La última parte del viaje de León XIV a España, que concluyó ayer en Tenerife, ha tenido una clara protagonista: la inmigración. El Papa no ha dudado en reprender con dureza a los países europeos por su rechazo a acoger y brindar una oportunidad a los que vienen de fuera jugándose la vida, a los que también ha hecho un llamamiento a cumplir las obligaciones de la sociedad en la que quieren integrarse.El rechazo e indiferencia institucionales, que se materializan en lo que León XIV denominó “segundo naufragio”, una vez que los migrantes quedan abandonados tras llegar a tierra, solos y vulnerables, no se subsana con una simple tarea social –siendo muy encomiable la que efectúan las oenegés y otros organismos–, sino que exige un esfuerzo de las administraciones para facilitar una integración que las personas venidas de fuera deben estar dispuestas a asumir, aprendiendo la lengua, las costumbres y las leyes del lugar de acogida. Es un camino de doble sentido por el que, lamentablemente en la actualidad, resulta muy difícil transitar.Las demandas del Papa refuerzan un mensaje de cercanía hacia quienes atraviesan procesos de desplazamiento y búsqueda de nuevas oportunidades, pero chocan con la dura realidad. Ayer entró en vigor el controvertido Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, cuyo reglamento contempla más controles fronterizos y expulsiones aceleradas, así como detenciones de hasta 30 meses –incluidas familias con menores– y la creación de centros de deportación en terceros países fuera de la Unión Europea, que España rechaza frontalmente. En definitiva, procedimientos más rápidos y reglas más duras para los retornos.Entra en vigor el controvertido Pacto Europeo sobre Migración y AsiloEs la consecuencia del giro a la derecha de gran parte de los países de la Unión Europea, entre los que España es una excepción, no solo porque ha criticado este pacto, sino porque tiene en marcha un proceso de regularización de inmigrantes que podría beneficiar a medio millón de personas que viven en nuestro país.El racismo y los discursos de odio están alcanzando niveles alarmantes en Europa. El origen étnico o nacional es uno de los motivos más frecuentes de ese discurso, seguido por la religión, la ciudadanía, la orientación sexual y la identidad de género. El racismo ha tenido su último escenario violento en Irlanda del Norte, donde la ira contra un refugiado político sudanés, presunto autor de un intento de decapitación, dejó de apuntar al sospechoso y se descargó contra una comunidad entera. A una escala afortunadamente mucho menor, vivimos algo parecido en la localidad murciana de Torre Pacheco en julio del pasado año. Y resume una tendencia cada vez más visible en Europa: cuando el presunto autor de un delito es extranjero, la responsabilidad deja de leerse como individual y se proyecta sobre comunidades enteras.La situación se agrava cuando ese estallido racista se ve alentado por libertarios como Elon Musk. En un mundo de hechos alternativos, el ya billonario se erige como el máximo exponente de la desinformación. Inmiscuyéndose en la política de otros países, no duda en patrocinar un nuevo partido de extrema derecha británico, mientras afirma que el Reino Unido está “islamizado” y al borde de una guerra civil, lanza proclamas xenófobas y denuncia las “fronteras abiertas” y la “inmigración descontrolada”. Se trata de implantar la sospecha permanente. El inmigrante aparece como amenaza para la seguridad, la vivienda, el empleo, la cultura nacional o las mujeres. Cambia la acusación, pero el resultado es el mismo: toda una minoría queda bajo vigilancia simbólica.Los mensajes de León XIV chocan con unos estados que apuestan por fronteras y deportacionesSuiza celebra mañana un referéndum auspiciado por la Unión Democrática del Centro (UDC) –o Partido Popular Suizo (SVP), en la versión alemana–, una fuerza populista de ultraderecha que propone que la población residente permanente del país no supere los diez millones a partir del 2050. Una consulta en la que entran en juego motivos nacionalistas, económicos y xenófobos. El tándem UDC-SVP sostiene que el crecimiento de la población debido a la inmigración necesita, a su vez, más inmigración para cubrir sus necesidades, y que es preciso romper ese círculo vicioso. La aprobación de la iniciativa pondría en duda a largo plazo la libre circulación de personas y crearía problemas en la relación entre Suiza y la UE. Un límite a la población contradice el principio de la libre circulación de personas. En el peor de los casos, Suiza tendría que renegociarla.Todo lo expuesto muestra como los llamamientos de León XIV a la acogida, la integración, el respeto a la dignidad del inmigrante y a que este respete las normas de la sociedad que le acoge, chocan con unos estados cuyas políticas migratorias pasan por cerrar sus fronteras y deportar a los llegados de manera irregular.