Los grandes eventos celebrados en el estadio Riyadh Air Metropolitano han derivado en al menos tres sanciones por superar los límites acústicos, según un escrito del Defensor del Pueblo remitido a la Asociación Vecinal Las Musas‑Las Rosas. En este se detallan multas de 180, 500 y 80.800,80 euros por infracciones cometidas en 2025. El documento, al que ha tenido acceso este medio y que lleva rúbrica de Ángel Gabilondo, acredita que actuaciones como el concierto de AC/DC del 16 de julio de ese año, el de Imagine Dragons del 28 de junio y un torneo de fútbol base fueron sancionados por vulnerar la normativa de ruido, con cuantías que oscilan entre las infracciones leves hasta una muy grave por superar los límites sonoros nocturnos en más de 7 decibelios. La duda planea ahora sobre Bad Bunny y sus diez conciertos.Por su parte, el Defensor del Pueblo ha decidido suspender su actuación y esperar al pronunciamiento de la Fiscalía Provincial de Madrid, que mantiene abiertas diligencias sobre el caso. “Esta institución considera que los hechos denunciados por la Asociación de Vecinos Las Musas‑Las Rosas están siendo en la actualidad investigados por el Ministerio Fiscal, por lo que no procede continuar con la investigación iniciada”, señala el escrito.Este periódico ha tenido también acceso a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente en la que la asociación vecinal denuncia “la superación dolosa de los valores límite de ruidos” en los barrios afectados por el estadio Metropolitano y sostiene que los vecinos soportan “un impacto ambiental muy elevado”, con niveles de presión sonora que “superan reiteradamente los 56 dBA y alcanzan los 70 dBA” de madrugada, por encima de los “valores límite nocturnos” fijados en la normativa.La comunicación remitida a los vecinos no se limita a justificar esta inhibición, sino que incluye un repaso de las reclamaciones registradas y de la respuesta municipal, con expedientes sancionadores derivados de mediciones acústicas realizadas durante los conciertos. En algunos casos, las mediciones acreditaron el incumplimiento de los límites autorizados y dieron lugar a procedimientos sancionadores, entre ellos el abierto por el concierto de AC/DC, que concluyó con una multa de 80.800,80 euros tras constatarse superaciones de hasta 10 decibelios en horario nocturno.Estos datos contrastan con las declaraciones del Ayuntamiento, que en los últimos meses defendía que en el estadio “están cumpliendo la normativa, más allá de alguna situación puntual”, en un contexto de creciente presión vecinal por el impacto de los eventos multitudinarios. La asociación de vecinos denuncia desde hace años las molestias derivadas de los conciertos y partidos, que se intensifican con la acumulación de grandes citas musicales.El conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas con la celebración de los 10 conciertos de Bad Bunny, una serie de actuaciones que los vecinos vinculan a “días de calles cortadas, atascos, ruido, suciedad y tensión vecinal” y que han reactivado las quejas ante distintas instituciones. Según el colectivo, el problema no es puntual, sino estructural: el estadio, con grandes aberturas laterales “que son fuente inagotable de ruido”, carece de una licencia permanente para espectáculos no deportivos, lo que obliga a autorizar cada evento de forma extraordinaria apelando al “interés general y cultural”.En su escrito, Gabilondo también deja abierta la puerta a reactivar la intervención si la investigación penal no prospera: los afectados podrán dirigirse de nuevo al Defensor del Pueblo si los hechos “no tuviesen relevancia penal” pero “pudiesen constituir alguna irregularidad administrativa”.Mientras tanto, el foco se sitúa en la Fiscalía, que deberá pronunciarse sobre unas denuncias que apuntan no solo al ruido, sino también a problemas recurrentes de movilidad, suciedad y saturación del entorno residencial, en un debate que cuestiona el modelo de grandes conciertos en la ciudad y su encaje en zonas habitadas.La asociación registró a finales de octubre un escrito ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención. El pasado 19 de marzo, su titular, el propio Gabilondo, comunicó la admisión a trámite de la queja y requirió información al Ayuntamiento de Madrid. El movimiento supone un paso más en un conflicto que los vecinos consideran enquistado tras años de denuncias sin respuesta efectiva. En su escrito, el colectivo sostiene que la Administración ha ignorado reiteradamente las quejas por ruido, pese a las intervenciones policiales y la elaboración de un informe técnico independiente que, según aseguran, constata la superación de los niveles acústicos permitidos. Señalan, además, las propias características del estadio —heredadas de la antigua Peineta—, con grandes aberturas laterales que actúan como amplificadores del sonido en días de evento.Por ello, apoyándose en los artículos 43 y 45 de la Constitución —derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado—, la asociación ha solicitado medidas que van desde la reducción de aforo hasta el cierre cautelar del estadio si no se corrigen las deficiencias. También plantean soluciones concretas: restringir el tráfico a residentes en días de evento, reforzar el transporte público, instalar medidores fijos de ruido y contaminación y mejorar los accesos viarios. Las quejas que por ahora mantienen cerrado el Bernabéu a grandes conciertos han llegado ya al Metropolitano.