El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha enviado a Estados Unidos una petición de colaboración para que las autoridades judiciales de Washington accedan a incorporar en la causa, en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero, el contenido del teléfono móvil del que fuera presidente de Plus Ultra Rodolfo Reyes. La Policía española ya tenía el contenido de este dispositivo, que fue clonado en Miami en 2021 sin autorización judicial expresa, y los agentes han utilizado los mensajes de Reyes (“Lo tiene grupo Zapatero desde esta mañana”, “Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”, “nuestro pana Zapatero detrás”) en varios informes para sustentar las acusaciones contra el expresidente del Gobierno. El magistrado Calama busca dar garantías a la incorporación de estos indicios en el procedimiento para poder utilizarlos en un hipotético juicio. ¿De dónde sale el contenido de estas conversaciones que implican a Zapatero?Rodolfo Reyes es un empresario venezolano que tenía la mayor parte de participaciones de Plus Ultra durante los años que están bajo investigación, cuando la compañía aérea recibió el rescate de 53 millones de euros del Gobierno. Fuentes con conocimiento de la actividad de Reyes explican que era un hombre dedicado “a las finanzas”, y que viajaba mucho entre Panamá, Miami, Madrid y Venezuela. Según estas fuentes, en uno de esos viajes en 2021, los agentes del control de fronteras en el aeropuerto de Miami le pararon y le clonaron el dispositivo. Con el contenido de dicho móvil se han seguido posteriormente investigaciones contra venezolanos y blanqueo de capitales en el país norteamericano. Este clonado, por tanto, se hizo hace cinco años. ¿Es legal en EE UU clonar un teléfono sin orden judicial? ¿Lo es en España?En España no es legal clonar un teléfono móvil sin autorización judicial porque el secreto de las comunicaciones es un derecho protegido por el artículo 18 de la Constitución y, por tanto, vertebra el Estado de derecho español. La jurisprudencia, de hecho, ha ido extendiendo esta protección a ordenadores, tablets y otros aparatos electrónicos, así que para conocer su contenido un juez tiene que redactar un auto motivando por qué es necesario acceder a esos elementos. No se puede hacer un registro “preventivo o genérico de dispositivos” sin que exista una investigación sobre un delito concreto, como explica una circular de la Fiscalía del año 2019. En Estados Unidos, en cambio, existe el U.S. Customs and Border Protection (CBP), que es un control fronterizo que puede hacer uso de los dispositivos electrónicos que se hallan en la frontera. “Todas las personas, independientemente de su nacionalidad, así como todo el equipaje y las mercancías que lleguen o salgan de los Estados Unidos, están sujetas a inspección por parte de la CBP”, explican en la página web, si bien aclaran que este tipo de registros se realiza cuando hay sospechas de “contrabando digital” como pornografía infantil, asuntos de seguridad nacional, delitos financieros o delitos comerciales. Así las cosas, estos agentes tienen derecho a clonar un teléfono móvil sin autorización judicial. Y de acuerdo a sus propios datos, en 2025, de los más de 419 millones de viajeros que la CBP procesó en los puertos de entrada, revisaron los dispositivos electrónicos de 55.318 viajeros internacionales.¿Cuándo y por qué se ha entregado a España el contenido de este teléfono?El juez Calama refleja en el auto en el que pide colaboración judicial a Estados Unidos que la Oficina de Investigación de Seguridad americana (HSI, por sus siglas en inglés) entregó el 18 de marzo de 2026 a la Policía española el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de una colaboración policial. Es decir, el país entregó, a iniciativa propia, el contenido del teléfono, que luego ha nutrido una parte de la imputación de Zapatero, cinco años después de haber realizado el volcado del teléfono y una vez tuvieron conocimiento de que en España se estaba realizando esta investigación. Ya desde enero de 2025 la Fiscalía Anticorrupción había iniciado unas diligencias bajo secreto con la información recibida de Suiza y Francia que hablaba de que los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea habían terminado repartidos en paraísos fiscales a través de un complejo entramado empresarial en el que participaba presuntamente Rodolfo Reyes. Este empresario, titular del teléfono móvil, estaba bajo el foco de los investigadores, hasta el punto de que el pasado mes de diciembre, cuando se practicaron las primeras detenciones de esta investigación, la Policía registró su casa en España, además de las oficinas de Plus Ultra. HSI entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el material del teléfono de uno de los investigados en España cuando la investigación sobre Plus Ultra estaba ya en manos de la Audiencia Nacional y los medios de comunicación estaban informando sobre el caso.¿Qué es exactamente la HSI? HSI son las siglas en inglés de la Oficina de Investigaciones de Seguridad (Homeland Security Investigations) que, en español, tiene su sede en la embajada de EE UU en Madrid. Se trata de una rama del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que es la responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global a través de la cual se articulan el comercio, el turismo y las finanzas internacionales.Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción española lo definen como una suerte de policía aduanera, que también tiene función de cuerpo policial y realiza investigaciones. En España existe un permanente contacto entre los delegados de la HSI en Madrid y los agentes uniformados españoles. ¿Con quién se comunican? Homeland Security Investigations se comunica directamente con la Policía española. En concreto —según las distintas fuentes consultadas, tanto jurídicas como policiales— tienen interlocución “muy fluida” con la UDEF por distintas investigaciones contra venezolanos que se desarrollan en España desde hace una década, así como con la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) por las operaciones de estupefacientes que se desarrollan de forma, muchas veces, coordinada. Dichas fuentes explican que la HSI puede alertar, por ejemplo, de la posible llegada de un barco cargado de droga y puede aportar información sobre determinados ciudadanos que tengan en el radar en su país. Y esto puede hacerse motu proprio o a petición de los investigadores españoles, pero se comparte información en dos direcciones, explican. Incluso, agentes españoles acuden a EE UU a recibir cursos por parte de esta oficina desde hace años. ¿Qué entregó el HSI a la causa de Zapatero? Según el sumario de la investigación contra el expresidente del Gobierno, esta oficina estadounidense entregó el volcado del teléfono de Rodolfo Reyes con mensajes muy relevantes que sustentan la tesis del juez de que presuntamente Zapatero pudo liderar una supuesta trama de tráfico de influencias para que otorgaran a la aerolínea Plus Ultra la ayuda pública. “A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional”, dice un informe de la UDEF que forma parte del sumario, “se tuvo conocimiento de una información de interés remitida por la Oficina de Investigaciones (HSI)”. Este departamento “solicitaba la continuidad de colaboración conjunta enfocada en una investigación relacionada a una organización criminal transnacional dedicada al blanqueo de capitales, la corrupción de empresarios y personas políticamente expuestas”, indica. Una de las líneas de investigación se centraba, específicamente, en Rodolfo Reyes, así que “al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y resultar relevante para sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas, la HSI obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España”, expuso la UDEF. Fuentes de la investigación explican que la colaboración “es algo habitual” y que la información que España atesora también se puede entregar al país que dirige Donald Trump si allí lo requieren. ¿Este móvil es un indicio determinante?El 18 de marzo de 2026, cuando se entrega este teléfono móvil, la Fiscalía Anticorrupción ya llevaba 12 meses analizando en secreto el rescate de Plus Ultra. De hecho, en diciembre de 2025 se procedió a la detención del dueño de la compañía, Julio Martínez Sola; del consejero delegado, Roberto Roselli; del abogado español Miguel Palomero; y del empresario alicantino y amigo personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez. A todos ellos, la UDEF les clonó los teléfonos y les registró sus viviendas. Además, los investigadores registraron también la vivienda de Rodolfo Reyes en España y el juez emitió posteriormente una orden de búsqueda y captura para el empresario, que no ha comparecido de momento ante la justicia española. El sumario revela que ya en febrero, antes de que se remitiera el contenido del teléfono de Reyes, la UDEF envió al juez informes en los que mencionaba específicamente a José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, se le relacionaba con Julio Martínez Martínez y con la consultora Análisis Relevante, que le pagó 490.780 euros en cinco años y que ahora el juez considera que se trató de una empresa tapadera. Para entonces, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la Agencia Tributaria un análisis detallado de esta empresa y también de la de las hijas del expresidente Whathefav. En el sumario constaban ya las facturas realizadas a Zapatero, que se encontraron en el registro de la casa del empresario Martínez, anotaciones manuscritas de este y algunos mensajes de los móviles incautados, como uno de septiembre de 2020 (“Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social”) o referencias a él como “Zorro”, “Z” o “ZZZZ” que Anticorrupción utilizó para pedir que la causa escalara hasta el expresidente del Gobierno. Una vez la causa ya había sido asumida por el juez Calama en la Audiencia Nacional el 3 de marzo, la UDEF recibió el teléfono móvil de Reyes que sirvió para engrosar dos nuevos informes presentados en abril en los que se detallaba la operativa del rescate y se hablaba de la presunta intervención del expresidente. “Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero”, escribió el expresidente de Plus Ultra el 30 de marzo de 2020. “Acaba de hacerse el puente con ZP”, reflejó el 28 de abril de ese año. “Julio habló con ZP. 11 mn. Le explicó todo”, escribió dos dís después.Otras colaboraciones de la HSI Cinco fuentes distintas consultadas en el ministerio público y otras dos fuentes policiales enmarcan dentro de la “normalidad” la colaboración de la HSI con investigaciones en España. Explican que no extraña que la información haya tardado en transmitirse seis años porque se ha hecho cuando se ha conocido que en la Audiencia Nacional se estaba investigando la operativa de Plus Ultra. “Ellos van aportando información, facilitando medidas de prueba. Por ejemplo, si quieres tomar declaración a condenados en EE UU, te lo facilitan”, explica una fuente que ha trabajado de cerca con la Oficina. Según dichas voces, los estadounidenses han aportado detalles también en otras causas en España contra venezolanos como la de Duro Felguera (una investigación por mordidas de antiguos cargos chavistas que se juzgará en la Audiencia Nacional a partir de octubre), o la que se sigue ahora contra el magnate venezolano Alejandro Betancourt, dueño de la empresa de gafas Hawkers, por un supuesto desfalco de la petrolera venezolana PDVSA. ¿Se podrá utilizar el volcado de este móvil en España si se hizo sin autorización judicial en Estados Unidos?Precisamente, la petición del juez Calama para activar la cooperación judicial busca blindar el procedimiento en este sentido y que el volcado del teléfono móvil pueda ser utilizado sin problemas. En cualquier caso, las fuentes jurídicas consultadas discrepan entre sí. Algunas hablan de la “teoría de la no indagación”, que expone que si ese indicio nace de otro país con el que se colabora de forma asidua por los estándares democráticos y que, además, es un indicio que no ha sido buscado específicamente para la investigación, sino que parte de una causa distinta, se puede integrar en el sumario. Señalan que otros países tampoco preguntan de dónde sale alguna información que España remite porque se asume que ha seguido los cauces de la legalidad del país de origen y, por tanto, la jurisprudencia tiende a validar este tipo de elementos. No obstante, otras fuentes dudan de que se pueda utilizar el volcado de un teléfono móvil que no se ha incautado con orden judicial y lo asemejan a lo que ha ocurrido aquí con volcados masivos como el de Encrochat (un chat encriptado muy extendido en el narcotráfico que está teniendo problemas para ser utilizado en procedimientos judiciales en España, aunque otros países europeos sí lo han validado). En cualquier caso, todos creen que es un asidero al que la defensa de Zapatero se puede agarrar para intentar desacreditar esa pata del procedimiento. ¿Qué dice la jurisprudencia del Supremo sobre la prueba obtenida fuera?La comisión rogatoria que Calama ha enviado a EE UU busca validar el contenido del teléfono para que se integre en el sumario como elemento probatorio. Las diligencias que se practican en los Estados miembros como la Unión Europea tienen presunción de validez, por el principio de reconocimiento mutuo de todos los países que forman parte de la Unión. A diferencia del marco europeo, donde existe esta base uniforme, la cooperación con terceros países está establecida en tratados bilaterales o convenios internacionales y, aunque rige la confianza recíproca entre Estados, la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no valida de forma automática cualquier prueba. Algunas voces recuerdan lo sucedido con el caso Falciani, cuando las autoridades francesas compartieron con España datos relativos a una filtración del banco suizo HSBC realizada por el banquero Hervé Falciani y eso se utilizó en España (avalado por el Supremo y el Constitucional) para varias condenas por delitos contra Hacienda, si bien no es una doctrina homogénea.