09/06/2026 05:00 Actualizado a 09/06/2026 06:48 La huelga de profesores de la Comunidad Valenciana, sobre la que al cierre de esta edición seguía abierta la negociación, debe observarse como un síntoma más de los muchos que se han detectado en España en los últimos tiempos ante el deterioro paulatino de los servicios públicos. Nos referimos no solo a la Educación, sino también a la Sanidad y a los Servicios Sociales. El sector público carga con el mayor peso de la integración de los inmigrantes en el sistema educativo, absorbe los tratamientos más costosos para las enfermedades graves o crónicas, financia la Dependencia para decenas de miles de familias y paga las pensiones de los jubilados, entre otros. Pero lo cierto es que, y no solo en Valencia, se está construyendo un relato inquietante sobre la insostenibilidad de gran parte de estos servicios al tiempo que se adoptan decisiones que favorecen que muchos ciudadanos destinen parte de sus ingresos a costearse prestaciones privadas.Manifestación profesorado valenciano Ana Escobar / EFELas consecuencias de esta tendencia ya son visibles en algunos territorios. Un buen ejemplo es Madrid, donde el deterioro de la sanidad pública ha disparado la contratación de seguros privados. Pero también está sucediendo en la Comunidad Valenciana, espoleado por la demora en la realización de pruebas médicas —causa de las protestas en Andalucía por el caso de los cribados de cáncer y posible factor en la pérdida de la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno Bonilla—, las listas de espera para intervenciones quirúrgicas o las dificultades para acceder con rapidez a un facultativo en las primeras fases de una patología.Si ampliamos un poco más la mirada podremos comprobar que este cuestionamiento de la protección social, que afecta principalmente a las clases medias y trabajadoras, también se ha abierto paso en un país que durante décadas fue una referencia en Europa: Alemania. Y la nueva ola conservadora que recorre el continente, partidaria en muchos casos de reducir el papel del Estado, apunta en esa misma dirección: disminuir la cobertura de los servicios públicos y trasladar los costes al ciudadano. En paralelo, determinadas administraciones destinan recursos públicos en beneficio de organizaciones privadas; es decir, se apartan de su función principal, que no es otra que sostener y mejorar la calidad de los servicios públicos que garantizan la cohesión social.En Valencia, donde la infrafinanciación acelera el riesgo de deterioro del modelo público, ha estallado el malestar del profesorado, pero también el de los médicos. Y de aquí a final de la legislatura otros colectivos profesionales podrían movilizarse ante la evidencia de que, poco a poco, se están produciendo retrocesos que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Se dice que esta huelga es política, y lo es, como todas. Pero lo que está en juego no es únicamente un acuerdo laboral, sino la capacidad de las administraciones para sostener un modelo de protección social que durante décadas ha sido una de las principales garantías para la integración y la igualdad.Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991