En 2013 todavía existían cámaras de video y teléfonos públicos. Desde uno de ellos, un ladrón llamó a la policía para decirles que en el botín robado en una casa del vecindario le había aparecido una cámara de video y unas cintas de material pornográfico con menores, que dejaría, a disposición de los agentes, bajo un coche allí aparcado, junto a la dirección del robo. La policía fue al domicilio y detuvo al dueño, quien ingresó en la cárcel y meses después fue condenado.
En estos tiempos que corren, a veces se hace difícil sostener que las pruebas obtenidas de forma ilícita son siempre malas, pero es necesario hacerlo: lo son. El procedimiento penal es un sistema de normas que nos hemos dado para buscar el esclarecimiento de la verdad y el castigo del culpable, respetando siempre los derechos fundamentales, pero no porque estos sean un capricho de garantía versallesca, sino porque son precisamente el bien jurídico a proteger con el castigo del delito. Es probable que violentando estos derechos pudiéramos castigar a más culpables, pero el precio que pagaríamos sería devastador: si permitiéramos a la policía escuchar todas las conversaciones que mantenemos, se descubrirían más delitos, pero perderíamos el derecho a la reserva y al secreto; si se permitiera que los ladrones que entran a robar en nuestra casa, después de quedarse con el dinero, llevaran nuestros papeles y archivos a la comisaría, para que se analizara si somos o no unos delincuentes, viviríamos en una pesadilla orwelliana.
