El incremento del empleo público, a tasas que superan –en proporción– el propio del sector privado, es un hecho que se repite trimestre tras trimestre desde el final de la pandemia. Menos conocida, sin embargo, es la intensidad con la que ese auge se manifiesta en el subsector de las Administraciones correspondiente a las empresas públicas e instituciones afines.De una forma discreta –ya que los expertos denuncian que este tipo de entidades muestran una opacidad que sería intolerable en otros organismos estatales, autonómicos o municipales– las entidades de esta índole tienen a su cargo casi 200.000 asalariados. Se trata de su cota máxima en más de veinte años en la actual serie histórica.
Así lo refleja el registro más exhaustivo sobre su evolución, del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos cerrados en el primer trimestre del presente ejercicio. Su número absoluto puede parecer pequeño en proporción a los más de tres millones de empleados públicos (funcionarios y personal contratado) en activo actualmente en España, pero conviene atender a su evolución porcentual.
Así, de todos los estamentos que componen el sector público, el propio de las empresas es el que con más intensidad incrementa su personal. Entre 2024 y 2026 su avance fue superior al 20%; en solo un año, entre el primer trimestre de 2025 e idéntico periodo de 2026, fue de casi el 11%. En dicho plazo, la plantilla de los organismos del Estado (siempre excluidos los de naturaleza empresarial) crecieron menos del 7%. En el caso de las comunidades autónomas, el avance interanual se reduce al 3,8%, mientras que en el caso de las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) el incremento es inferior al punto porcentual.
