El primer ministro polaco, el conservador Donald Tusk, compareció en la frontera con Bielorrusia a mediados de mayo para anunciar un objetivo cumplido por su Ejecutivo. “En el último año del Gobierno del PiS [el ultraconservador Ley y Justicia], 12.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera con Bielorrusia. El primer trimestre de este año, ¡cero!”, alardeó el dirigente. Polonia ha fortificado la línea que le separa del régimen autoritario de Aleksandr Lukashenko, aliado del Kremlin, en nombre de la seguridad nacional. Los defensores de los derechos humanos advierten sin embargo de que el blindaje se produce a costa de las leyes internacionales de asilo y de los derechos de las personas migrantes.Polonia, uno de los Estados europeos más duros contra la inmigración, suspendió el derecho a solicitar protección internacional en tramos de la frontera con Bielorrusia en marzo de 2025. Decenas de organizaciones, entre ellas la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur; Amnistía Internacional y Grupa Granica, una red de ONG que opera en esa frontera, protestaron contra la decisión, por contravenir el derecho internacional, europeo y polaco. La medida, supuestamente de carácter temporal y en vigor por un plazo de 60 días, se ha prorrogado siete veces; la última, hace dos semanas.Lukashenko, de la mano de Moscú, orquestó en 2021 una campaña de desestabilización en la frontera de la UE y la OTAN —en Polobia, Lituania y Letonia—, como parte de su ofensiva en la zona gris. En verano de aquel año empezaron a llegar a las fronteras de la UE miles de personas procedentes de Oriente Próximo, Asia y África que querían solicitar asilo, con viajes organizados por las autoridades bielorrusas. La invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y la escalada en las agresiones híbridas de Moscú sirvieron posteriormente a las autoridades polacas para neutralizar la cuestión humanitaria y enmarcar la crisis migratoria como una cuestión de seguridad. Los migrantes en esa frontera son considerados armas del Minsk y Moscú que hay que combatir. Varsovia blindó esa linde, primero con una vaya de unos 180 kilómetros de largo y cinco de alto. Después la reforzó con una operación que bautizó como “escudo oriental”, con el despliegue de más de 10.000 efectivos de los cuerpos de seguridad, sensores y cámaras, colocados en el muro, en los bosques fronterizos y operados desde dispositivos como drones. En junio de 2024, el Ejecutivo liberal facilitó el uso de armas de fuego por parte de la Guardia Fronteriza.El Gobierno de Tusk está orgulloso del resultado. “Intentaron desestabilizarnos utilizando a los migrantes. No quiero decir que hayamos ganado la guerra, pero esta batalla sí la hemos ganado”, afirma el subsecretario de Estado Maciej Duszczyk, responsable de la política de inmigración. Tres años después de asumir el cargo, el antiguo académico justifica la militarización de la frontera y la mano dura porque el país vive, según él, “tiempos difíciles para su supervivencia”. La seguridad va por delante de los derechos humanos, confirma Duszczyk. El político asegura que busca un equilibrio entre ambos, pero a continuación defiende que su trabajo “no es solo velar por el cumplimiento de los derechos de los inmigrantes, sino también el de los polacos a estar seguros”. A la profesora Alethia Fernández de la Reguera, experta en migración en la Universidad de Oxford que ha estudiado el caso polaco, le llama la atención que en este país del Este “no haya ninguna intención de disimular el enfoque directamente punitivo, de seguridad nacional, y se haga un uso habitual del lenguaje militarista y securitario”. En esa frontera, añade la investigadora, “los migrantes no solo son instrumentalizados, sino que se estarían aprovechando como campo de batalla”. Esto es, a través de la narrativa del supuesto “falso demandante de asilo, presentándoles como personas que se quieren aprovechar”. En una larga conversación en su despacho en la sede del Ministerio del Interior polaco a finales de mayo, Duszczyk siembra ese tipo de dudas sobre ciertos colectivos para justificar una política de mano dura. El político habla de refugiados que, según él, se aprovechan del sistema de protección, y de otros que solo están de paso hacia Alemania y otros Estados de la UE. También menciona la posibilidad de que entre los migrantres haya posibles espías o saboteadores, aunque los últimos que han operado en Polonia a sueldo de Moscú fueron ucranios que entraron por pasos regulares. Y acusa a algunos activistas de cooperar con la Guardia Fronteriza bielorrusa al ayudar a los migrantes. La valla discurre por una zona bocosa y pantanosa donde las ONG registraron a ambos lados de la frontera, entre 2021 y octubre de 2025, 103 muertes verificacas, según la web We are monitoring.Fernández de la Reguera subraya en conversación telefónica que del caso polaco también le sorprende que a las autoridades no parecen importarle mucho “los casos que tiene ante Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea”. Polonia firmó el año pasado junto a ocho Estados una petición para abrir un debate público sobre expulsar a los migrantes que hubiesen cometido delitos y en la que se cuestionó a ese tribunal. Duszczyk celebra que el proceso que impulsaron Dinamarca e Italia ha continuado con la firma de una declaración de los miembros del Consejo de Europa en mayo en Chisinau, Moldavia. El documento contempla “nuevos enfoques” en el retorno de los migrantes. Con ese eufemismo se refiere a la posibilidad de cerrar acuerdos con terceros países para gestionar las deportaciones, en línea con el nuevo reglamento de la UE. La jurista y ex comisaria adjunta de Derechos Humanos de Polonia Hanna Machinska alerta sobre el acuerdo de Chisinau y advierte de que Europa se encuentra en un momento “crítico”. “Después de 75 años, los políticos quieren cambiar y reducir la protección de los derechos humanos en Europa”, alerta. En el caso de su país, denuncia además “una violación absolutamente total de las obligaciones internacionales del Gobierno”. Devoluciones en calienteEn un café de la facultad de Derecho de la Universidad de Varsovia, donde es profesora, Machinska atribuye la actuación del Ejecutivo de Tusk a una competición entre el Gobierno y las fuerzas extremistas para demostrar quién es el más duro contra la inmigración. En la frontera con Bielorrusia, subraya, “ignoran completamente el derecho internacional y el principio de non-refoulement, una regla básica que prohíbe las devoluciones en caliente”. Polonia aprobó en 2021 unas reformas legislativas que las permiten. Duszczyk sostiene que la definición del término es debatible y que la suya —devolverles a Bielorrusia aunque los migrantes hayan atravesado la valla fronteriza y ya estén técnicamente en suelo polaco—, no coincide con la de los activistas. Katarzyna Poskrobko, activista en la ONG Egala que vive cerca de la frontera con Bielorrusia, asegura que en el sector norte de esa linde hay grupos de migrantes que logran penetrar en suelo polaco y “no están registrados en las estadísticas”. “Hay testigos que han visto cómo les paraban y les metían en furgones de la Guardia Fronteriza para expulsarlos”, afirma. “Nadie puede controlar la frontera porque hay una zona de seguridad. A las ONG no se les permite entrar y hay personas atrapadas en el bosque sin vías legales disponibles a las que recurrir”, lamenta la activista. El miércoles pasado ha extendió de nuevo tres meses la vigencia de la zona de exclusión que puso en marcha PiS en 2021 y que ha continuado Tusk. En algunos sectores es de unos 30 metros desde la valla y en otros, llega a dos kilómeros.El subsecretario de Estado Duszczyk defiende que aunque el derecho de asilo está suspendido a lo largo de la valla, los grupos considerados vulnerables —como mujeres embarazadas y menores no acompañados— pueden presentar solicitudes en los puestos fronterizos oficiales. Las organizaciones que trabajan en la frontera recurren permanentemente al Tribunal de Estrasburgo para pedir medidas cautelares para frenar las devoluciones. Los abogados que trabajan en esas ONG tienen documentadas denegaciones de peticiones como la de una joven somalí de 25 años con los pies amputados, que presentó tres solicitudes y finalmente fue devuelta a Bielorrusia y deportada. Machinska asegura que las devoluciones en caliente van más allá del perímetro de la valla y se producen también cuando detienen a migrantes en el centro del país o incluso en la frontera con Alemania. Este lunes, Grupa Granica publicó que en la segunda quincena de mayo proporcionaron asistencia humanitaria a siete personas en las zonas fronterizas. “Hubo más nos pidieron ayuda, pero no tuvimos tiempo; antes de llegar a ellos les habían expulsado al otro lado de la frontera”. Entre otros casos detallaron el de una persona, “que ni siquiera tenía zapatos” y que fue devuelta en caliente cinco veces. “Dicen que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Todo apunta a que esta es la máxima favorita de nuestros gobernantes actuales”, afirmó la red de ONG sobre el supuesto blingaje al 100% de la frontera.