El magistrado instructor del proceso penal iniciado contra el expresidente del Gobierno tuvo un giro insólito el pasado 5 junio. En esa fecha, el juez dicta un auto en el que solicita a la Homeland Security Investigations (HSI) de EEUU, “autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso” del volcado que este organismo hizo del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, con ocasión de su detención en un aeropuerto estadounidense.
Debe explicarse, en primer lugar, que la HSI no es ningún juez, sino un organismo del ICE, es decir, del servicio de inmigración y aduanas que Trump decidió hacer tristemente famoso durante los últimos meses por delitos que tal vez nunca sean juzgados, pero que en otro contexto y país hubieran sido considerados indudablemente crímenes contra la humanidad. Connotaciones de esta realidad al margen, lo cierto es que este organismo no es ningún juez, y opera a los fines de seguridad y prevención de propia autoridad, sin autorización judicial, cabe insistir, haciendo estos volcados rápidos y otras medidas de investigación por razones, diría que excepcionales, de seguridad nacional.
