Rubén Navas responde con la voz rota al otro lado del teléfono. No es casualidad. El día anterior, el jueves 4 de junio, había encadenado dos movilizaciones: por la mañana en València y por la tarde en Alacant, junto a las familias del alumnado. Desde que empezó la huelga del profesorado en el País Valencià el 11 de mayo, Rubén ha estado en primera línea de la protesta. PublicidadEs miembro del secretariado nacional del STEPV —el sindicato mayoritario de la enseñanza en el País Valencià— y también presidente de la Junta de Personal Docente de Alacant. Pero antes que nada, se define como profesor de la escuela pública. Licenciado en Filosofía, llegó a las aulas hace una década. El docente asegura que lo que le mantiene vinculado a la enseñanza sigue siendo lo mismo que al principio: el contacto diario con el alumnado, el intercambio de aprendizajes y la convicción de que la educación debe servir para despertar el pensamiento crítico. Su defensa de la escuela pública también tiene un tinte personal. Es hijo de una familia trabajadora cuyos padres no tuvieron la oportunidad de estudiar. Tras más de cuatro semanas de huelga, Rubén analiza para Público el estado de las negociaciones con la Conselleria, las movilizaciones que recorren distintos territorios del Estado y los escenarios que se abren para el conflicto educativo en el País Valencià.Después de semanas de huelga, encierros, manifestaciones y negociaciones encalladas, ¿qué le diría a quien todavía piensa que esto va solo de una subida salarial?Le diría que revise la última encuesta que hicimos hace dos semanas. Participaron más de 42.000 docentes para valorar una propuesta de acuerdo que nos había trasladado la Conselleria. En esa consulta también preguntábamos cómo debía continuar la movilización y cuál de todas las reivindicaciones era la más importante para el profesorado. El resultado fue claro: la principal preocupación es la reducción de las ratios en las aulas, es decir, que haya menos alumnado por clase para poder atenderlo mejor. En segundo lugar aparecieron los salarios y, en tercero, la burocracia.Si analizamos el conjunto de reivindicaciones —salarios, ratios, burocracia, infraestructuras, inclusión educativa y la enseñanza del valenciano en la escuela pública—, solo una afecta de manera exclusiva a las condiciones laborales del profesorado: los salarios. El resto son medidas que buscan mejorar la escuela pública en su conjunto y que repercuten directamente también en el alumnado.Publicidad¿Cuál es el problema más grave que tiene la educación pública valenciana?El principal problema, sin duda, son las ratios. Ahora mismo nos encontramos con clases de hasta 30 alumnos en secundaria, 25 en primaria, 35 en Bachillerato y también 25 en infantil. Con estas cifras es imposible trabajar con normalidad. La sociedad también es cada vez más diversa, lo cual es una buena noticia, pero en el aula esto supone un reto enorme. Nos encontramos con alumnado con necesidades educativas distintas, con ritmos y formas de aprendizaje diferentes, y eso exige adaptar materiales y ofrecer una atención individualizada que, con estas ratios, resulta muy difícil.Clases de 30 alumnos en secundaria, 25 en primaria, 35 en Bachillerato y también 25 en infantil. Es imposible trabajar con normalidadAdemás, en el País Valencià somos una tierra de acogida con un importante crecimiento de población migrante. Eso enriquece las aulas, pero también incrementa la diversidad lingüística y cultural. Hay alumnado que llega sin dominar ni el valenciano ni el castellano, y el profesorado tiene que atender esa complejidad sin los recursos necesarios. A todo esto se suma una carga burocrática cada vez mayor. Se nos exige elaborar informes, a veces incluso múltiples documentos sobre un mismo alumno con dificultades, además de memorias de departamento, programaciones de aula y planificaciones que, en teoría, deben cerrarse al inicio de curso. Todo ello mientras aún estamos conociendo al alumnado y adaptándonos a su realidad.Desde la pandemia y la guerra de Ucrania, los precios han subido mientras el poder adquisitivo del profesorado no ha mejorado al mismo ritmoEsto genera una sensación de frustración porque no podemos ejercer la docencia como deberíamos. Gran parte del tiempo se va en tareas administrativas que obligan a trabajar muchas horas fuera del horario lectivo, en casa, en detrimento de la atención directa al alumnado. A esta situación se suman las consecuencias económicas de los últimos años. Desde la pandemia y la guerra de Ucrania, los precios han subido mientras el poder adquisitivo del profesorado no ha mejorado al mismo ritmo. En el caso del profesorado interino, además, hay quien debe desplazarse cientos de kilómetros, pagando alquiler en una ciudad mientras mantiene su vivienda en su localidad de origen.PublicidadAdemás, hay un deterioro de las infraestructuras educativas. Estamos viendo aulas a 35 o incluso 40 grados, cuando las condiciones de trabajo deberían situarse en torno a los 27. Se han producido incluso desmayos de alumnado por el calor extremo. Las instalaciones no están adaptadas a la realidad climática actual. En invierno, hay centros que han pasado semanas sin calefacción por falta de presupuesto, y en verano la solución no puede ser simplemente instalar aire acondicionado, porque muchos edificios no tienen la potencia eléctrica necesaria ni están preparados para ello.El Govern insiste en que ha hecho propuestas y que algunos sindicatos ya han firmado acuerdos. ¿Qué es lo que sigue faltando para que una parte importante de los docentes considere que la negociación merece la pena?El profesorado calcula que desde 2010 ha perdido más de un 20% de poder adquisitivo. Una caída que atribuimos al aumento del coste de la vida y a unas subidas salariales que consideramos claramente insuficientes. El problema de fondo está en el complemento específico, que depende de cada comunidad autónoma. En el caso del País Valencià, es una de las que menos retribuye a su profesorado. Aunque ha habido incrementos salariales en los últimos años, estos han sido estatales y no autonómicos, lo que implica que la Generalitat no ha actualizado ese complemento desde 2007.Las organizaciones sindicales estiman que, para recuperar lo perdido, haría falta una subida media de unos 400 euros mensuales. La Conselleria llegó a plantear inicialmente una mejora de 75 euros en tres años, una propuesta rechazada por el profesorado. Posteriormente, elevó la oferta hasta los 200 euros en tres años, pero separándola del resto de reivindicaciones. Esa estrategia acabó rompiendo la unidad sindical. Mientras algunas organizaciones decidieron firmar el acuerdo —CSIF y ANPE—, otras —como STEPV, CCOO y UGT— lo rechazaron por considerarlo insuficiente. Estos últimos criticaron que la Conselleria intentara aislar la parte salarial del resto del conflicto.El profesorado valenciano no cobra las pagas extra en igualdad de condiciones que en otras comunidadesDesde STEPV, CCOO y UGT defienden que la subida propuesta no compensa la pérdida acumulada y reclaman, una cláusula de actualización vinculada al IPC para evitar que el poder adquisitivo siga erosionándose. También ponen el foco en lo que consideran una anomalía del sistema educativo valenciano: el profesorado no cobra las pagas extra en igualdad de condiciones que en otras comunidades. Complementos como los sexenios o los cargos directivos no se abonan en la paga extraordinaria completa, lo que reduce su cuantía respecto a la media estatal. Los sindicatos también dicen que sus reivindicaciones no se limitan a lo salarial. Rechazan cualquier acuerdo que deje fuera cuestiones como las ratios, las infraestructuras o la inclusión educativa, y defienden que el conflicto va más allá del salario: es una defensa global de la escuela pública.Estamos viendo a profesores acudir a actos públicos de Juan Francisco Pérez Llorca para protestar. ¿Qué simboliza ese "cerco" al presidente? Desde septiembre llevamos intentando negociar, pero la primera mesa "real" no llegó hasta apenas tres días antes de la huelga indefinida. Antes de eso, prácticamente no se nos había querido sentar a negociar. Como comentaba en la anterior pregunta, en esa primera reunión nos plantearon una subida de 75 euros en tres años, una propuesta que rechazamos. Después, en un segundo intento, la Conselleria trató de separar la cuestión salarial del resto de reivindicaciones —infraestructuras, ratios o inclusión educativa— con la idea de aislar el conflicto del dinero. Pero también era insuficiente.Nuestra posición siempre ha sido la misma: esto no va solo de salarios, sino de defensa de la escuela pública en su conjuntoNuestra posición siempre ha sido la misma: esto no va solo de salarios, sino de defensa de la escuela pública en su conjunto. Por eso hemos insistido en abordar todas las cuestiones de forma global, también con el respaldo de las familias. Sin embargo, las reuniones se han ido retrasando y dilatando en el tiempo, sin avances. Si no nos escuchan en las mesas de negociación, vamos a perseguir a los líderes políticos allí donde tengan actos. La idea es clara: si no hay voluntad de sentarse a negociar donde corresponde, la interlocución se traslada a los espacios donde están quienes toman las decisiones. Incluso se ha llegado a interpelar directamente al presidente de la Generalitat para exigirle que asuma la situación y la gestión de su Conselleria de Educación.Presenció la agresión a una docente durante una protesta por parte de un agente. ¿Qué se le pasó por la cabeza en ese momento?Sí, yo estaba allí. Y lo primero que quiero dejar claro es que la gente que me conoce sabe que soy una persona absolutamente pacífica. De hecho, quien me ha visto en otros contextos se sorprendió al verme aquel día, porque iba con una actitud más enérgica, incluso tensa. No es habitual en mí. Lo que pasó es que tenía acumulada mucha rabia. Y esa energía, en mi caso, iba dirigida a apoyar a las compañeras. Había una compañera a la que empujaron y, mientras me acercaba, vi cómo también estaban empujando a otro compañero, diciéndole que o se apartaba o lo "reventaban". Esa fue la situación.PublicidadEn nuestro caso, esa ha sido siempre la norma: acciones pacíficas, cadenas humanas y, en algún caso puntual, sentadas de protestaEn ese momento avisamos a la Policía de que todo estaba siendo grabado, y la actitud cambió ligeramente. En general, los incidentes con la Policía han sido puntuales, pero aquel caso fue especialmente violento. Hay que entender el contexto. Estábamos cumpliendo en todo momento lo que indicaba la Policía: una cadena humana pacífica frente a la Conselleria. Era un domingo por la tarde, mientras dentro se estaba negociando y fuera nos concentrábamos para apoyar y presionar.En un momento dado, empezamos a rodear el edificio cogidos de la mano, acompañados por una banda de música formada por docentes. Al pasar por una avenida, algunas personas cruzaron la calzada y la Policía intervino. En ese movimiento, una mujer que en realidad estaba volviendo a la acera tras seguir las indicaciones policiales fue empujada y cayó al suelo de forma muy brusca. Después de ese incidente hubo cierta tensión, pero fue breve. La protesta continuó con normalidad, acompañada por la banda de música, y siempre dentro de una dinámica de movilización pacífica. En nuestro caso, esa ha sido siempre la norma: acciones pacíficas, cadenas humanas y, en algún caso puntual, sentadas de protesta. Nada más.¿Cree que la Generalitat ha estado a la altura a la hora de asumir responsabilidades y condenar los hechos?La Policía Nacional depende del Gobierno del Estado. Y, según el relato de los hechos, apenas dos horas después de la difusión del vídeo de la agresión, la delegada del Gobierno condenó lo ocurrido sin matices y anunció la apertura de una investigación. La respuesta de la Conselleria llegó un día después. La consellera, según explica, optó por una condena genérica en la que hablaba de "todas las violencias", incluyendo tanto lo ocurrido en el exterior como la presencia del profesorado en la puerta del edificio durante la negociación. Una posición que desde STEPV consideran un intento de equidistancia que diluye la gravedad de la agresión.PublicidadLa expulsión de los representantes sindicales de una mesa de negociación bajo amenaza constituye una forma de violencia institucionalEse mismo domingo, tras los incidentes, los representantes del profesorado que participaban en la mesa de negociación decidieron no abandonar el edificio hasta obtener garantías de que se retomaría el diálogo. La situación se prolongó durante horas, mientras la negociación quedaba en suspenso. Hacia la medianoche, la Conselleria remitió un documento en el que instaba a los representantes sindicales a abandonar el edificio, advirtiendo de posibles sanciones económicas de hasta 50.000 euros y de consecuencias legales por desobediencia, según la interpretación jurídica que manejan los sindicatos.Finalmente, los negociadores fueron obligados a salir de la Conselleria en ese contexto de presión. Consideramos especialmente grave que se hable de "violencias en general" mientras no se condena de forma explícita la agresión registrada. También pensamos que la expulsión de los representantes sindicales de una mesa de negociación, en plena madrugada y bajo amenaza de sanciones, constituye también una forma de violencia institucional.En Catalunya, ha vuelto a crecer la respuesta educativa y el profesorado ha rechazado un acuerdo con la administración. Los profesores también se levantaron en Aragón y las educadoras infantiles en Madrid. ¿Existe un hilo conductor entre estos parones?El hilo conductor de todo esto es, como siempre, el deterioro progresivo de lo público. No es un fenómeno exclusivo del País Valencià: también Catalunya se sitúa entre las comunidades peor remuneradas y, además, comparte una realidad similar en cuanto a diversidad en las aulas debido a la fuerte presencia de población migrante. El problema de las ratios, la complejidad creciente de las aulas y las dificultades de la inclusión educativa —que en teoría debería garantizar más apoyo a quien más lo necesita, pero sin los recursos suficientes— es algo que se repite en prácticamente todo el sistema educativo.El problema de las ratios, la complejidad de las aulas y las dificultades de la inclusión educativa se repite en todo el sistema educativoEl año pasado ya hubo movilizaciones en Asturias, Cantabria y Euskadi, donde finalmente se alcanzaron acuerdos tras las huelgas. En este sentido, se trata de un conflicto que se arrastra desde hace años en distintos territorios del Estado. En el fondo, lo que une todas estas protestas es una misma idea: el deterioro de la escuela pública, impulsado tanto por decisiones estatales como autonómicas, ya que la mayor parte de las competencias educativas están transferidas a las comunidades.PublicidadCSIF ha anunciado movilizaciones en toda España a partir de septiembre e incluso no descarta una huelga estatal. ¿Piensa que lo que está ocurriendo en el País Valencià puede convertirse en el precedente de un otoño caliente para la educación pública?En el País Valencià, la huelga sigue abierta y, por el momento, no hay ninguna certeza de acuerdo. Está previsto que entre el domingo y el lunes se lance una nueva consulta al profesorado para decidir cómo se cierra esta etapa, coincidiendo con el final del curso. A partir de ahí, el sindicato tiene claro que, si no se alcanza un acuerdo, la movilización continuará en septiembre. La idea es mantener la presión.Está previsto que entre el domingo y el lunes se lance una nueva consulta al profesorado para decidir cómo se cierra esta etapaUna de las novedades de esta huelga ha sido, además, la autoorganización del propio profesorado. Más allá de los sindicatos, en muchos centros se han creado asambleas docentes de forma horizontal, con participación de profesorado afiliado y no afiliado. Estas redes han permitido extender la movilización por comarcas y localidades, favoreciendo el contacto directo entre docentes y el intercambio de experiencias en los propios centros educativos. Este proceso ha sido clave para sostener la protesta.¿Qué próximos escenarios barajan?Ha habido algunos avances. Se han planteado algunas medidas para reducir burocracia, pequeñas mejoras en plantillas y también una reducción de ratios. Veníamos de una situación en la que no había absolutamente nada sobre la mesa y ahora hay propuestas. El problema es que siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, la reducción completa de ratios que plantean no llegaría hasta 2031, y eso nos parece demasiado lejano. Por eso veo difícil que podamos cerrar ahora un acuerdo global. Además, el curso está terminando y tenemos que replantear la estrategia. Lo más probable es que planteemos una suspensión temporal de la huelga, que no una cancelación. Es decir, parar para reflexionar, reorganizarnos y decidir cómo retomamos la movilización en septiembre, algo parecido a lo que ya ocurrió en Catalunya.La huelga ha sido muy potente, pero también ha supuesto un enorme desgaste. Hay compañeros que han perdido cerca de 2.000 eurosTambién creo que es importante poner en valor lo conseguido. Nosotros solemos decir que pedíamos diez y nos ofrecen cuatro. No es suficiente y por eso no vamos a firmar, pero tampoco sería justo decir que no hemos avanzado nada. Hemos conseguido mover posiciones que en septiembre estaban completamente bloqueadas. Lo más importante es que la Conselleria sabe que la comunidad educativa está organizada y movilizada. Sabe que, si intenta seguir deteriorando la escuela pública, va a encontrarse una respuesta. Y eso tiene mucho valor. Además, el próximo curso será políticamente muy importante porque habrá elecciones autonómicas. Si no conseguimos ahora un acuerdo satisfactorio, tendremos que pensar qué tipo de movilizaciones son más útiles en ese nuevo contexto.PublicidadLa huelga indefinida ha sido muy potente, pero también ha supuesto un enorme desgaste. Hay compañeros que han perdido cerca de 2.000 euros y eso, evidentemente, pesa. También hay un desgaste físico y emocional enorme. Durante semanas hemos tenido actos, concentraciones o movilizaciones prácticamente todos los días en algún punto del País Valencià. Estamos cansados, eso es evidente. Pero una cosa es el cansancio y otra muy distinta la derrota. No estamos derrotados. Seguimos teniendo la misma convicción que al principio y la misma sensación de que esta lucha es justa. Hemos conseguido avances, hemos mantenido la presión y creo que hemos ganado algo muy importante: el apoyo de buena parte de la comunidad educativa.La Conselleria intentó desacreditar la huelga. Incluso envió una carta a las familias que, en nuestra opinión, planteaba cuestiones muy discutibles. Pero al final las familias conocen la realidad de los centros. Ven cuándo falta profesorado y no se sustituye, ven el estado de las infraestructuras y conocen los problemas del sistema educativo porque los viven cada día. Por eso creemos que la sociedad, en términos generales, sigue apoyando a la escuela pública y al profesorado.