Hay una constante que atraviesa nuestra época con una claridad incómoda: cuanto más vulnerable es un ser, menos protección institucional recibe. No es una anomalía puntual ni una suma de errores administrativos; es un patrón. Un patrón que se repite en la forma en que se trata a los animales no humanos y en cómo se abandona a quienes, dentro de nuestra propia especie, ocupan los márgenes.
La denuncia hace unas semanas por la desaparición de varios perros de caza en Lillo del Bierzo, vinculados a un presunto caso de maltrato, volvió a poner sobre la mesa una realidad que las activistas llevan años señalando: las administraciones públicas no están diseñadas para proteger a los animales no humanos. Cuando lo hacen, es tarde, es insuficiente o es puramente simbólico. La impunidad con la que operan quienes explotan, abandonan o maltratan animales no es una excepción, sino la consecuencia lógica de un sistema que los considera recursos antes que vidas.
Algo similar ocurrió con la decisión de varias comunidades de tumbar la propuesta de declarar la anguila en peligro de extinción. A pesar de los datos científicos, de la evidencia acumulada sobre el colapso de la especie, la respuesta institucional ha sido mirar hacia otro lado. No por desconocimiento, sino por intereses, porque proteger a la anguila implica incomodar a sectores económicos. Cuando hay que elegir entre la vida y el beneficio, la balanza se inclina, una vez más, hacia el beneficio.
