Entre el 9 de septiembre y finales de noviembre de 2020, un pequeño enclave pesquero en el suroeste de Gran Canaria ocupó las portadas de todo el mundo: sobre el rugoso cemento del muelle de Arguineguín (Mogán), a la vista de centenares de fotógrafos, llegaron a hacinarse 2.700 personas que vieron conculcados sus derechos más elementales. Seis años después, el papa León XIV visitará —junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— lo que se dio en conocer como el muelle de la vergüenza. “Arguineguín constituyó una situación antijurídica”, sentencia el exmagistrado Arcadio Díaz Tejera, en aquel entonces juez instructor y responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria. “Es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas: nadie estuvo a la altura”. La llegada de más de 23.000 migrantes y refugiados a las islas Canarias aquel año puso todo patas arriba. Aunque no era un número inmanejable, la reactivación de las llegadas de pateras —estas embarcaciones, más pequeñas que los cayucos, partían de Marruecos, Sahara o Mauritania y llegaban a las islas orientales— pilló al Gobierno con el pie cambiado. El Gobierno, volcado en gestionar la pandemia, optó por concentrar a los migrantes en las islas pese a la ausencia de recursos, creando un embudo que tensó la convivencia. La Moncloa tardó meses en reaccionar. “Nos despertábamos a las siete de la mañana con el ruido de los gritos”, relataba a EL PAÍS en noviembre de aquel 2020 Hamza, un joven marroquí que pasó 11 días sobre el asfalto del muelle. “Dormía sobre el suelo con una manta debajo y sin nada para taparme. Por el día hace calor, pero por las noches se pasa mucho frío”, explicaba en inglés. “No nos daban de comer hasta las 11 o las 12, un pequeño sándwich de atún, por lo general”. Sobre las condiciones sanitarias, era claro: “¿Limpieza? What the fuck!”, exclama. “Por las mañanas no teníamos ni agua para lavarnos la cara”.Arcadio Díaz Tejera rememora cómo supo de lo que estaba sucediendo. “Me llega un policía local que conocía y me explica que están dejando a los chicos en el puerto”. Cuando llega, se da de bruces con la realidad. “Allí vi a gente en un puerto pensado para descargar pescado: sin camas, sin agua, sin posibilidad de usar baño o ducharse. Había personas que llevaban más de dos semanas en esta lamentable situación”. El 16 de noviembre, el Defensor del Pueblo —cargo ocupado en aquel entonces por Francisco Fernández Marugán— visitó el muelle sin previo aviso. Allí, constató una “situación de total hacinamiento”, según su informe. La temperatura dentro de las carpas alcanzó “en varios momentos de la visita los 40 grados”. Los baños eran “insuficientes” y “no existía acceso al agua potable”. Al menos 80 personas con PCR positiva “permanecían sin separación alguna del resto”. Varias llevaban detenidas desde el 3 de noviembre, superando el plazo legal de 72 horas. El Defensor recomendó la clausura inmediata. El campamento siguió funcionando dos semanas más. Después. los migrantes fueron realojados en complejos turísticos. El 28 de octubre, la alcaldesa Onalia Bueno denunció los hechos en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Bueno se ha mostrado sumamente beligerante contra la inmigración: en noviembre, desalojó a más de 200 inmigrantes abandonándolos en la calle, sin redirigirlos a las redes de acogida. En 2023, anunció que no pagaría sepelios de inmigrantes, tal y como establece la ley.En enero de 2022, la Audiencia Provincial de Las Palmas cerró la denuncia de la alcaldesa descartando en un auto que se hubiese delito. En opinión de los magistrados, “no había otra alternativa” a estas instalaciones portuarias y que “no era posible prever tan masiva llegada” ni “ofrecer otro espacio”. Arcadio Díaz Tejera no está de acuerdo con esta decisión. “Esa situación no era inevitable ni imprevisible, y ningún juez dio nunca autorización para que 2.600 personas estuvieran hacinadas de aquella manera”. Y asegura: “Les dije a los compañeros de la Audiencia que dictaron ese auto, que, con todo respeto, discrepaba profundamente. ¿Por qué? Porque yo estaba allí y ellos no".Cuando un migrante adulto llega a territorio español, si está sano, pasa a disposición policial para que se lleve a cabo la filiación, la toma de huellas y la expedición del NIE. Este punto del proceso es complicado y laborioso, y requiere de las garantías legales adecuadas. La Policía tiene un máximo de 72 horas para llevarla a cabo. Después, bien se le deporta, se le interna en un CIE o pasa a disposición de Migraciones en régimen abierto. Es decir, disfruta de libertad de movimiento. El exmagistrado asegura que a los migrantes se les impedía circular libremente una vez superadas esas 72 horas. “Vi cómo no se dejaba deambular libremente a los chicos”, recuerda Díaz Tejera, “cómo estaban dentro de un recinto con vallas y policías, y si alguno salía, se le iba a buscar y se le metía de nuevo”. Disiente la fiscal contra la Trata de Personas y Extranjería, Teseida García. “En ese momento estábamos en pandemia”, recuerda, “por lo que la movilidad de todos —incluida la nuestra— estaba restringida. Todos los que llegaban estaban sujetos a cuarentenas, no había recursos a donde ir, hasta que fueron entrando en los hoteles vacíos… Por eso yo defendía que no había detenciones ilegales”, opinión que, recuerda, apoyó un juez de San Bartolomé de Tirajana. “El primer informe que hay sobre Arguineguín, es mío”, sentencia a modo de conclusión. Su reporte, emitido el 30 de septiembre tras una visita motu proprio, termina diciendo que aquella situación “no respetaba mínimamente la dignidad humana”.El abogado Daniel Arencibia, muy activo en la lucha a favor de los derechos de las personas migrantes, sí ve delito en lo sucedido en Arguineguín. “Constituye una paradoja”, explica, “que determinadas personas vengan con el papa a Canarias a presumir de lo hecho, cuando aquello fue un desastre sin precedentes. Hablamos de, posiblemente, un delito cometido contra miles de personas, a la luz de las cámaras, delante de ministros y comisarios europeos”. “Aquel 2020 fue bastante duro”, recuerda por su parte José Antonio Rodríguez Verona, responsable del equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja. “El equipo actuó con mucha generosidad. Tuvimos que hablar con comercios para que abrieran en plena pandemia, pedir agua, pedir alimentos, hablar con panaderías para poder dar un simple bocadillo…”.Verona no solo estuvo durante meses en primera línea de la atención a los migrantes, sino que daba la alerta a los centenares de periodistas de la llegada de pateras. Uno de aquellos profesionales fue Quique Curbelo, colaborador habitual de EL PAÍS y autor de la foto que ilustra esta noticia, la cual sea quizás la que mejor ha representado aquella crisis. “Me había propuesto encontrar una imagen que contara la dimensión de lo que estaba ocurriendo”, relata el fotoperiodista, quien entonces pasaba los días apostado en las afueras del puerto. “Era uno de los momentos de mayor saturación y se vivían episodios de muchísima tensión. La sorpresa vino cuando, al coger la cámara, aparecieron dos pateras que llegaban al puerto por sus propios medios. Al instante, todos se pusieron de pie o salieron de las casetas y comenzaron a lanzar gritos de ánimo. Fue un momento muy intenso”.“Todos tenemos que autocriticarnos”, cierra Arcadio Díaz Tejera, “porque se permitió el hacinamiento de 2.600 personas de manera indigna y degradante. Nadie puede estar orgulloso de lo que supone Arguineguín. Lo único esperanzador es que no se vuelva a repetir”.