Entrevista Exclusivo suscriptores La consejera de Paz de Bogotá habló con EL TIEMPO sobre los rezagos en la implementación de la Ley y los retos que hereda el próximo Gobierno.A 15 años de la Ley de Víctimas, 5,9 millones de personas siguen en situación de vulnerabilidad: Isabelita Mercado Foto: ArchivoPERIODISTA JUDICIAL09.06.2026 13:48 Actualizado: 09.06.2026 13:48
En entrevista con EL TIEMPO, la consejera de Paz del Distrito, Isabelita Mercado, hizo un balance de los 15 años de implementación de la Ley de Víctimas. Aseguró que el manejo de la Unidad para las Víctimas (UARIV) durante la administración del presidente Gustavo Petro ha sido "malo" y advirtió que el rezago en materia de reparación mantiene a más de 5,9 millones de víctimas sin superar su situación de vulnerabilidad.En la conmemoración del aniversario 15 de la Ley de Víctimas, ¿qué evaluación hace de la atención integral de esta población, entendiendo que Bogotá es la principal ciudad receptora?Colombia tiene el programa más ambicioso de reparación administrativa del mundo. Y acá hay una cosa que es muy importante: entender, por ejemplo, que otros programas de reparación administrativa comparables, como los de Guatemala o Perú, ninguno de ellos ascendía a reparar a más de 220.000 víctimas. Nosotros nos hemos puesto la meta de reparar a los 10 millones de personas que hoy están incluidas en el Registro Único de Víctimas. Y si aterrizamos esa cifra a quienes hoy están vivos, que no están desaparecidos, etc., implica el reto de que el Estado repare a cerca de 7 millones de personas. Esa sola cifra es gigantesca. La Comisión de Financiación de la Ley de Víctimas ha insistido en que esto representa más o menos 300 billones de pesos, pero también nos muestra la magnitud de lo que ha sido el conflicto armado. Cuando Francisco de Roux era presidente de la Comisión de la Verdad tenía una frase muy famosa: señalaba que si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima del conflicto armado en Colombia, tendríamos que estar en silencio durante 17 años. Y eso era sin contar el recrudecimiento del conflicto que hemos vivido en los últimos años. Con este contexto, yo diría que los retos son enormes. Pero, en particular, creo que el reto más importante que tenemos es cómo logramos realmente que las víctimas salgan de la pobreza. Hoy sabemos que, desafortunadamente, más de 5.900.000 víctimas aún no superan su situación de vulnerabilidad. Es decir, tienen uno de ocho derechos básicos insatisfechos, ya sea educación, salud, alimentación, generación de ingresos, identificación o reunificación familiar. Estamos hablando de un universo de casi 6 millones de víctimas que aún no logran superar esa situación de vulnerabilidad. Y esto también se refleja en los indicadores de pobreza. Por ejemplo, la pobreza monetaria de la población víctima en 2024 es del 44,5 %, mientras que en la población no víctima es del 31,7 %. Estamos viendo una diferencia superior a los 10 puntos porcentuales. Lo mismo ocurre con la pobreza extrema. Así que esas brechas todavía persisten. Hoy seguimos viendo que una persona afectada por el conflicto armado enfrenta condiciones de pobreza más intensas. Es más difícil que salga de esa pobreza y de esa vulnerabilidad. Yo diría que ahí está el principal reto que enfrenta la implementación de la Ley de Víctimas en sus 15 años.Actualmente hay un enorme rezago en materia de reparación. ¿Cuáles considera que deben ser las herramientas que implemente el Estado para garantizar este derecho y, a su vez, permitir que las víctimas puedan salir de la pobreza?Hay unas deudas estructurales en las que debería concentrarse el próximo gobierno. La primera tiene que ver con formular un plan de financiación para la Ley de Víctimas. Hay una deuda muy grande porque estamos hablando de una política pública que está desfinanciada, que requiere nuevas fuentes de recursos. Hay que hacer un ejercicio juicioso para preguntarnos: si esto nos va a costar 300 billones de pesos a hoy, ¿cuáles son esas fuentes de financiación?, ¿cómo podemos ser más eficientes en la ejecución de esos recursos?, ¿dónde puede haber concurrencia de recursos?, ¿cómo fortalecemos la articulación con el distrito? Creo que hoy no existe un plan de financiación para cumplir con los compromisos de la Ley de Víctimas. En segundo lugar, hay una deuda gigantesca con la formulación e implementación del Plan de Rehabilitación. Esta es una deuda derivada del Acuerdo de Paz. Allí se estableció que debía crearse un plan de rehabilitación fundamental para atender las necesidades en materia de atención y acompañamiento psicosocial. Desafortunadamente, este plan de rehabilitación psicosocial no se ha expedido diez años después de la firma del acuerdo. Creo que hoy esa es una deuda muy grande con las víctimas del conflicto armado. Entender que la guerra genera un trauma, que además se hereda de generación en generación y que tiene profundas afectaciones en salud mental, sigue siendo una deuda persistente para el país. En tercer lugar, creo que hay una deuda muy grande en materia de reparación colectiva. Hoy existen más de mil sujetos de reparación colectiva activos y solamente se han cerrado 61 planes. Es decir, tenemos muchísimos procesos que siguen en fase de diagnóstico o formulación y muy pocos en implementación. Eso significa que hay una deuda enorme con comunidades que fueron afectadas colectivamente por el conflicto armado. Por último, diría que existe una oportunidad muy importante para el próximo gobierno: lograr la articulación que proponía el Acuerdo de Paz frente a los PDET, teniendo en cuenta los procesos de reparación colectiva. Estos procesos ya tienen identificadas las necesidades de las víctimas en los territorios. Son ejercicios que permitían cerrar brechas históricas y articular mecanismos de política pública. Esa información debería utilizarse como insumo para coordinar mejor los esfuerzos institucionales. Por ejemplo, que hoy la JEP tenga en cuenta esos procesos para formular sus sanciones propias es algo que podría ayudarnos a avanzar en la reparación de una manera más efectiva. Desafortunadamente, hoy vemos a la JEP diseñando proyectos o preguntando a las entidades territoriales qué iniciativas tienen disponibles, cuando el país ya cuenta con ejercicios participativos en los que las víctimas han identificado el daño sufrido, cómo debería repararse y qué implicaciones tendría esa reparación. Eso constituye un banco de proyectos gigantesco al que la JEP podría acudir y que debería acelerarse, especialmente en los territorios PDET, para avanzar de una manera más certera y significativa.Bogotá ha tenido que atender a población víctima, como los emberá y otras comunidades indígenas que han llegado a la capital exigiendo garantías. ¿Cuál debería ser el enfoque diferencial que debe aplicarse frente a las comunidades étnicas victimizadas por el conflicto armado?Bogotá sigue siendo la principal ciudad del país a la que llegan las víctimas del conflicto armado. Además, el recrudecimiento del conflicto ha hecho que cada vez lleguen más víctimas. Cada año llegan a Bogotá entre 20.000 y 30.000 víctimas, lo que supone un reto gigantesco. Sin embargo, Bogotá ha logrado estar a la altura de ese desafío y responder a sus necesidades. Hemos podido conectar la ayuda humanitaria con medidas que permitan a las víctimas encaminarse hacia soluciones duraderas. Es importante señalar que no nos quedamos únicamente en las ayudas humanitarias tradicionales, sino que creamos medidas adicionales que funcionan como un puente hacia soluciones de mediano y largo plazo. Esto implica la articulación de más de cinco entidades distritales. Que el sector salud pueda responder oportunamente e incorporar a las víctimas al sistema de salud de Bogotá; que educación garantice que todos los niños y niñas puedan ingresar al sistema educativo, acceder al Programa de Alimentación Escolar y contar con rutas escolares sin importar el momento del año en que lleguen. La Secretaría de Integración Social también activa de manera inmediata toda su oferta institucional para que las víctimas accedan a comedores comunitarios, centros día y demás programas de apoyo. Todo esto demuestra que Bogotá cuenta con una política social robusta y efectiva, capaz de articularse y responder incluso en escenarios de recrudecimiento del conflicto. Adicionalmente, como Consejería hemos logrado hacer dos cosas que considero fundamentales. La primera es activar una ruta de inclusión económica y productiva. Cada víctima que llega a la ciudad es caracterizada y articulada con la oferta de empleabilidad, fortalecimiento de emprendimientos o formación para el empleo existente en Bogotá, especialmente en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto nos permite garantizar que las oportunidades que ofrece la ciudad estén disponibles para las víctimas desde el primer momento. La segunda es concentrarnos en la integración local como una medida que contribuye a la reparación integral y que refleja la realidad del distrito. El 70 % de las víctimas que llegan a Bogotá decide quedarse. Por eso necesitamos fortalecer las medidas de cohesión social para que esas personas permanezcan porque así lo desean, porque sienten que pertenecen a la ciudad y porque encuentran aquí condiciones para reconstruir sus proyectos de vida con garantías. Ese enfoque también lo hemos comenzado a implementar con la población emberá y con otras comunidades étnicas que deciden permanecer en la ciudad y reconstruir aquí sus proyectos de vida. Queremos que todas esas herramientas estén a disposición de las víctimas y que estos procesos puedan desarrollarse de manera eficiente y en condiciones de dignidad.Finalmente, ¿qué evaluación hace usted del papel de la Unidad para las Víctimas durante estos últimos cuatro años?Desafortunadamente, ha habido un muy mal manejo de la Unidad para las Víctimas durante la administración del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de una entidad que pasó por más de cinco directores, de los cuales, con apenas dos excepciones, ninguno tenía conocimiento sobre la implementación de la política pública de asistencia y atención a víctimas. Hoy vemos una dirección de la Unidad para las Víctimas totalmente desaparecida. Lo que hemos visto son, además, incumplimientos sistemáticos frente a las víctimas. Por ejemplo, la falta de suscripción de acuerdos para la entrega de ayudas humanitarias, derivada de la ausencia de un principio de planeación, termina teniendo efectos perversos sobre las víctimas cuando la ayuda humanitaria es un derecho. Es que la Unidad para las Víctimas no les hace favores a las víctimas; tiene la obligación de garantizar y cumplir derechos. Y vemos que eso es algo que se ha desnaturalizado por completo. Es una entidad que, además, fue cooptada por actores políticos. Hoy hemos visto las denuncias del senador Gustavo Moreno y observamos procesos truncados, irrespeto hacia las víctimas y vulneraciones de sus derechos. Adicionalmente, vemos que los recursos han sido mal ejecutados y mal administrados. La Unidad para las Víctimas cuenta con un presupuesto anual de 4,4 billones de pesos que debería estar puesto al servicio de las víctimas, de la transformación de sus condiciones de vida y del cumplimiento efectivo de la reparación integral. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
