NoticiaAunque hubo avances en las recomendaciones como la Ley de 2421 de 2024, el Estado tiene aún muchos retos para cumplirle a las víctimas. Con el lema 'TejidosParaLaReparación', el informe analiza los avances y desafíos para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Foto: Comité de seguimiento a la comisión de la verdad02.07.2026 11:20 Actualizado: 02.07.2026 11:22
El 28 de junio de 2022 se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad, un documento que obligó al país a mirar de frente la historia del conflicto armado y a reconocer los hechos que han marcado a más de 10 millones de personas. Este año se cumplieron cuatro años de esa entrega y, precisamente para conmemorar la fecha, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) presentó este jueves su sexto informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Uno de los hallazgos que más preocupa es que, al ritmo actual, se necesitarían alrededor de 62 años para indemnizar a la totalidad de las víctimas pendientes: más de 8 millones de personas."Este no es un acto protocolario más: es un ejercicio de memoria, de rendición de cuentas y, sobre todo, de compromiso con un país que aún tiene una enorme deuda con quienes hemos soportado el peso del conflicto armado", afirmó Ibonne Fierro, en representación de la Mesa Nacional de Víctimas.Lanzamiento del Informe Final Comisión de la Verdad Foto:Cesar Melgarejo. EL TIEMPO.La voluntad estuvo presente, pero los rezagos persistenLa conclusión principal del informe es que existe una "arquitectura institucional insuficiente". El documento reconoce que durante el período 2024-2026 hubo voluntad política, pero advierte que el sistema diseñado en 2011 ya no responde a la realidad actual: mientras ese año el registro contabilizaba cerca de 5 millones de víctimas, hoy el Registro Único de Víctimas (RUV) supera los 10,2 millones. Esta duplicación del universo de víctimas ha dejado a las instituciones operando con un rezago estructural, tanto administrativo como financiero.Frente a este panorama, la presidenta del CSM, Julia Eva Cogollo, señaló que los factores del conflicto persisten: "Esta realidad confirma que el conflicto armado ha persistido y que las causas estructurales que lo alimentan continúan sin resolverse. En este escenario, la implementación del Acuerdo Final de Paz, en particular su punto cinco, y de las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad enfrentan condiciones que no pueden ser ignoradas".El informe también destaca la Ley 2421 de 2024, más conocida como la Ley de Víctimas, y advierte una distancia crítica entre las norma y los derechos efectivamente garantizados. A pesar de hitos como la prórroga de esa ley y la reglamentación de los Decretos Ley étnicos, persiste una incapacidad estatal para traducir estos avances en transformaciones materiales para las víctimas.Julia Eva Cogollo, presidenta del Comité Foto:Comité de seguimiento a la comisión de la verdad"Colombia se acerca a una década de la firma del Acuerdo Final de Paz. Este momento sí constituye un ejemplo concreto de ello. Sin embargo, estos avances conviven con condiciones estructurales que siguen limitando el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Persisten debilidades en la arquitectura institucional encargada de garantizar la reparación integral", señaló la presidente en la presentación .Sobre los avances de estos cuatro años de Gobierno, el documento concluye: "En esa clave, el período 2024-2026 deja un balance ambivalente. El Estado produjo el mayor volumen de instrumentos normativos, jurisprudenciales y de política pública sobre las víctimas desde la Ley 1448, pero la adecuación jurídica al universo real no acompañó ese avance. La tensión no está en la ausencia de normas, sino en su capacidad efectiva de garantizar derechos ya reconocidos".El balance deja claro que hubo voluntad política, pero que esta estuvo lejos de traducirse en un cumplimiento real hacia las víctimas.Se necesitarían 62 años para cumplirle a las víctimas En los últimos cuatro años se reconocieron 1’492.003 de víctimas del conflicto armado. Foto:Archivo EL TIEMPO"Las cifras reportadas por los entes de control evidencian un ritmo de asignación insuficiente frente al universo de víctimas pendientes (...). La brecha financiera, según el costeo de la Contraloría General de la República, exige '63,6 billones de pesos y, si se continúa con la misma asignación, se necesitarían 62 años para indemnizar al total de víctimas, sin tener en cuenta las nuevas inclusiones'.", señala el informe.Asimismo, el Comité señala que la promesa de no repetición sigue incumplida: solo en 2025 se documentaron 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales. La persistencia del conflicto armado y el reclutamiento activo de niños, niñas y adolescentes siguen generando nuevas víctimas.Pese a estos retos, durante la presentación del informe, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, defendió la institucionalidad nacida de los acuerdos de paz y llamó a respaldarla ante las dudas sobre su continuidad."En este momento tenemos que no solamente preservar, sino fortalecer todo lo que hemos logrado en estos años. Toda la institucionalidad, todos los avances, no se pueden perder, no se puede marchitar la institucionalidad. No solamente sería, creo, uno de los peores errores históricos que podemos cometer como sociedad" expresó el magistrado.Ante este panorama, se hacen llamados urgentes para reglamentar temas pendientes, como la Jurisdicción Agraria, y para asegurar la definición de rubros presupuestales, metas claras y mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH 2026-2036), que actualmente carece de presupuesto.Natalia Peláez Sabogal Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO Redacción JusticiaConozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.









