La ciudad de Barcelona tiene menos barrios vulnerables que hace una década y una reducción de la población afectada por estos procesos. Así se desprende de la actualización del Catálogo de Barrios Vulnerables, que ha publicado recientemente el Ministerio de la Vivienda, con datos correspondientes al año 2021, que se comparan con los de 2011, en plena crisis económica. Detrás de esta estadística, aparentemente positiva, se dibuja otra realidad no tan favorable: la capital catalana no ha conseguido erradicar esta segregación, sino que la ha expulsado y la ha trasladado hacia la periferia, alejada del núcleo urbano.PublicidadDe hecho, las zonas que antes se caracterizaban por concentrar los alquileres con rentas bajas se han sustituido por modelos con un incremento exponencial de precios y nuevos habitantes con un poder adquisitivo elevado. Desde las entidades en defensa de la vivienda, como el Sindicat de Llogateres o el Observatori Desca, se pone el foco en los procedimientos de segregación urbanística, convirtiéndose este en un factor más de empobrecimiento de la clase trabajadora.El Catálogo de Barrios Vulnerables destaca que los cambios experimentados por Barcelona durante las últimas décadas han transformado el mapa de la vulnerabilidad. Mientras que algunos barrios tradicionalmente desfavorecidos han vivido procesos de renovación urbana y de incremento de las rentas, nuevas zonas periféricas han pasado a concentrar problemáticas relacionadas con la precariedad económica, el encarecimiento de la vivienda y las desigualdades en el acceso a los servicios y a las oportunidades.Según los autores, esta evolución "obliga a revisar continuamente los indicadores utilizados para medir la exclusión urbana y a diseñar estrategias adaptadas a una ciudad donde las dinámicas de segregación residencial y la presión inmobiliaria están redefiniendo las formas contemporáneas de vulnerabilidad".En general, el informe señala que la vulnerabilidad ya no se puede explicar únicamente por factores tradicionales como el desempleo o el bajo nivel educativo, sino que está cada vez más vinculada a las dificultades de acceso a la vivienda y a la distribución desigual de la renta.PublicidadPotenciar las viviendas protegidasLa construcción no puede concentrarse exclusivamente en los barrios periféricos. Así lo asegura el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès. "Debemos ser capaces de articular promociones de Vivienda de Protección Oficial en el centro de la ciudad para evitar esta segregación urbanística". En este sentido, añade que en el centro urbano, las administraciones han dejado de lado su obligación de construir o rehabilitar pisos para destinarlos a una reserva de Vivienda de Protección Oficial (VPO).Además de esta reserva de VPO, Aragonès insta a la Administración a "hacer uso de su derecho a tanteo y retracto para frenar las compras especulativas". Como ejemplo de malas prácticas, el portavoz del Sindicat de Llogateres recuerda cómo algunos fondos de inversión se dedican a construir viviendas de lujo en el centro de las ciudades, a la vez que ganan licitaciones para construir VPO en barrios periféricos.En este contexto, recientemente un frente de organizaciones sociales, cooperativas y sindicales presentó un manifiesto conjunto para denunciar la orientación de las políticas municipales de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona hacia la gestión privada con ánimo de lucro. El documento, impulsado por entidades como la Red de Economía Solidaria (XES), la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), la Federación de Cooperativas de Vivienda de Catalunya, el mismo Sindicat de Llogateres, la PAH Barcelona y el Observatori Desca, reclama un cambio de estrategia para reforzar la vivienda pública, social y cooperativa.PublicidadSuelo público a operadores privadosSegún las entidades, algunas licitaciones se adjudican a sociedades, vinculadas a promotoras inmobiliarias, lo que supone una cesión de suelo público durante décadas a operadores privados que obtendrán importantes beneficios gracias a subvenciones y financiación pública. El manifiesto señala que los estudios de viabilidad económica incluidos en el concurso proyectan rentabilidades de entre el 9% y el 10%.Ante esta situación, la Confederación de Sindicatos de Inquilinos ha convocado una oleada de manifestaciones en 24 ciudades españolas. Estas se iniciaron el pasado 23 de mayo en Guadalajara y finalizarán el 28 de junio en Gran Canaria. Paralelamente a la movilización, se ha llevado a cabo una macroencuesta este pasado sábado para determinar si resulta viable convocar una huelga general de la vivienda, que se considera el problema y factor de empobrecimiento de los ciudadanos.Por su parte, desde el Observatori Desca se denuncia el momento crítico que vive la Mesa de Emergencia de Barcelona por "la falta de inversión pública en vivienda social, el aumento sostenido de los desahucios y la desaparición de las moratorias y medidas extraordinarias de protección", que han acabado provocando un colapso del sistema de atención a las familias vulnerables.En Catalunya, el precio medio de la vivienda aumentó en el mes de marzo un 7,1%, hasta los 2.452 euros por metro cuadrado, lo que consolida la tendencia alcista del mercado inmobiliario. Igualmente, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 7%, situando Catalunya entre las comunidades con mejor evolución en la financiación residencial. Estos datos se han extraído del último informe del Centro de Información Estadística del Notariado.Estos informes reafirman la evidencia de que la crisis de la vivienda se ha enquistado como un fenómeno estructural, en el que el mercado inmobiliario sigue creciendo, las hipotecas se incrementan y los barrios vulnerables y su población se reducen a determinadas zonas, pero se trasladan a otros lugares, esparciendo la problemática como una mancha de aceite.