión entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil. “Como [la propia Díez] hizo saber a hasta a tres personas diferentes”, concluyen los agentes tras analizar las comunicaciones interceptadas, donde destacan algunas como esta: “Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía”. A la exmilitante del PSOE también se le intervino una agenda con la siguiente anotación “Investigación interna G.C. para filtraciones”, que enmarcan a finales de ese mismo abril.Para entonces, los recelos ya se habían disparado. La propia UCO y la Jefatura de Información de la Guardia Civil habían elaborado sendas “notas de despacho” ―documento interno para comunicar a los superiores hechos considerados relevantes― fechadas el 29 de abril y el 5 de mayo, que alertaban de la existencia de un grupo de personas que estaba maniobrando para “desprestigiar” a la unidad y “desgastar la imagen de los agentes”. En estas notas se menciona que Díez alardeaba de tener un “control absoluto sobre la cúpula” del instituto armado, “concretamente sobre su directora general”.El relato de los investigadores se fija entonces el 8 de mayo de 2025, cuando el DAO le “manifestó” al jefe de la Jefatura de Policía Judicial que ya se había dado cuenta a Mercedes González del contenido de esos informes de “despacho”. Por tanto, según destaca la UCO, la directora general ya estaba al tanto de las sospechas que se cernían sobre Leire Díez. Pese a eso, según este nuevo informe, siguieron comunicándose supuestamente a través de mensajes de móvil. Los investigadores han localizado un whatsapp enviado el 9 de mayo por la militante del PSOE a otra imputada donde afirma que “le acaba de pasar” una noticia a la máxima responsable de la Guardia Civil. Y el 11 de mayo se “registra” movimiento en el chat entre González y Díez. La UCO ha encontrado dos mensaje generados automáticamente, sobre los que concluye lo siguiente: “El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva. Y, por su parte, el segundo resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas”. Según el informe, ese mismo 11 de mayo, el DAO comunicó a un subordinado que “tenía la intención de aperturar una información reservada a consecuencia de una noticia que fue publicada en medios de comunicación relativa a la investigación donde se encausa a José Luis Ábalos y Koldo García”. Esta información reservada se tramita a primera hora de la mañana del 12 de mayo. La firma el teniente general Llamas. La UCO dispara varios dardos al respecto: “A fecha de incoación de la presente información reservada, por parte de esta unidad no se había intervenido ningún dispositivo a Ábalos”, escriben los investigadores, que señalan que el propio DAO comunicó después al jefe de la Jefatura de Policía Judicial que él sabía que la filtración de esa noticia no “salía de la UCO”. “Pese a este dato, la información reservada ordenada por el propio DAO continuó su trámite administrativo, sin que se decretara el archivo de la misma”, apostilla el informe.La tercera información reservada es de septiembre de 2025. Se abre por orden de Mercedes González tras una noticia publicada sobre supuestas tensiones en la UCO “por la constante intromisión del peón de Marlaska”, en referencia a Llamas. “Analizada la noticia de prensa que da origen a esta actuación, no se ha detectado que la periodista haga referencia alguna a que el origen de su información sea algún miembro de la UCO”, afirma el informe enviado al juez Pedraz, que remacha: “Por el contrario, sí se entrecomillan supuestas declaraciones que hacen referencia al paso del DAO por el GAR y por la Comandancia de Granada, sin que consten en el expediente acciones en relación con esas unidades”.